Colombia. ¿Cómo avanzar hacia la paz, la justicia social y la protección de las y los militantes sociales?

    Por Resumen Latinoamericano
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    Sep 15, 2016
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    El viernes 9 de septiembre de 2016 se llevo a cabo en Buenos Aires el acto de campaña del Encuentro de colombianos y colombianas por el Sí a la Paz, junto las respectivas organizaciones que lo integran, como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Tinto Mate y Resistencia, Partido Liberal, Unión Patriótica, Son del Arroyo.

    Todas ellas se congregaron para dar apoyo a los acuerdos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos. Acuerdos que se firmarán este 26 de septiembre y que el 2 de octubre se hará un plebiscitó para que el pueblo vote a favor o en contra de los mismos. A lo que se le suma el inicio de los diálogos del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
    Las y los presentes se congregaron para sumar adeptos a esta campaña que tiene como mayor argumento poner fin a una guerra que lleva más de 52 años, y que, independientemente de las intensiones del gobierno de  no tocar el actual modelo, los acuerdos muestran avances que pueden ser positivos para gran parte de los sectores que componen al pueblo colombiano.

    Desde ya que la mayoría de las organizaciones tienen como objetivo ir más allá de estos acuerdos y luchan por una paz pero con justicia social, por eso hacen votar por la paz, pero que el pueblo colombiano se mantenga activo y cree frentes para forzar una Asamblea Nacional Constituyente que permita reformar el modelo desigual que persiste y es el principal causante del conflicto en la sociedad colombiana.

    Debates sobre los acuerdos y por el Sí a la paz

    En los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP se afirma:
    “El conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. Sin olvidar otras formas menos visibles pero no menos dolorosas de victimización, como la violencia sexual, las afectaciones psicológicas, o la simple convivencia con el miedo”[1].
     
    Y en el punto “víctimas” de los mismos, se postula la creación de distintos tipo de instituciones encargadas del esclarecimiento, la justicia y la verdad, buscar cuerpos de las víctimas desaparecidas durante el conflicto,  la creación de una justicia especial destinada a juzgar a los culpables, etc. Sumado al desminado de territorios, cuyas tareas ya se fueron empezado a realizar.

    Por dar a conocer cifras, el conflicto ha dejado más de 300 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y desaparecidas[2], miles de asesinatos y alrededor de 6,9 millones de desplazados internos desde 1985 hasta el año 2015. Según la Agencia Acnur perteneciente a la ONU, hasta al menos el año 2015, Colombia llego a tener alrededor de 65,3 millones de refugiados y desplazados obligados a dejar sus hogares o sus países de origen por las guerras o por ser víctimas de persecuciones[3].

    Además del eje sobre “Víctimas”, los acuerdos dan a conocer en una serie de puntos en los que se reconocen varios derechos para el campesinado, los pueblos originarios, las y los afrodescendientes, las mujeres, las personas LGTB, entre otras.

    Algunos de ellos tales como el acceso y derecho a la tierra, la participación política sea de partidos políticos como de movimientos sociales, la lucha contra organizaciones paramilitares y sus redes, entre tantos otros,  dejan ciertos debates sobre una serie de hechos actuales y de la historia de Colombia que no pueden ser desconocidos. La legislación actual se contrapone con los derechos de estos grupos beneficiando a los grandes grupos económicos, por sobretodo  la continuidad de asesinatos a militantes sociales dado en estas últimas semanas.

    El acceso y derecho a la tierra

    En este acuerdo, se plantea ampliar las zonas productivas, pero permitiéndole al campesinado con tierras insuficientes o sin tierras acceder a terrenos mediante un fondo de distribución de la tierra, que garantice el “acceso integral”, otorgándole subsidios y capacitándolo técnicamente.

    En este acuerdo se reconoce los distintos usos alternativos de producción respetando el uso que le dan las distintas comunidades con sus culturas.

    Además se propone un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, bajo mecanismos que  reconozcan y garanticen ese derecho.

    Por otra parte dentro de este acuerdo se pone énfasis en la reconstrucción de regiones más afectadas por el conflicto, y el intento de reducir la pobreza garantizando el acceso a la educación, vivienda y salud.

    Todos estos puntos para las distintas organizaciones campesinas resultan ser positivos siempre y cuando se respeten el enfoque territorial e intercultural y a las Zonas de Reserva Campesinas, aunque buena parte de las mismas rechazan la existencia de leyes o tratados impulsados en los últimos años como la ley 1.776 o ley ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), lo que fueron algunos ítems de los Planes Nacionales de Desarrollo y desde ya los Tratados de Libre Comercio al que estaá adherida Colombia y que impulsan a sus países miembros una mayor productividad que termina beneficiando a las grandes empresas multinacionales. De hecho la ley ZIDRES es cuestionada por permitir que estas empresas como la multinacional sojera Cargill haya acumulado 52.525 hectáreas consideradas como baldío en Altillanura con la creación de 36 sociedades más pequeñas que le permitieron evadir los requisitos de la ley[4]. Y en este sentido esta ley les da lugar a la que de alguna manera u otra las mismas puedan concentrar más tierras y legalizar aquellas que habían adquirido de manera ilegal, según lo informan organizaciones de derechos humanos como OXFAM[5].

    Esto no es un dato menor si se tiene en cuenta que Colombia tiene en la actualidad  uno de los índices más altos de concentración de la tierra en el mundo, con un coeficiente de Gini del 0.87. Tan solo 0,4% de la población, para el año 2013 se propietaria de al menos el 62,6% de la tierra[6].

    Es por eso que organizaciones como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, en uno de sus comunicados ha expresaron que:

    “Los 66 procesos de Zonas de Reserva Campesina afiliados a ANZORC vemos como una gran oportunidad la eventual firma de un acuerdo final con las FARC y la implementación de los acuerdos de paz. (…) La ANZORC en su primera Asamblea General de 2016 decidió iniciar un proceso de anclaje territorial de los acuerdos de paz, avanzar en las circunscripciones especiales de paz, promover los territorios interculturales, luchar contra la expropiación de 6 mil familias campesinas que viven en el supuesto “baldío de las FARC” en El Pato Balsillas, El Yarí, el Losada-Guayabero y La Macarena, demandar la ley de ZIDRES, construir guardias campesinas en sus territorios, instalar una mesa con Min-ambiente y las CAR sobre ley 2da de zona de reserva forestal y áreas protegidas regionales, formular una propuesta de control social sobre la extensión de cultivos de coca, extender los procesos de asambleas populares en todo el país y dinamizar nuestros procesos hacia la Asamblea Nacional Constituyente”[7].

    Participación política y el combate a grupos paramilitares

    Sobre el acuerdo de la participación política, el Estado se propone garantizar y generar mecanismos que permitan a las distintas personas poder crear y dar lugar a partidos políticos opositores, además de generar mecanismos otros tipos de mecanismos en el que también sea incluidos en los debates políticos las distintas organizaciones, movimientos sociales y organismos de derechos humanos, tanto a nivel nacional, regional y local, donde también las mujeres puedan tener una mayor participación en la política, todo esto sin ser estigmatizados. Para lograr este objetivo el gobierno se propone crear mecanismos de seguridad para garantizar su ejercicio, sus derechos y libertades.

    Respecto al combate contra grupos paramilitares en los acuerdos se afirma que: “Se crearán, por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, de conformidad con lo que determinen las partes, mecanismos judiciales tales como una unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y sus redes de apoyo”[8]

    Para poder llevar a cabo esta acción, entre distintas medidas se formula que:

    “Como garantía de una acción inmediata del Estado contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y su desmantelamiento, se integrará un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional. Las y los integrantes que conformen el Cuerpo Élite, serán seleccionados bajo un modelo especial que certifique altos estándares de idoneidad, transparencia y efectividad”[9].
     
    Estos dos últimos ejes, tanto el de participación política como el del desmantelamiento de grupos paramilitares, resultan fundamentales pero hacen que la sociedad se mantenga atenta para lograr su efectivo cumplimiento por parte del Estado. Pues hay que tener en cuenta que se reconoce que el conflicto se inició el  9 de abril de 1948, día en el que se conmemora el Día de las víctimas del conflicto armado, porque fue ese día donde fue asesinado el militante y jurista Jorge Eliécer Gaitán, dirigente que proponía modificar parte del orden social vigente, hasta ese entonces mantenido por los grandes explotadores que tradicionalmente gobernaban y gobiernan Colombia. Y es partir de esas momento que se inició la creación de todo un aparato de prosecución, hostigamiento y asesinato contra cualquier militante y organización social que proponga un modelo distinto de sociedad.

    Por otra parte durante la década de los `80 en una de las tantas negociaciones frustradas entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, en los llamados los “Acuerdos de La Uribe” se crea la organización opuesta a los partidos tradicionales, la Unión Patriótica. Esto se hizo en el marco del intento de incorporación de esta guerrilla a la vida legal del país, pero la organización termina siendo constantemente estigmatizada y desde su surgimiento se produjo paulatinamente el asesinato de gran parte de sus integrantes, llegando a un número cercano de los 5.000 militante asesinados hasta el presente[10].

    ¿Qué pasa hoy en ese mismo sentido? A semanas de terminarse de pactar los acuerdos finales, la militante social de la organización Marcha Patriótica, Cecilia Coícue, Se trata de la propietaria del terreno donde se pautó la instalación del Punto Transitorio de Normalización de la vereda La Coimera en el que miembros de las FARC-EP se concentrarán para entregar armas y reincorporarse a la vida civil.  Además, el día 11 de septiembre es asesinado por grupos paramilitares el militante de la organización Congreso de los Pueblos, Néstor Iván Martínez. Son los dos últimos casos que se suman a una larga lista de militantes asesinados.

    A estos hechos se le agregan que en el año 2015 por ejemplo,  65 personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial, el 30% de estos casos por causas vinculadas al conflicto armado y el 70% por causas que van por fuera del mismo según el informe de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, (CCEEU). En el mismo se detalla que 16 corresponden a los llamados “falsos positivos” y 39 a otras modalidades de ejecución en las que de no ser controladas pueden tener continuidad en la etapa del post conflicto. Gran parte de estos casos no son reconocidos encima por el Estado y sus instituciones[11].

    Tal como se menciona en la nota reciente de “Contagio Radio” sobre las conclusiones de esta investigación, en el informe se afirma que:

    “A diferencia de las ejecuciones extrajudiciales de la época de la Seguridad Democrática el Ejército ya no es la entidad responsable de la mayoría de estas ejecuciones (registra 23 víctimas de las cuales 13 corresponden a la modalidad de falsos positivos) sino la Policía Nacional, con 43 víctimas (de las cuales 5 corresponden a la modalidad de falsos positivos)”[12]. No es un dato menor si se toma en cuenta que es precisamente la Policía Nacional la que aparece como la encargada de garantizar la seguridad y combatir a las organizaciones paramilitares y sus sucesoras.

    Una paz con justicia social y por el fin del asesinato a militantes sociales

    Desde ya que aquellos que se oponen a estos acuerdos son de los que más han estado vinculados con buena parte de los crímenes producidos en el conflicto, tal como lo es el ex presidente Álvaro Uribe con sus nexos con grupos paramilitares y que tuvo un gobierno que fue de los que más crímenes causó  en el mismo. Pero a partir de lo expuesto, se hace difícil pensar en la paz  si el actual Gobierno Nacional no garantice una real seguridad a las y los militantes sociales, para lograr que se puedan llevar a cabo estos acuerdos y  que no se vuelvan a repetir hechos como los asesinatos a los integrantes de la Unión Patriótica y los que aún siguen habiendo en Colombia. Un país que fue uno de los que más invirtió en la guerra durante estos 52 años con más de 179.000 millones de dólares y que sigue sin reconocer a buena parte de sus estructuras como las principales causantes del mismo, además del implemento de políticas que han mantenido y o profundizado las desigualdades sociales. Por eso se torna complicado pensar la paz con justicia social sin tener garantías reales para concretarla.

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