Argentina: victoria popular sobre la desmesura de la economía global y nueva etapa para una agenda post-neoliberal

    Por François Soulard
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    Jul 25, 2015
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    Disponible también en francés e inglés.

    La persistencia de la crisis mundial y los riesgos de reconstitución de un capitalismo globalizado aún más virulento en las décadas venideras obligan a acelerar la comprensión del nuevo panorama geopolítico y a acumular un pensamiento crítico sobre la base de experiencias emergentes. Actor de un verdadero “cambio de época”, América Latina se ha activamente interiorizado de esas cuestiones en el seno de los movimientos sociales, así como también en las esferas gubernamentales, universitarias, sindicales y civiles – a pesar de que aún falte un cuerpo articulado de análisis y de doctrinas alternativas. Varios encuentros y seminarios han profundizado el debate sobre estos temas en Bolivia, en Argentina, en Brasil, entre 2013 y 2015, y nos incitan a hacer un hincapié particular con respecto a la experiencia argentina dentro de su contexto regional.

    Salida de un “fin de la historia” impuesta por la reconversión neoliberal y nuevo ciclo transformador

    En un lapso de casi quince años, el pueblo argentino logró liberarse del estatuto de mejor alumno de la ortodoxia neoliberal, sintetizado en su última etapa por el consenso de Washington, para transitar contra viento y marea hacia un nuevo paradigma de carácter “neo-desarrollista”, promotor de la reconstrucción de un Estado social, de coherencias nacionales y de derechos sociales. La dificultad para salir por la vía política tradicional de la “larga noche neoliberal” iniciada con la dictadura cívico-militar de 1976, y prolongada durante regímenes de transición democrática puestos sucesivamente bajo la tutela de las doctrinas neoliberales hasta la “crisis terminal” del año 2001, de cierta forma ha obligado a un salto hacia adelante y a la ruptura con los periodos anteriores. Si se puede hablar de “revolución pasiva” o de “reformismo conservador” en el caso particular de Brasil, el itinerario argentino de los diez últimos años está más emparentado con un a vuelta progresista, provocado por las luchas sociales y populares, luego sumergido dentro de una nueva dinámica de fuerzas sociales que logran impulsar reformas estructurales y recomponer las estructuras ideológico-políticas. Más allá de las diferentes lecturas inherentes a todo proceso, la continuidad, el nivel de adhesión, la naturaleza de los progresos históricos que la “anomalía argentina” ha logrado acumular durante los diez últimos años, confirman por sí solos que se trata no sólo de una victoria popular frente a la desmesura de la reconversión neoliberal, sino también de un ciclo transformador histórico, cuyos efectos adquieren dimensión regional e internacional. Varios puntos (y ángulos muertos) son inspiradores para razonar sobre nuevos paradigmas socio-políticos y sobre vías de salida post-neoliberales.

    Re-significar las relaciones con el mundo y dar forma a nuevas bases fundamentales de interpretación

    En primer lugar, la re-significación de las relaciones con el mundo, la renovación de las visiones geopolíticas y la afirmación de las solidaridades regionales son tres puntos fundamentales que se encuentran transversalmente en el seno de los espacios políticos y de los movimientos sociales. En grandes líneas, se perciben desde los sectores populares del Cono Sur que una nueva página del sistema político mundial está en proceso de escritura, que resulta estratégico prepararse para ello, y que también es necesario dar forma a nuevas pautas de interpretación. Después de los capítulos históricos del sistema westfaliano (hasta la primera guerra mundial), del mundo bipolar y de su régimen de equilibrio del terror, de la dominación unipolar norteamericana y de sus proyecciones ideológicas (fin de la Historia, choque de las civilizaciones, paz democrática, desaparición de Rusia y de China...etc), una nueva arquitectura mundial está actualmente en gestación, tomando los contornos de un nuevo equilibrio de relaciones de fuerza entre las potencias, con todo lo que ello implica cuanto a incertezas, a fricciones y a posibles escaladas de conflictos.

    Tratemos de retomar de manera esquemática esta arquitectura: una matriz multipolar en permanente reconfiguración, que superpone potencias tradicionales y polos emergentes (India, Rusia y China), redes arborescentes transnacionales (la esfera bancaria y financiera, las mafias y el terrorismo, las corporaciones multinacionales, las redes de inteligencia y de información), alianzas circunstanciales entre Estados (G7, G8, G20, G77) y puntos localizados de conflictos armados (Ucrania, Siria, Irak), sobre un fondo de hegemonía sin precedentes del poder financiero, de amenazas sistémicas (desigualdades en el interior de las sociedades, inestabilidad financiera, cambios climáticos), de disminución moral y geopolítica del bloque occidental y de desplazamiento del poder geopolítico hacia el Este asiático. Esta matriz, de alto grado  de interdependencia entre cada elemento del sistema, ha venido erosionando las capacidades del Estado-nación sin disponer de una arquitectura de “gobernanza mundial” apta para ordenar el tablero, tanto en lo relativo a los aspectos sociales y de medio ambiente y económico-financieros, cuanto a las cuestiones de paz y de seguridad. El «  vacío” de poder regulador, aún más tangible cuando los actores se multiplican o cuando aumenta su poder real, pone en jaque a la vez a las instituciones multilaterales y exacerba la vuelta de una realpolitik basada sobre relaciones de fuerza y “gestos” imperialistas (multiplicación de relaciones bilaterales, tratados de libre comercio, concentración jurídica, re-armamiento y proliferación militar...etc).

    Este contexto global “hostil” reactiva aún más fuerte la idea de batalla estratégica para el acceso a los recursos naturales abundantemente presentes en el continente latinoamericano, hecho constatado que además ha estimulado el esfuerzo de renovación de las doctrinas de seguridad nacional y regional en el seno de la Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR). Por otra parte, se observa que las grandes piezas del tablero mundial mantienen el statu quo en esta arquitectura y tienen dificultades para asumir un rol histórico de reforma y de profundización intelectual, en particular en los Estados Unidos, en Europa y en menor escala en China. Este punto torna aún más imperiosa la necesidad de producir un esfuerzo de análisis y de propuestas por parte de las potencias más pequeñas, de los movimientos sociales y de la sociedad civil.

    Emergencia de un pensamiento crítico sobre las mutaciones del capitalismo y la crisis de la civilización

    El cuestionamiento del pensamiento único, de los patrones culturales, científicos y epistemológicos dominantes, con respecto a lo que se ve analizado de una manera más radical por parte de ciertos sectores como una crisis de civilización y la llegada de una nueva fase del capitalismo, contribuye también con esa renovación de las visiones del mundo. Una vez liberado de su confrontación con otros modos de acumulación después de la Guerra Fría, luego unificado por una nueva etapa de globalización económica, el capitalismo se ha por parte “desmaterializado” y ha aprendido a rodear las formas tradicionales de lucha por la justicia social organizadas alrededor del Estado y de las organizaciones de trabajadores. Las estrategias de acumulación del capital han evolucionado hacia una integración vertical mayor de las filiales productivas, y han tendido a organizarse alrededor de las empresas transnacionales, coordinando partes enteras de la economía mundial, y articuladas alrededor de redes productivas regionales. Estas redes regionales, que participan del movimiento de multi-polarización del mundo, incorporaron una mano de obra cada vez más calificada y más factores tecnológicos fácilmente transferibles pero todavía muy sub-regulados.

    Esas tendencias producen conjuntamente un nivel de presión ambiental que pone claramente el planeta cada vez más al borde del precipicio. Han reactivado una disputa “neocolonial” por el acceso a los territorios y a los recursos, por la explotación del trabajo y la fragmentación de los derechos y de los niveles de organización. De hecho, el mapa  de las desigualdades ha  sido prácticamente redibujado dentro de las sociedades y entre las sociedades en sí mismas, según una geometría más compleja que la tradicional segmentación de las clases sociales o que el eje Norte-Sur. En el interior de Argentina, por ejemplo, el 20 % de los asalariados pertenece a una clase media con un alto nivel de ingresos y de consumo, mientras que el 80 % restante se inscribe dentro de un conjunto más heterogéneo con niveles de vulnerabilidad social y de representación sindical muy  aleatorios.

    Frente a esas mutaciones, la disputa ideológica y política  del Estado, el retorno a su función constitutiva, reguladora y protectora de los efectos de la recesión global iniciada en 2008, retoma una dimensión central en el continente. Aunque el maniqueísmo de las luchas ideológicas no facilite realmente la profundidad conceptual con respecto a este tema, ello no impide que el Estado sea problematizado por los actores populares y que se lo identifique tanto como una parte de los problemas y de las soluciones. La reconstrucción del Estado argentino es por ejemplo inseparable del nuevo despliegue de una amplia estructura territorial descentralizada que se apoya  sobre un capital de cultura política y de organización acumulado por los movimientos sociales y las organizaciones políticas y sindicales. Además, es dentro de un grupo de territorios industriales en los que la mayoría de las resistencias y la amplitud de las luchas se han formado. Este rol de interfaz y de base social, que los bolivianos formulan a su manera con el término de “Estado plurinacional comunitario”, es tan importante como la asignación de recursos y la definición de políticas públicas a nivel central. Él permite desarrollar una solidaridad popular desde la perspectiva de los derechos, trabajar en relación a todas las realidades de las poblaciones, amortiguar los efectos del individualismo propagado por el modo de vida consumista. A otro nivel, en términos  de eficacia de la acción pública, se diagnostica más finamente los límites de la suma de regulaciones del Estado para transformar las relaciones de fuerza y abordar la complejidad social. En ciertos sectores, especialmente la inclusión de los grupos muy marginalizados o las externalidades del extractivismo de las materias primas, puede volverse contraproductivo el hecho de superponer o de militar territorialmente más políticas públicas, si estas son sólo una intención reparadora o están en desfasaje con la naturaleza de los problemas y de las relaciones de fuerza que deben tratarse. En estos casos, una transformación estructural y nuevas iniciativas de confrontación son detalladas como si fueran cada día más necesarias en esta etapa del proceso transformador. En relación a este último punto, la ley argentina de servicios de comunicación audiovisual, aprobada en 2009 sobre la base de la propuesta de una vasta coalición de actores civiles de la comunicación, es un caso ejemplar de transición hacia un marco democrático, participativo, desmonopolizador y diversificante del bien comunicacional. Podemos resaltar también la Asignación universal por hijo (AUH) que otorga legalemente el derecho a una protección social y un ingreso mínimo para cualquier ciudadano o ciudadana en situación de vulnerabilidad (desempleo o trabajo informal).

    Si los países emergentes cumplen hoy la función  de motor de la economía global, este mismo destino los ubica claramente en los primeros lugares de las estrategias de expansión del capital. Un intenso y permanente trabajo de “ataques” y presiones está siendo realizado por los monopolios económicos en los frentes jurídicos, mediáticos y políticos – y para-militares en el peor de los casos - con el fin de modelar las instituciones, los espacios multilaterales y los poderes estatales. Los golpes “blandos” parlamentarios, los tratados bilaterales de inversión, la concentración de los marcos jurídicos de gestión de las deudas soberanas, la reafirmación de la propiedad intelectual, la desarticulación y la tergiversación mediática del debate público, o más globalmente los espacios corporativos asociados a la ONU (Global Compact) son múltiples vertientes de lo antedicho. Si todos sus aspectos están presentes en los espíritus, se verifica un hecho a pesar de ello en relación a la falta de producción analítica cuanto  a los efectos de la matriz capitalista sobre la institucionalidad democrática y a los itinerarios de transición de los procesos populares.
    Consolidar el espacio regional para entrar de manera activa y constructiva en el mundo

    La construcción del espacio regional latinoamericano es una etapa inseparable de la aventura política de los diez últimos años, como un eco de las tendencias pesadas  mencionadas anteriormente. Un giro decisivo se llevó a cabo entre una visión anclada en el destino “de patio trasero norteamericano” o de vagón “periférico” atado a la globalización según el modelo de integración liberal, hacia un horizonte en el cual se intenta elevarse colectivamente al rango de actor del mundo multipolar al construir un bloque regional dotado de un campo político más completo. El hecho es que, desgraciadamente, la globalización no hace concesiones a las comunidades que permanecen solitarias o que siguen caminos demasiado conformistas frente al orden dominante. En ese sentido, la reactivación del imaginario de un gran proyecto continental por parte de las fuerzas sociales, la constitución de diferentes formatos de institucionalización regional, la revalorización del multilateralismo como modo prioritario de tratamiento de las cuestiones transnacionales son las tres gestualidades de un mismo movimiento.

    En la práctica, es evidente que la arquitectura de integración se ha intensificado y ha planteado de manera inédita el marco de una nueva construcción de unidades y de independencia. Pero su agenda continua siendo determinada por las correlaciones de intereses y de fuerzas repartidos en un mosaico de soberanías nacionales con niveles de madurez, de dependencia y de colores ideológicos muy variables. El proceso argentino, con la movilización social que logra romper el proyecto de tratado de libre comercio de las Américas ideado por los neoconservadores estadounidenses de 1995 a 2005, luego con su rol activo en el reposicionamiento del MERCOSUR, en la creación de la UNASUR, de la CELAC, del Banco del Sur, es un eslabón genético de esta  institucionalidad que apuesta a una dinámica constitutiva de la ciudadanía regional.

    Tres elementos nos parecen importantes destacar en la fábrica de este proceso de integración con “vocación constitutiva” teniendo en cuenta enseñanzas más amplias que pueden brindar en relación a la gobernanza. En primer lugar, este último no ha seguido  ningún modelo institucional ni teórico establecido. De hecho, ha sido y sigue siendo globalmente sub-teorizado y ha sido sostenido especialmente por decisiones políticas lanzadas “desde arriba”, desde la cumbre de los Estados, sobre la base de una fuerte connivencia de visiones y de imaginarios entre varios dirigentes – procedentes de luchas sociales y populares, en reacción crítica a los mecanismos de cooperación fundados sobre la desregulación y el libre-comercio. El resurgimiento de ese latinoamericanismo no tiene su equivalente en materia de regionalización de las interdependencias, excepto en el plano histórico y cultural y en lo relativo a las movilidades humanas - y en cierta medida a intercambios económicos entre los países más industrializados (Brasil, México, Argentina)[1]. La realidad nos muestra que es el impulso político a alto nivel, particularmente en los momentos de crisis, que permite dinamizar una arquitectura de integración que reposa sobre estructuras multilaterales aún fuertemente formateadas por la matriz jurídica, cultural y económica heredada del ciclo neoliberal (tratados bilaterales de inversión, matriz de exportación comercial, fricciones migratorias, subdesarrollo de las zonas fronterizas). Esta agilidad en la cumbre de los Estados, acompañada en la base por numerosos movimientos sociales y sindicales, ofreció varias veces una capacidad de reacción en situación de crisis y experiencias inéditas de solución diplomática de conflictos de carácter externo.

    En segundo lugar, como consecuencia de la recesión económica de 2008 y su impacto más neto sobre las economías basadas en productos primarios (Brasil) y de dependencia externa, las ganancias para densificar la matriz de intereses comunes han tendido a tomar la iniciativa en relación a la tentación de negociar de manera bilateral con las potencias tradicionales[2]. Este “redescubrimiento” de los intereses mutuos reforzó políticamente el bloque regional dentro de un contexto geopolítico más hostil donde aparecen en sentido inverso nuevas presiones y estrategias de balcanización por parte de los sectores industriales conservadores y las potencias comerciales, en primera instancia los Estados Unidos y la Unión Europea[3]. La Alianza del Pacífico constituida en 2011, la proliferación actual de las propuestas de tratados de libre comercio, las desestabilizaciones políticas en Venezuela, en Ecuador, en Brasil y en Argentina que implican a los conglomerados mediáticos y económicos, son algunos ejemplos de lo expuesto. Estas estrategias encierran a los países miembros en la resolución de los asuntos interiores, crean líneas de tensión y contribuyen in fine para desacelerar el movimiento de integración. Frente a ello, el desafío es no dejar descansar el dinamismo de la integración sobre las inercias institucionales, estimular la definición de una agenda de movilizaciones sociales y de propuestas ciudadanas, y continuar amplificando la matriz de intereses comunes hacia un espacio regional que refuerce sus coherencias políticas y endógenas.

    Finalmente, siguiendo la dirección del punto precedente, la emergencia de China, de Rusia y de los BRICS, como manifestación de un gran movimiento de reequilibrio multi-polar de poder y de riquezas (aunque aún sin cambiar las reglas de orden mundial), constituyen un nuevo horizonte estratégico regional en la línea de las visiones del desarrollo vehiculadas por el “consenso de Pekín”. Los acuerdos de inversión y de cooperación con China y Rusia son hoy mayores a aquellos llevados a cabo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos desplazan de hecho la centralidad de los mecanismos de cooperación articulados alrededor de las instituciones financieras internacionales. Si este horizonte no induce necesariamente un cambio cualitativo en el marco multilateral de cooperación, crea a pesar de ello una inflexión al apoyar los proyectos de infraestructuras propicias para la creación de valor a nivel regional, la generación de una pluralidad de las herramientas de inversión y el comercio de commodities, sin condicionar arbitrariamente las soberanías nacionales. Con la reciente activación del Banco del Sur, que debería promover una diversificación de la estructura productiva y la reducción de las dependencias, esta tendencia será favorable a un modelo de integración estructuralmente alejado de los criterios del “consenso de Washington”.

    Retorno transgresivo del Estado de derecho y de lo político

    El retorno de lo político, la recuperación moral, institucional, democrática e identitaria sobre la base material de una reafirmación de los derechos sociales y de la reactivación de un Estado regulador es probablemente una de las batallas más inspiradoras de la experiencia argentina. El cambio de paradigma que comienza en 2003 luego de un episodio de intensificación de las luchas populares y la entrada por la pequeña puerta electoral del Frente para la Victoria, toma en cierta forma un impulso transgresor dentro de la resistencia en el “laboratorio de reconversión neoliberal” de las décadas precedentes. Las facetas de esta reconversión son infelizmente conocidas un poco por todo el mundo, tanto en el Norte como en el Sur: una democracia parlamentar y órganos de representación vaciados de su contenido por una aristocracia económica articulada a la finanza global; fosilización política de los partidos tradicionales y pérdida de legitimidad del sistema institucional ; sobreendeudamiento, asfixia económica, aparición de redes mafiosas y fuga masiva de capitales; sacrificio de bienes públicos y de los derechos sociales en nombre de políticas de austeridad y de privatización; desindustrialización, pobreza y desocupación endémica; indignación popular, resentimiento e impunidad histórica del terrorismo de Estado...etc.

    Aquí como en otros lugares, es la radicalización de las movilizaciones ciudadanas y populares que responde al debacle y provoca la chispa. Pero, la experiencia argentina y latinoamericana nos indica que es posible volver a subir la pendiente utilizando con valor las vías políticas tradicionales y que hoy como nunca es preciso, frente a la urgencia de construir alternativas frente al neoliberalismo, “cambiar la sociedad tomando el poder” (sin disgustar a John Holloway y a los amigos altermundistas),  o por lo menos de rehabilitar a la política como una herramienta central de transformación y de institución de la sociedad. En substancia, los argentinos han aportado una respuesta democratizante, constituyente (de un nuevo Estado de derecho) y transformadora a la presión brutal de la economía globalizada, inseparable de una cultura política que sintetiza una parte de las luchas emancipadoras de las décadas anteriores y más ampliamente del siglo pasado. Si a pesar de que la salida de esta aventura es por supuesto incierta e inacabada – ciertos autores enfatizan el debilitamiento de la onda democrática latinoamericana comenzada al final de los regímenes dictatoriales - esta respuesta constituye una aventura política “integral”, acompañada por una resignificación, y más profundamente por un reencatamiento de la experiencia política, cuya propagación no ha aún terminado de efectuarse en el seno de la sociedad. Se trata de un aporte extremadamente precioso en el terreno geopolítico que no dejará de verse amenazado por la multiplicación de las reacciones regresivas, fundamentalistas y autoritarias, con el ascenso de las crisis sistémicas y el aumento de las desigualdades. Nos limitaremos en este caso también a señalar algunos puntos significativos para aclarar perspectivas de gobernanza post-neoliberal.

    Brechas abiertas en los dogmas de la economía ortodoxa y del desarrollo

    Primero que todo, al recrear una base material de crecimiento virtuoso, fundado sobre la reafirmación de los derechos (al trabajo, al salario mínimo, a la negociación paritaria, a la protección social, a la educación, a la comunicación, a la movilidad humana, a la memoria y la justicia...etc) e impulsando la creación de seis millones de empleos desde 2003 con un haz articulado de políticas de redistribución social cuyos efectos son señalados por la mayoría de los indicadores de desarrollo[4], Argentina agrega una contribución de peso para desconstruir las teorías del derrame, del ajuste estructural, del “crecimiento sin desarrollo”, y en cierto sentido, del proteccionismo nacional o del capitalismo autoritario (o sea de un desarrollo incompatible con la democracia). Esa virada contra-hegemónica -similar en parte a la experiencia boliviana, venezolana y brasilera - consistió en reorientar el sistema económico hacia una lógica “neokeynesiana” de refinanciamiento del Estado, de re-dinamización de la industria y de la economía real, de promoción activa de la movilidad social, del empleo y de la demanda interna. La redistribución tiende a elevarse al rango de factor previo y concomitante con el desarrollo para configurar un modelo de “crecimiento con inclusión social”. Si queda aún un largo camino por recorrer para alterar en profundidad la matriz de concentración y de externalización de la economía y limitar los aligeramientos contradictorios con el sector de las multinacionales inversoras, no es menos cierto que esta dinámica se ha puesto en práctica a partir de un condicionamiento activo de la expansión del capital por parte de la regulación estatal (nacionalización de varios sectores estratégicos, reforma de los marcos legales), de un apoyo a la diversificación productiva (en particular, en relación a las pequeñas y medianas empresas), a la reactivación del ahorro interno y a la captación fiscal de los excedentes. En relación a otras experiencias nacionales y bajo el efecto dominó de la recesión global de 2008, estos trámites han contribuido para desviar el debate internacional sobre las desigualdades y la inclusión social, en eco a los trabajos de un grupo de intelectuales que han enfatizado la originalidad del recorrido argentino (Piketty, Stiglitz, Krugman, Galbraith, Kliksberg, Sen...etc). Los economistas reconocen que existe un cambio de percepción dentro de los espacios multilaterales, expresados, por el momento, dentro de una revisión retórica y de « nuevas narrativas » en el seno de las instituciones financieras. Pero, se comprueba que ese cambio superficial disimula aún la práctica guerrera de un “business as usual”, mientras que la onda de choque financiero de 2008 continúa su curso.

    Desendeudamiento y confrontación con los sectores híper-especulativos

    Segundo punto central: el del desendeudamiento[5], de la confrontación con los segmentos más especulativos de la finanza global y la instalación del debate alrededor de un régimen justo y eficiente de restructuración de las deudas soberanas. La reestructuración histórica del 93 % de la deuda soberana argentina, principalmente con el FMI y el Club de París[6], permitió retomar las riendas de la política nacional después de un muy largo periodo de endeudamiento crónico. Ella ha desencadenado como contrapartida una batalla feroz con los segmentos híper-especulativos de la finanza internacional (fondos “buitres”), cuya emergencia en el apogeo de la desregulación neoliberal en los años 90 no ha dejado de aumentar los “atentados” jurídicos con respecto a economías endeudadas, tanto en el Norte como en el Sur. Sin una gran solidaridad internacional y la postura soberana del ejecutivo nacional y de los movimientos sociales, ese bloqueo anclado jurídicamente en la circunscripción del Estado de New York[7], hubiera liquidado diez años de reconstrucción de estabilidad financiera y creado un precedente peligroso para otras negociaciones de deudas soberanas. Esta presión sobre la deuda es hoy uno de los brazos de hierro entre los intereses de los sectores financieros transnacionales asociados a actores oligárquicos locales y los intereses populares a partir de ahora consolidados por la recuperación de un Estado de derecho. Otras fricciones han tenido lugar y continuarán a operar regionalmente sobre el terreno de la fuga de capitales[8], de la devaluación del riesgo de inversión por parte de las agencias internacionales de notación financiera, de la manipulación de los precios y de las cadenas de valor, de movimientos especulativos del mercado monetario, del condicionamiento de la opinión pública a través de los medios...etc. La sociedad civil y los cuerpos diplomáticos han valorizado en la medida de lo posible esta experiencia dentro del marco del G20, del G77, del FMI, de las cumbres sociales, de las instancias de la ONU y de las redes políticas transnacionales. Finalmente, una estrategia de alianza adosada a las Naciones Unidas pudo ver el día e institucionalizar la propuesta de un régimen justo y eficiente de reestructuración de las deudas soberanas. El mismo esfuerzo para invertir las voces de la diplomacia internacional fue impulsado por Ecuador sobre la cuestión de la regulación de las empresas transnacionales desde el ángulo de los derechos (es interesante observar que esas iniciativas han conducido a ciertos analistas a identificar un círculo de país con un fuerte potencial de influencia sobre el escenario multilateral, al retomar el concepto de swing states).

    Un sujeto político movilizador que entra en una nueva etapa de transformación

    Finalmente, las rupturas que acabamos de describir han supuesto un sujeto político capaz de colocarse a la altura de su tiempo y de las relaciones de fuerza. Su fuerza es inseparable del lanzamiento de un nuevo imaginario movilizador, fundado sobre la negación de un “fin de la historia” aplicado por la hegemonía neoliberal, sobre un ideal de reparación histórica, de justicia social y de lucha contra las desigualdades. Al asumir el poder en 2003 con un muy frágil apoyo popular y más por un revés de efecto electoral que por la emergencia de una nueva fuerza alternativa, el Frente para la Victoria se arimó a su imaginario para darle cuerpo progresivamente en un primer ciclo de gobierno de frente político de “coalición”, luego de una afirmación más neta de una nueva dinámica política en ruptura con las alianzas iniciales. Esta dinámica, dicho sea de paso mal analizada por las redes de la izquierda  internacionalista, mantiene lazos controvertidos con los aparatos políticos tradicionales, pero reactiva una renovación generacional con la incorporación de una juventud militante y contribuye sobre todo a romper con la lógica de los partidos encerrados dentro de su debilitamiento territorial y su incapacidad para responder a las convulsiones sociales.

    Tres ciclos electorales dan la posibilidad de medir más objetivamente los efectos de esta dinámica política original. De un lado, una cantidad importante de cambios  estructurales, un alto grado de repolitización y de militancia social, la constitución de un nuevo espacio de unidad con los sectores populares y diversas corrientes ideológicas. Del otro, la reactivación de una batalla cultural e ideológica, la visibilidad más neta de la arquitectura de los poderes factuales, la recuperación de una paz social y de una legitimidad institucional. Si la amplitud del movimiento no es aún la de una nueva “hegemonía moral y cultural” como en el caso de Bolivia, ella ha alcanzado hoy un nivel de movilización territorial, de centralidad programática, de contención interna de las discusiones políticas y de liderazgo histórico que le permite proyectarse dentro de un nuevo ciclo transformador de mediana intensidad.

    Las grandes líneas de esta nueva etapa nos lleva a los límites y a las enseñanzas extraídas del ciclo anterior. Mantener los logros y el soplo transformador, sin bajar la guardia ni subestimar al adversario, bajo pena de retroceder. La experiencia de Brasil y de Paraguay (bajo la presidencia de Fernando Lugo) ilustran los riesgos de la puesta en práctica parcial de las reformas estructurales, de la inercia de los partidos políticos, el juego peligroso de las concesiones y de pérdida de bases sociales.

    Adaptar la estructura política a los cambios sociales y avanzar con los grupos sociales que quedan capturados culturalmente y socialmente en las etapas anteriores, sin disponer de las herramientas para aprehender los cambios o tomar parte de la aventura social. El ascenso de la clase media argentina ha sido uno de los más dinámicos en América Latina en el curso de la última década (48 % de la población actual, según el Banco Mundial). Esta nueva clase media hará emerger nuevas demandas sociales – a menudo difusas y contradictorias - que exigirán mantener una importante movilidad intelectual, cultural y política en el interior de los espacios políticos.

    Profundizar el modelo de justicia social y de reparación histórica yendo más allá de los mecanismos de redistribución y de inclusión social correlados al crecimiento y a la depredación de los recursos naturales. Dentro de esta última ecuación, se apela una nueva definición de la justicia social, ampliada a un contexto de debate democrático que ha avanzado en el seno de la sociedad. Más allá de la batalla ideológica sobre la potencia pública, se percibe más claramente los límites estructurales del Estado, de la matriz conceptual, jurídica y económica para incluir al conjunto de los grupos sociales dentro del sistema de creación de valor y dentro del sistema representativo. Ello implica sentar las bases de una verdadera economía social, popular y duradera, no relegada al rango de economía suplementar de los mercados internacionales, y radicalizar las formas de participación democrática. Para ello, los movimientos sociales tendrán un rol de locomotora para avanzar en el debate conceptual y llevar adelante nuevas iniciativas.

    Notas

    [1] Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Guyana, Surinam y Uruguay concentran el 80% de sus exportaciones en materias primas (fuente BID 2015). En 2014, el comercio interregional de Brasil con los miembros del MERCOSUR se elevaba a una altura del 10 % de su comercio exterior (fuente BID).

    [2] Esta lógica terminó saboteando a la Comunidad Andina de las Naciones

    [3] Ver por ejemplo la Iniciativa sobre las Materias Primas de la Unión Europea

    [4] Ver los datos del PNUD http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/mdgoverview/overview/md...

    [5] Cuyo nivel record había alcanzado el 153.6 % del PIB en 2002.

    [6] La deuda soberana pasó de 156 % del PIB en 2002 a 45 % en 2013 (el Instituto MacKinsey evalúa la deuda global actual a 286 % del PIB mundial).

    [7] El Estado de New York concentra actualmente los marcos jurídicos del 49 % de los títulos de deudas soberanas a nivel mundial.

    [8] Argentina es oficialmente el campeón latinoamericano al lado de Venezuela con cerca del 10 % de activos del volumen anual de comercio exterior.

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