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    El milagro de Milagro

    Lun, 15/01/2018 - 21:17

    Fuente: www.elcohetealaluna.com

    De primera presa política de Cambiemos a símbolo de la persecución general.

    La detención de Milagro Sala ancló rápidamente un concepto: ella era la primera presa política del gobierno de Cambiemos. Hoy, a dos años de aquel enero, los presos políticos son más de veinte: entre ellos hay aún otros seis integrantes de la Túpac Amaru y opositores de partidos políticos, un número que fluctúa y bajo el cual no hay que olvidar a 4 trabajadores del Ingenio la Esperanza que pasaron la Navidad en la cárcel. Como efecto de esas detenciones, uno de los datos que emergió al cumplirse el primer año de detención de la dirigente de la Túpac Amaru era el florecimiento impensado de decenas de Comités por la libertad organizados en todo el país y en el mundo. Hoy esas pequeñas organizaciones convergen en un armado más amplio llamado Foro por la Democracia y la Libertad de lxs Presxs Políticos.

    Ese es el contexto en el que se inscriben los actos programados para el día de mañana, cuando se cumplan los dos años de la detención de Milagro Sala. Habrá marchas en la Ciudad de Buenos Aires, conferencia de prensa en Jujuy, intervenciones artísticas y volanteadas en Córdoba, Villa Gesell y hasta actos de protesta en París. En ellas confluirán organizaciones sociales, gremiales, organismos de derechos humanos, espacios del kirchnerismo pero también la izquierda: parte del enorme abanico que hoy está en alerta por el avance de los presos como símbolo de las restricciones al Estado de derecho en todo el país.

    Estela Díaz y Mara Brawer son dos de las fundadoras del Comité Nacional por la Libertad de Milagro, una experiencia de organización horizontal que nació durante una visita de mujeres al penal del Alto Comedero en marzo de 2016. En diálogo con El Cohete A la Luna analizan lo sucedido en estos dos años bajo una doble dimensión: la imagen de Milagro como símbolo de los retrocesos de garantías políticas y de derechos individuales en el país pero también como faro de un nuevo tipo de organización en las calles.

    Ambas participaron del armado del texto de un comunicado del Comité que anuncia las actividades que van a desarrollarse mañana y que recuerda una de las primeras frases de la campaña por la libertad: “Hoy es ella, mañana podés ser vos”, decían cuando aún no habían pasado los allanamientos ni las detenciones de los doce integrantes de la Túpac que llegaron a estar presos. Por entonces tampoco había sucedido la desaparición de Santiago Maldonado, los mapuches no eran actores criminalizados ni perseguidos y en Buenos Aires no habían comenzado las detenciones a los ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.

    “Hoy creemos que aquella frase tuvo una fuerza anticipatoria enorme”, dice Estela Díaz. “Entonces advertíamos que Jujuy era sólo un laboratorio de ensayo represivo, en torno a cierta suspensión del Estado de derecho a través de un sistema policial de gobierno. Hoy me parece que eso ya se extendió al resto de país, donde la situación de Jujuy resulta mucho más palpable y clara incluso para muchos otros sectores de la población”. Estela Díaz menciona a modo de ejemplo tres antecedentes de esa escalada:

    1. La veintena de presos detenidos en las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre;
    2. La militarización del Congreso;
    3. Las detenciones de dirigentes sindicales del ingenio La Esperanza.

    “Todo esto muestra a un gobierno nacional decidido a avanzar, con un consenso que, cuando ya no cuente con consenso electoral, avanzará de facto para establecer el proyecto económico que tiene definido. En ese cuadro, la lucha por Milagro cobra otra dimensión para sectores que la miraban con mayor distancia: ahora no sólo están presos los integrantes de la organización, sino integrantes de otras organizaciones que tienen hasta amenazas de suspensión de sus personerías jurídicas”.

    Desde esa perspectiva piensan las acciones de mañana martes como una continuación del encuentro de Mujeres ocurrido en Jujuy hace un mes. Bajo el lema del Jallalla confluyeron mujeres de todo el país y de espacios políticos no kirchneristas, que bajaron algunas consignas pero para buscar puntos de encuentro. Aquello que se leyó como una primera recuperación del espacio público de Gerardo Morales en manos de las mujeres, ahora es el antecedente de la convocatoria de mañana de la que participarán integrantes del Comité y de las 15 organizaciones sociales del Frente por la Dignidad y el Trabajo Milagro Sala, el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presxs Politicxs; donde habrá representantes de las organizaciones gremiales como ATE Capital y de la CTA, organismos de derechos humanos como lo viene habiendo en estos años. Estará Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Presidente honoraria del Comité; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., APDH. y se leerá una carta de adhesión del Premio Nobel y presidente del Serpaj, Adolfo Perez Esquivel. Participarán el PTS y organizaciones como La Cámpora, Nuevo Encuentro, Colina, Miles, la Corriente Nacional de la Militancia, entre otros espacios.

    “El fenómeno de la ‘amplitud' es otro dato que surge de esta la lucha por Milagro”, dice Mara Brawer. “Esa lucha fue consolidando la emergencia de distintos apoyos porque ella condensa en una sola figura todos los símbolos: es presa política, es india en horas de persecución a los indígenas y es mujer: compró todos los tickets para poder condensar el simbolismo de las represiones y la lucha. Y este es un dato objetivo. Acá no hubo construcción de un símbolo, se construyó sola. Y creo que ese modelo de articulación que aprendimos a trabajar en la organización de los Comités tiene un modo de construcción horizontal que marca un camino para esta nueva etapa. No sólo en la calle, sino en espacios como el Congreso. Durante la marcha del Jallalla tuvimos que ceder muchas de las consignas para que otros espacios no se vayan, pero desde el punto de vista de la construcción política eso fue importante porque el objetivo lo es. Esta lucha nos enseña que tenemos que organizarnos, aprender a ceder y a construir con otros, y la calle aparece así como modelo de articulación posible”.

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    Milagro Sala: Dos años presa política

    Lun, 15/01/2018 - 20:26

    “730 días de calvario, de injusticia, de inhumanidad, de revanchismo explícito, que vino a poner un laboratorio de ensayo represivo que hoy está cada vez más claro se extiende por el resto de la Argentina”, definió Estela Díaz en diálogo con Futurock FM, sobre la detención arbitraria de la dirigente de la Tupac Amaru.

    La Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CTA, coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo e integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, se refirió a las actividades que tendrán lugar en Buenos Aires y en Jujuy, a dos años de la detención ilegal de la Parlamentaria del Mercosur.

    A las 9:00 habrá una concentración en el Obelisco y a partir de las 10:00 se marchará hacia la Casa de la Provincia de Jujuy en Avenida Santa Fe 967. A las 11:00, el Comité por la Libertad de Milagro Sala realizará un acto, sobre Santa Fe y Carlos Pellegrini, junto a organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, sociales y políticas para denunciar y reclamar la libertad de los presos y presas políticas. “Un reclamo que lamentablemente crece en Argentina”, afirmó Estela Díaz quien además mencionó a los seis compañeros y compañeras de la Organización Barrial Tupac Amaru que continúan detenidos: Mirta Guerrero (Shakira), Graciela López, Gladys Díaz y Mirta Aizama, en el Penal de Alto Comedero; y en el Penal de Gorriti, Beto Cardozo y Javier Nieva.

    “Milagro hoy está en una prisión sui generis, como ella la llama. A partir de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reclamó a la Corte Interamericana porque el Estado Nacional Argentino no cumplía con esta resolución, se exigió que Milagro vaya a una detención domiciliaria a su domicilio y con una morigeración de su sistema de detención. Esto no ha sido cumplido. El Poder Judicial de Jujuy, con la anuencia del Poder Nacional, ha vuelto a incumplirlo llevándola a una cárcel, porque no es su casa sino que queda en El Carmen a 30 kilómetros de San Salvador de Jujuy, rodeada de más de 20 gendarmes, más de 20 cámaras, le hacen requisas, tiene restricción de visitas; cosas que además están flagrantemente violando la ley de prisión domiciliaria vigente en Argentina. Ella está mejor porque puede ver a su marido y a sus nietos pero con todo el peso porque sigue este hostigamiento y represión mediática y concreta”, describió Estela Díaz.

    “Sus compañeras siguen con tratos crueles, degradantes, no se las respeta en cosas básicas como problemas de salud graves como ha tenido Shakira, Mirta Guerrero, una de las compañeras presas. Sigue ese revanchismo y ese odio profundo que demuestra la gestión de (Gerardo) Morales contra Milagro y la Tupac Amaru”, manifestó la Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CTA en diálogo con Adrián Vigna, Matías Messoulam y Estefanía Pozzo del programa A los botes por Futurock FM.

    “En Jujuy hay un fuertísimo deterioro de las condiciones sociales, han crecido los indicadores de desocupación, de pobreza, y esto que la Tupac lograba, que era un fenomenal trabajo que no sólo implicaba la casa sino una importante infraestructura social que ponía a disposición, hoy eso no está para los sectores más necesitados de este norte argentino”, mencionó la coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala.

    Las actividades en Jujuy serán en la sede de la Tupac Amaru (Alvear 1152) donde Víctor Hugo Morales brindará una charla a las 12:00 y a las 18:00 se realizará una conferencia de prensa.

    Audio de la entrevista: https://radiocut.fm/audiocut/estela-diaz-del-comite-por-la-liberacion-de-milagro-sala-en-futurockfm/

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    EDGARDO CARMONA // despidos y atraso salarial en radios rosarinas

    Mié, 10/01/2018 - 15:56

    Secretario General Sindicato de Prensa de Rosario

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    Hugo Yasky se reunió con la Multisectorial de Quilmes

    Mar, 09/01/2018 - 18:02

    Referentes de los trabajadores despedidos del municipio de Quilmes mantuvieron una reunión con el secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

    Eduardo Rodríguez, delegado de Derechos Humanos del municipio de Quilmes manifestó la necesidad de nacionalizar la lucha dado que en todo el país se registran conflictos en rechazo a situaciones como las que hoy estamos sufriendo nosotros.

    También estuvieron presentes Víctor Medinacelli, delegado del sector de cuadrilla de mantenimiento del Área de Educación, y la secretaria general de CTA Quilmes, Susi Paz.

    Son 48 los trabajadores cesanteados en el Municipio de Quilmes confirmados. “Los despidos son selectivos”, repudió Rodríguez y agregó: “Están despidiendo en los sectores de mayor organización: Niñez con 8 despidos; Alumbrado, 20 y 20 más en el Hospital Materno Infantil de Solano, de donde despidieron inclusive a la directora médica y a un pediatra”.

    “Hay que crear comisiones de trabajo concreto. Creemos que es importante la función de los dirigentes que dan la lucha en el Parlamento pero también tenemos que generar un nexo directo con la base y no solamente con el sindicato sino con el frente territorial, los compañeros que están en los movimientos sociales y nosotros que estamos en los barrios. Tenemos que ver cómo garantizamos la organización desde los barrios y desde los sindicatos”, concluyó.

    En tanto que Hugo Yasky destacó: “La importancia de generar acciones que rompan el aislamiento con el que el gobierno quiere invisibilizar la proliferación de situaciones en las que se está despidiendo a compañeras y compañeros tanto en el sector público como el privado. Debemos tender redes que vinculen episodios aparentemente inconexos como el gran acto en el que estuvimos ayer, apoyando a los cesanteados de Radio Nacional, la lucha de los compañeros trabajadores estatales como está como esta sucediendo hoy en el Ministerio de Medio Ambiente, o como se dio la semana pasada con los compañeros metalúrgicos de Morón en donde la solidaridad y la resistencia se van retroalimentando mutuamente”.

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    Sobre los dirigentes sindicales en la mira de la Justicia

    Mar, 09/01/2018 - 16:15

    A partir de los múltiples despidos en el sector público y de la preocupación por la falta de generación de empleo, se suscitaron en el frente medios-política-justicia nuevas persecuciones a referentes sindicales como Víctor Santa María, secretario general del Suterh (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), presidente del PJ porteño, diputado del Parlasur y director del Grupo Octubre (Página/12 y AM 750).

    En diálogo con el periodista Diego Corbalán que conduce Ventana Abierta, programa radial de Milenium 106.7 FM, el secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se refirió a la persecución contra el editor del diario Página/12 como un ataque a la libertad de expresión. “Clarín y Magnetto preparan otra embestida para silenciar las voces disidentes a este modelo de ajuste y represión”, manifestó.

    “Nadie ignora que Víctor Santa María es hoy parte del grupo que maneja a Página/12 y una radio de la Capital, AM 750. Entonces está claro que hay una embestida que no acepta siquiera la existencia de un solo diario opositor, el resto son oficialistas prácticamente; y ni una sola radio, porque las otras las liquidaron”.

    Por otro lado, Yasky fue consultado sobre el caso del secretario general del Soeme (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación), Marcelo Balcedo, recientemente encarcelado tras ser acusado de lavado de dinero, y aclaró que es un caso totalmente distinto al del presidente del Partido Justicialista porteño. “Balcedo nunca fue un dirigente sindical, a diferencia de su padre, que fue un dirigente sindical de larga trayectoria, y aunque yo no compartiera muchas de sus ideas lo respetaba porque fue un dirigente sindical de fuste”.

    Sobre la reforma laboral que el gobierno nacional planea discutir en febrero en el Congreso, con algunas semejanzas a lo aplicado en Brasil, con retrocesos en los derechos conquistados por el conjunto de la clase trabajadora, Yasky opinó: “El gobierno al principio, ustedes recordarán, presentó hace dos meses un primer borrador que era la propuesta de máxima y casi una copia del de Brasil. Y luego, ante todas las idas y vueltas que generó la sanción de la reforma previsional, el gobierno decidió que era más importante para ellos tratar de garantizar que se aprobara la reforma previsional y no quiso meter los dos temas juntos porque sabía que corría el riesgo de que le fuera ingobernable esa situación. Entonces simplemente ha decidido poner pausa y esperar el momento adecuado para volver a la carga pero en función de no generar una situación que se les escape de las manos”.

    “El golpe a los jubilados fue muy fuerte. El gobierno privilegió eso porque implicaba 'cash', dinero fresco que necesitaba para mandarle a la provincia de Buenos Aires y así lo hicieron. El proyecto (de la reforma laboral) está porque hay una imposición muy fuerte de los acreedores externos que reclaman que la Argentina aplique las mismas medidas que aplicó el gobierno de Brasil”, agregó el secretario general de CTA de los Trabajadores.

    Sin embargo, en diálogo con Ventana Abierta Yasky negó que la reforma laboral al estilo de la de Brasil, con acuerdos por sector, con un cambio en la modalidad de vacaciones, con las denominadas jornadas intermitentes, entre otros aspectos, pueda aplicarse en la Argentina. “El gobierno quisiera hacerlo pero sabe que sería muy difícil. En Brasil esto ya generó más desempleo. Hay un dato que se publicó días antes de navidad y que dice que en Brasil, después de la aplicación de esta norma creció el desempleo. Entonces saben que si en Brasil esto fue así, en Argentina podría ser un factor desestructurante del mundo laboral. Por eso creo que vacilan y están con una actitud expectante. Tienen por un lado la presión de los grupos empresarios pero por otro lado saben que pueden generar una situación con más puntos de caída como la tuvo la imagen del presidente (Mauricio) Macri después de la reforma previsional y se les pueda complicar aún más en términos políticos”.

    Ante la pregunta del periodista Corbalán sobre si el avance en la reforma de ajuste previsional, con el mismo y próximo intento en la reforma laboral, podría haberse evitado si el peronismo hubiese estado más unido desde la derrota en 2015, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires reflexionó: “Pienso que sí. Hay que encontrar un camino para poder construir con amplitud una propuesta que sea abrazada por la gente. De nada sirve apostar las fichas al desgaste, a los desastres que pueda generar este gobierno, porque puede seguir así eternamente si no hay algo que sea superador, mejor, creíble y esa es la tarea que hoy tiene el peronismo y para eso hace falta tener mucha amplitud”.

    Por último, Yasky, en coincidencia con el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, se refirió a la necesidad de una medida de fuerza ante la última escalada de precios en el transporte y otros servicios públicos. “Tiene que haber una medida de fuerza. Pero a los paros hay que construirlos y trabajar para eso. Si el gobierno persiste en negar la posibilidad de que la paritaria sea libre, si quiere ponerle un techo de 12, 13 ó 15% a las próximas paritarias, no tengo dudas de que no solamente habrá un paro, sino varios paros y muchas movilizaciones porque no se puede seguir aceptando salarios de hambre”.

    Audio de la entrevista: https://radiocut.fm/audiocut/hugo-yasky-hugoyasky-sobre-los-dirigentes-sindicales-en-la-mira-de-la-justicia-en-ventana-abiert/#

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    Ningún despido más en Radio Nacional

    Mar, 09/01/2018 - 16:15

    Reincorporación de trabajadorxs despedidxs: movilización y acto en Rosario.

    Tras la concentración con paro de actividades -resuelto por el SPR- en la emisora LT3 exigiendo el pago de salarios adeudados, marchamos a Radio Nacional Rosario para exigirles a las autoridades del Gobierno Nacional el fin de los despidos y la reincorporación de lxs compañerxs despedidxs.

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    Un ajuste custodiado por expertos

    Mar, 09/01/2018 - 13:07

    Fuente: Página/12

    Los trabajadores están en asamblea permanente. El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos adelantó una política de ajuste y, ante un pedido de reunión, las autoridades respondieron con la presencia policial. Ya hay achique y tercerización.

    La puerta de la TV Pública amaneció ayer con dos móviles policiales apostados sobre la Avenida Figueroa Alcorta. En el estacionamiento al aire libre del canal, sobre la otra puerta de ingreso, una camioneta de las fuerzas de seguridad se hacía ver debajo de la sombra de algunos árboles. El objetivo era unívoco: hacer que todos los trabajadores de la TV Pública que llegaban al canal vean la presencia policial. En medio del estado de asamblea permanente en el que se encuentran los trabajadores de la TV Pública, tras el comunicado del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyC) en el que se adelanta una política de ajuste en la emisora estatal, las autoridades decidieron responder al pedido de reunión reforzando –insólita pero intimidatoriamente– la presencia policial. “Incluso, pudimos constatar la presencia de policía de civil dentro del canal”, denunció a PáginaI12 Agustín Lecchi, delegado Sipreba de la TV Pública. Los trabajadores de la TV Pública denuncian un lock out patronal. PáginaI12 intentó comunicarse con alguna de las autoridades del SFMyC pero no obtuvo respuesta.

    Lejos de propiciar el diálogo tantas veces declarado, las autoridades del SFMyC, encabezado por Hernán Lombardi, sumó tensión al clima de incertidumbre que desde hace algunas semanas se vive en los medios públicos. El objetivo expresado públicamente de reducir el personal de planta de la TV Pública y negociar el Convenio Colectivo de Trabajo desató temor entre los trabajadores. “Propusimos la modificación del convenio colectivo de trabajo, firmado hace 45 años y completamente obsoleto frente a los cambios tecnológicos, lo que genera altísimos costos de producción”, afirmó el SFMyC en el comunicado del viernes último. No contentos con la difusión de ese anhelo, los móviles de la Policía de la Ciudad y de la Federal en las inmediaciones del edificio de la TV Pública producen una innecesaria escalada en la relación entre las autoridades y los trabajadores.

    “Estuvimos hoy en distintos momentos del día (por ayer) con móviles policiales en la puerta, un carro de asalto y policías de civil dentro del canal. Estamos en asamblea permanente pero no somos delincuentes, somo trabajadores que estamos llevando a cabo una medida gremial. Tenemos motivos para hacerlo porque venimos con una situación de extorsión de parte de las autoridades, pero nunca en ninguna asamblea de la historia hubo algún motivo para tener que sacar la discusión afuera del canal y mucho menos para traer a las fuerzas de seguridad. Lo entendemos como una amenaza, un amedrentamiento y una provocación”, subrayó Lecchi.

    El amedrentamiento de parte de las autoridades para con cualquier actividad gremial que se produzca en los medios públicos no parece ser un hecho aislado, sino más bien una política para imponer el ajuste. La semana pasada, el vice director de Radio Nacional irrumpió en medio de una asamblea de trabajadores que analizaba las medidas a tomar ante los 16 despedidos en la emisora estatal, filmando a los trabajadores presentes con su propio teléfono móvil. En el día de ayer, también móviles policiales se hicieron presentes en la sede del Canal de la Ciudad, donde sus trabajadores están de paro y ocupan los estudios ante los cinco despidos comunicados la semana pasada y la amenaza de que otros treinta se efectivicen en las próximas semanas. Estas cesantías se producen luego de los 180 despidos que se produjeron en el área de contenidos de la TDA (CIARA), y a los 33 de Paka Paka, Encuentro y DeporTV, a quienes de deben sumar los 89 retiros voluntarios en esos mismos canales.

    La reducción de personal no es el único problema que enfrentan los medios públicos. El ajuste ya se percibe en sus pantallas. En Encuentro, PakaPaka y DeporTV la repetición de programas y los “enlatados” extranjeros son moneda corriente desde hace tiempo. En la TV Pública, la merma en la producción empieza a sentirse de cara a una programación 2018 de la que nada se sabe. La tercerización de la producción ya comenzó: mientras históricamente los festivales de verano eran realizados por personal propio del canal, este año la transmisión del “Festival de la doma y folclore de Jesús María” lo está haciendo personal externo al canal, mediante un móvil de Adart Producciones (fundada en 1987 por Alejandro Gruz y Daniel Burak). Mientras tanto, el móvil de la TV Pública descansa en la puerta del canal. Otro caso que demuestra la disminución en la producción propia es que el noticiero matutino del canal, que hasta hace unos meses tenía una duración diaria de tres horas (de 7 a 10), se redujo una hora a mitad de año (de 8 a 10) y actualmente sólo se emite de una hora (8 a 9). De hecho, con excepción de los noticieros, el único programa en vivo y de producción propia (junto a Kapow) que emite la TV Pública en la actualidad es Cocineros argentinos.

    En este contexto, los trabajadores de la TV Pública difundieron un comunicado titulado “El Ministerio Policial de Medios y Contenidos Públicos quiere liquidar la TV Pública”, en el que denuncian un “lock out patronal” peligroso. “Con un cinismo pocas veces visto, y mientras proclama entre sonrisas diálogo, pluralismo y amplitud de voces, el SFMyC –detallan los trabajadores– lanza sin previo aviso una guerra contra los periodistas y los trabajadores del único canal de gestión pública del país. Esto se lleva adelante de la mano de despidos en Radio Nacional, TDA, señales Paka Paka, Encuentro, DeporTV y el Canal de la Ciudad. La estrategia a cargo de Hernán Lombardi busca presentar a los trabajadores y sus salarios como el problema, al mismo tiempo que vacía sin pudor al canal de sus contenidos, a tal punto que, tras la renuncia del Director Ejecutivo de la Televisión Pública, Horacio Levin, en diciembre de 2017, no hay aún ninguna programación conocida, prevista o en marcha para 2018. Una curiosa forma de gestionar los contenidos de los medios públicos cuando deja a la TV Pública a la deriva, reduce horarios de trabajo que empobrecerán inevitablemente los noticieros, y anuncia la paralización total de Canal 7 durante los fines de semana, con la excusa del ´ahorro´.”

    En el comunicado, los trabajadores de la TV Pública denuncian que no parece ser la “austeridad” el objetivo buscado por el SFMyC, teniendo en cuenta el sueldo que cobran algunos funcionarios dentro de RTA. “El ahorro y la racionalización que tanto desvelan al Ministerio de Modernización conducido por Andrés Ibarra –señala– cuando se trata de salarios de los trabajadores, pero que no cuenta cuando se trata de colocar a su mujer, Carla Piccolomino, en el área de Relaciones Institucionales de Canal 7, con un sueldo superior a los 190 mil pesos mensuales”. El texto, además, desmiente que la planta de personal en el área de noticias se haya incrementado en un 70 por ciento durante el kirchnerismo, tal como afirmó el SFMyC. “El diálogo que declama Lombardi –cierran los trabajadores– es muy democrático: ninguna interlocución, patrulleros y un carro de asalto de la Policía Federal en la puerta del canal para disciplinar a los peligrosos periodistas, a quienes se empuja a un conflicto que no buscamos ni pretendemos.”

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    “El Gobierno no tolera el disenso”

    Mar, 09/01/2018 - 13:07

    Fuente: Página/12

    Dirigentes políticos y gremiales expresaron ayer su solidaridad. El bloque del FpV-PJ en el Parlasur emitió un comunicado.

    Referentes políticos y sindicales sumaron ayer su apoyo al presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, secretario general de Suterh y director del grupo Octubre, Víctor Santa María, por la persecución mediática y judicial de la que es objeto.

    El ex canciller Jorge Taiana afirmó que “es indudable que esta campaña tiene que ver con la libertad de expresión. Es difícil concebir esto, incluso con la difusión de información que se supone confidencial en la tapa de los diarios, si no es porque Víctor Santa María maneja medios de comunicación opositores al Gobierno”. Añadió que “es sorprendente que mientras se difunde esto con tanta insistencia, en algunos medios no haya ninguna información, por ejemplo, sobre los negocios de la familia Macri sobre la compra directa y reventa de seis parques eólicos”.

    Taiana y Santa María son compañeros del bloque Frente para la Victoria-PJ en el Parlasur. Ayer, la bancada distribuyó un comunicado de apoyo. “Queda al descubierto que el verdadero objetivo es el disciplinamiento mediante operaciones mediáticas, en el medio más reconocido y como ariete más incisivo, para la persecución de dirigentes sindicales. Esto requiere una condena inequívoca de todo el arco político, porque se inscribe en un momento donde se pretende instaurar una reforma laboral que busca una regresividad e injusticia social sin precedentes”, sostuvo el bloque.

    Añadió que “es un ataque a la pluralidad de voces y tiene la intención de profundizar el acoso sistemático a las expresiones opositoras, tanto como a los opositores mismos”.

    Por su parte, el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, sostuvo que “la lucha contra la corrupción en la política, las empresas, los bancos, los medios y desde luego, los sindicatos y movimientos sociales, debe ser una causa nacional, pero no se la puede manosear utilizándola para perseguir a opositores al gobierno y acallar voces disidentes”.

    El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, consideró que “el Gobierno no tolera el disenso, no admite opiniones en contrario, no respeta la democracia. Por eso busca acallar las voces de PáginaI12, de AM750, del Grupo Octubre que difunde la voz de los trabajadores y trabajadoras que resistimos el embate neoliberal. Ahora Macri y su aparato extorsivo mediático-judicial hostigan a Víctor Santa María e intenta estigmatizar al sindicalismo argentino, uno de los principales frenos al avance del saqueo de los CEO. Para resistir esos embates, la unidad es el camino”.

    Además, el escritor y periodista Eduardo Jozami, del espacio Participación Popular, sostuvo que “resulta escandaloso que la Justicia no investigue al gobierno que alentó una reforma ilegal para permitir el blanqueo de los familiares del Presidente, ni tampoco se preocupe por los altos funcionarios comprendidos en maniobras ilícitas en el exterior y hostigue sin fundamentos a un dirigente sindical y político de la oposición. Como ese dirigente es además director del diario que hoy rompe el cerco mediático que protege al oficialismo, es más que evidente cuál es el propósito de la campaña de ataques a Víctor Santa María, a quien hago llegar toda mi solidaridad.”

    Categorías: Noticias regionales

    Represión para encubrir el gatillo fácil

    Mar, 09/01/2018 - 13:07

    Fuente: Página/12

    El mismo barrio en el que el 3 de enero fue asesinado de un disparo Nahuel Salvatierra fue invadido por policías. Desataron el terror entre los vecinos, algunos de los cuales habían sido testigos del gatillo fácil.

    “Vinieron en la noche a reprimir para meter miedo porque hay dos policías que tienen la soga al cuello”. Don Mamerto Salvatierra, el padre de Nahuel Salvatierra, el joven de 17 años asesinado el miércoles en el barrio Solidaridad, de la ciudad de Salta, fue contundente al denunciar ante PáginaI12 las razones del operativo policial realizado en la noche del domingo, con la participación de ocho móviles de la Infantería de la Policía salteña y cuatro patrulleros de la comisaría del barrio. Ayer, uno de los dos policías detenidos, el sargento Emilio Gastón Aguilera Alanis, dijo ante la Justicia que con su compañero, el cabo Juan Carlos Cardozo, quien se negó a declarar, habían ido a la escena del crimen para poner fin a un enfrentamiento entre jóvenes. Aguilera Alanis sostuvo que fueron agredidos y por eso le dispararon a Nahuel, pero su versión fue puesta en duda por el fiscal de la causa, Rodrigo González Miralpelix.

    El fiscal reveló que los policías pasaron por el lugar en una moto particular, lo que lleva a sospechar que no estaban cumpliendo un operativo oficial y para colmo, se dieron a la fuga luego del disparo mortal y no dieron el alerta cuando llegaron a la seccional donde cumplen funciones. Por esas razones, el padre de Nahuel le dijo a este diario que “no es de dudar la injusticia que han cometido con mi hijo y deben pagar porque han destrozado a una familia inocente”. Con una mezcla de dolor e indignación, el hombre sostuvo que “hay testigos del barrio que pueden contar lo que ha pasado y por eso vinieron ayer (por el domingo) a meter miedo”. Los vecinos del barrio Solidaridad, marcharon anoche por las calles del barrio, hasta llegar a la sede policial, para reclamar justicia por el asesinato de Nahuel y para repudiar la represión del fin de semana.

    “Han salido a decir por ahí, los mismos policías, que mi hijo andaba robando una moto, pero eso es mentira, porque somos una familia de trabajadores. Es una mentira de esos sinvergüezas y esto se tiene que terminar porque no queremos más una policía llena de delincuentes con máscara”. Mamerto Salvatierra resaltó que “esto se tiene que acabar en todo el país, porque ya no se puede aguantar más: los policías no vienen al barrio para apaciguar a los jóvenes como andan diciendo, vienen para insultarlos, para lastimarlos, para matarlos, como hicieron con mi hijo”.

    El padre de Nahuel denunció que “no pueden darle un arma a un violento, a un adicto, pero lo que pasó no va a quedar así porque no nos van a callar, todo el barrio salió a pedir justicia porque hay autores del crimen, pero también hay responsables que están en el gobierno, porque la policía depende del gobierno”. El diálogo telefónico con PáginaI12, fue posible gracias a la amabilidad de Soledad Romero, una vecina del barrio que trató de salvarle la vida a Nahuel, luego de verlo caer en la calle, herido de gravedad. “Lo vi temblar, tirado en el piso, y pensé que esa bala que lo mató podría haber sido para cualquiera de mis seis hijos, a los que estoy criando sola, trabajando como cocinera”.

    Soledad sostuvo que el domingo, desde la una de la tarde, los chicos del barrio, incluso de algunas zonas vecinas que tienen “cierta rivalidad por el fútbol y que se pelean por tonteras”, se habían juntado para construir una gruta en memoria de Nahuel. Pasadas las siete de la tarde, en medio de la oscuridad por “desde hace varios días, después del crimen de Nahuel, nos cortaron la luz, porque a los policías que están detenidos se los pudo identificar gracias a una cámara de seguridad”. Comentó que “aprovechando esa oscuridad provocada, entraron al barrio los móviles de la Infantería y de la comisaría local, que interrumpieron un partido de fútbol solidario organizado por los changos en una canchita del barrio y empezó una represión brutal, con golpes, corridas y balas de goma”.

    La mujer precisó que el operativo se hizo “en cuatro manzanas del barrio, justo en el lugar donde asesinaron a Nahuel, seguramente para asustar a los testigos que vieron todo y que saben bien lo que pasó el miércoles”. Según Soledad, al igual que otros vecinos que hicieron declaraciones a distintos medios de Salta, la represión policial “no sólo se concentró en los pibes, sino que se metieron en un montón de casas, donde rompieron muebles, ventanas, incluso en una vivienda en la que vive un chico discapacitado; fue una noche de terror la que vivimos”.

    La vecina dijo que ella y uno de sus hijos, de 14 años, fueron agredidos “por personal femenino de la policía, que nos tiraron varios disparos de balas de goma, creo, y no nos pegaron de casualidad nomás”. La mujer describió lo ocurrido “como si fuera una emboscada, algo traicionero, lleno de odio con los chicos, algo que nunca habíamos visto”. Soledad lamentó que haya ocurrido “semejante cosa, cuando todos los chicos, incluso los que tienen rivalidad entre ellos, se habían juntado para homenajear a Nahuel y para hacer las pases, como amigos, como changos que son”.

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    Liberan policías, detienen manifestantes

    Mar, 09/01/2018 - 13:07

    Fuente: Página/12

    Esta mañana se entregó Dimas Fernando Ponce. Está acusado de herir a un policía y el juez Torres le había negado la eximición de prisión. Desde el PO denunciaron "la diferente vara" utilizada por el juez para su caso y el del uniformado que atropelló intencionalmente con su moto a un joven de 19 años.

    El segundo militante del Partido Obrero acusado de haber agredido a un policía durante la manifestación contra la reforma previsional, Dimas Fernando Ponce, se entregó esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py luego de que el juez Sergio Torres le negara la eximición de prisión. Además de Ponce, continúa detenido el militante César Arakaki también acusado de agredir al uniformado. El juez sin embargo dictó la falta de mérito para el efectivo Dante Barisone, señalado como quien atropelló intencionalmente con su moto a un cartonero que trabaja en la zona donde ocurrieron los disturbios.

    Ponce fue esta mañana hasta los tribunales de Retiro acompañado de militantes del PO, que reclamaron la liberación de los dos manifestantes de ese partido. La abogada defensora de los acusados, Claudia Ferrero, sostuvo que las heridas del efectivo Brian Escobar -que sufrió fractura del hueso temporal del cráneo y pérdida de audición del oído izquierdo- son propias de una piedra arrojada a distancia por lo que nunca podrían haber sido infringidas por los detenidos que según el registro fotográfico portaban cañas.

    Hasta hoy, el único manifestante detenido por agresiones a policías era César Arakaki. El juez Torres, sin embargo, dictó ayer la falta de mérito y liberó al policía de la Federal Dante Barisone ante las contradicciones surgidas entre los efectivos de esa fuerza de seguridad que intervinieron en su identificación. Barisone había sido identificado por la división de Asuntos Internos como el conductor de la motocicleta que atropelló a Alejandro Rosado el 18 de diciembre. Al ser indagado por el juez tras quedar detenido, Barisone rechazó ser el de las filmaciones.

    “Tanto Arakaki como Ponce se presentaron ante la Justicia apenas se difundieron versiones periodísticas sobre su participación en la marcha. A pesar de esta disposición, el juez Torres les ha denegado a ambos la eximición de prisión”, se quejaron desde el Partido Obrero al señalar la diferencia de criterio de las detenciones de los militantes con la de los uniformados.

    “Muy diferente es la vara para los policías imputados en la brutal represión de ese día: el agente policial Barisone fue excarcelado porque sus jefes policiales -o sea quienes ordenaron la represión- no pudieron “acreditar” que fuera él quien atropelló con la moto a un manifestante. Aunque tampoco puede imputar realmente a Arakaki y Ponce, en este caso el juez ha resuelto la detención de ambos”, afirmaron desde la agrupación, que además convocaron una movilización a Comodoro Py para el próximo jueves.

    Categorías: Noticias regionales

    Cambió el año pero la persecución es la misma

    Jue, 04/01/2018 - 14:13

    Página/12

    La Justicia jujeña desempolvó una denuncia contra la dirigente social por supuesto “lavado de activos” y ordenó 21 allanamientos simultáneos. “Necesitan mantener el mito de la Milagro ladrona”, reaccionó la Tupac Amaru.

    En medio de la feria judicial, la Justicia jujeña desempolvó una vieja denuncia contra Milagro Sala por supuesto “lavado de activos” y ordenó 21 allanamientos simultáneos, uno de ellos concretado en la vivienda de la dirigente social y otros en propiedades donde se harán excavaciones para buscar dinero supuestamente enterrado. “Necesitan seguir con el show” y “mantener el mito de la Milagro ladrona”, acusó la organización Tupac Amaru, a través de un comunicado.

    La investigación recayó contra la líder de la organización social a solo 15 días de que se le otorgara la prisión domiciliaria en una vivienda que no es la suya y a menos de un mes de haber sido absuelta en una causa por amenazas a policías. Precisamente, el fiscal que recientemente pidió los allanamientos es Darío Osinaga, el mismo que acusó a Sala en ese caso ("de las bombachas") que la Justicia hizo caer por falta de pruebas.

    La “nueva” causa contra Milagro Sala data de febrero del año pasado y desde entonces no se habían dictado medidas de prueba. Está caratulada como “lavado de activos” e involucra también a su esposo, Raúl Noro, y a algunas de los integrantes de la Tupac Amaru que están detenidas, como Gladis Díaz y Mirta “Shakira” Guerrero. También a Marcos Quispe y Tito Fredy.

    El caso está a cargo del juez Isidoro Cruz, quien el 29 de diciembre pasado firmó las órdenes de allanamiento en la vivienda de Sala y remoción de tierra con retroexcavadoras en un predio de la localidad de El Carmen, en búsqueda de supuesto dinero enterrado. Esta metodología es similar a las que se puso en práctica en abril de 2016 en propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez. Por entonces, en el marco de la causa “la ruta del dinero K”, varias excavadoras buscaron bóvedas y cajas fuertes que nunca encontraron.

    “Empezamos el año con un nuevo show”, denunció la Tupac a través de un comunicado en el que afirma que el allanamiento realizado hoy en la vivienda real de Sala, ubicada en el barrio de Cuyaya, es el cuarto que se hace en el marco de distintas causas. Esto “demuestra que el Poder Judicial de Jujuy sigue al servicio del gobierno provincial como instrumento de persecución política”, añadió la declaración pública.

    La organización barrial también indicó que “se repite lo mismo que hicieron el año pasado, cuando en pleno enero iniciaron una causa vinculada con hechos de años anteriores, sin que mediara, como en este caso, urgencia alguna”.

    “Necesitan mantener el mito de la Milagro ladrona, de la Milagro violenta que no pueden sostener en los procesos judiciales en su contra”, remarcó el comunicado.

    Categorías: Noticias regionales

    Medios en señal de ajuste

    Jue, 04/01/2018 - 14:13

    Página/12

    Los trabajadores denunciaron que se filtró una lista con 34 despedidos entre personal artístico y administrativo, pese a que las señales se encuentran “al límite de funcionalidad” por la falta de gente.

    El ajuste en el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyC) no se detiene. Ayer, los trabajadores de los canales Encuentro, Pakapaka y DeporTV denunciaron que se comunicó extraoficialmente el despido de 34 trabajadores de esas señales, entre personal artístico y administrativo. Tal como viene sucediendo en los medios públicos, los trabajadores denunciaron –además– una suerte de “guerra psicológica”, porque si bien se filtró una lista con los nombres de los supuestos despedidos, y algunos de ellos fueron notificados por los directores de los canales y gerentes de cada área, lo cierto es que hasta el cierre de esta edición nadie había recibido un telegrama en el que se le comunicaba formalmente el fin de la relación laboral. Los trabajadores de las señales se encuentran en asamblea permanente, esperando que se inicie una mesa de diálogo con las autoridades de los canales. “Actualmente, las tres señales se encuentran al límite de su funcionalidad por falta de personal, quedando vacías áreas esenciales”, denunciaron los trabajadores en un comunicado, en donde subrayan que consideran “perverso, cruel y arbitrario el accionar del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, dirigido por Hernán Lombardi”.

    En medio de una ola de despidos, no renovación de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas puestas en marcha en los medios públicos en el último mes, la incertidumbre en torno al futuro inmediato de Encuentro, Pakapaka y DeporTV parece contar con bases sólidas. La posibilidad de que los canales culturales y educativos sean parte de un ajuste que termine redundando en un “vaciamiento” de hecho es un peligro que empieza a tomar forma, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que signaron a las señales que desde el año pasado dejaron de pertenecer al Ministerio de Educación para pasar a formar parte de la órbita que maneja Lombardi. El ajuste iniciado en Radio Nacional, Télam y la TV Pública también parece afectar a las tres señales que hasta la gestión de Cambiemos habían pasado a ser parte del zapping cotidiano de los argentinos.

    El fantasma del comienzo de un proceso de “vaciamiento” de Encuentro, Pakapaka y DeporTV tiene lógica. A la considerable merma en la producción de contenido propio que se produjo en los últimos dos años, se le suma ahora la que parecería ser una segunda etapa de ajuste. Hay un dato que asoma contundente: de la estructura de 200 personas con la que contaban las tres señales hasta hace un mes, la planta de personal disminuyó en casi un 50 por ciento. La primera sangría se produjo a fines de diciembre, cuando ante la falta de un horizonte fértil para las pantallas un total de 89 trabajadores se acogieron al plan de retiros voluntarios que abrió el SFMyC. En caso de que se efectivice el despido de 34 personas más, la planta de profesionales para abastecer técnica y artísticamente esas señales pasaría a ser de poco más de 70 personas, apenas el 35 por ciento del personal con el que contaba hasta hace un mes. Una situación que, incluso, puede agravarse, considerando que hay contratados cuyo vínculo vence a fines de febrero.

    “En diciembre de 2017 el gobierno cerró el departamento de contenidos de la TDA, dejando a 160 trabajadores en la calle. Paralelamente, se redujo a la mitad la planta de trabajadores de los canales Encuentro, Pakapaka y DeporTV mediante retiros voluntarios, a los que se suman el vencimiento de 22 contratos a fines de febrero”, detalla el comunicado. “Los trabajadores de las tres señales –cierra el texto– consideramos perverso, cruel y arbitrario el accionar del Sistema Federal de medios Y contenidos Públicos, dirigido por Hernán Lombardi”. Los trabajadores temen que, tras las versiones, rumores y anticipos informales, finalmente comiencen a llegar hoy los telegramas a los despedidos. En caso de que eso suceda, los delegados están mandatos a convocar a un paro inmediatamente.

    La situación de los medios que forman parte del SFMyC es delicada. Se sabe: reducir el funcionamiento de las señales a su mínima expresión, bajo la idea de únicamente mantenerlas al aire a puros “enlatados”, es una manera elegante de “apagarlas”. Una decisión que, además, disminuye el costo político y la repercusión que tendría el gobierno en caso de cerrarlas directamente. Un caso que sirve como antecedente es lo que ocurrió con el por entonces canal Ciudad Abierta (hoy rebautizado Canal de la Ciudad), que Mauricio Macri había anticipado en plena campaña electoral a jefe de gobierno en 2007 que lo iba a cerrar porque tenía “cero rating” y, tras el rechazo público de ciertos sectores, finalmente tuvo que volver sobre sus pasos. A medias: hoy es una señal que, lamentablemente, pocos saben de su existencia.

    Los trabajadores de Encuentro, Pakapaka y DeporTV anticiparon que caso de que no se abra una mesa de diálogo con las autoridades y que el plan de despidos se haga efectivo, tanto el área de Videoteca como el de Chequeo técnico de las señales desaparecerían, ya que se quedarían sin personal.

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    Represores con domiciliaria

    Jue, 04/01/2018 - 14:13

    Página/12

    El 2017 terminó con 1038 represores detenidos, 549 de ellos con arresto domiciliario. El año pasado se instruyeron 593 causas, que aún continúan en trámite, y se dictaron 200 nuevas sentencias. El 67 por ciento de ellas fueron apeladas.

    La reciente prisión domiciliaria para el genocida Miguel Etchecolatz, que desató el repudio de los organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad, no es un caso aislado entre los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, más de la mitad de los detenidos en las causas por violaciones a los derechos humanos se encuentran con arresto domiciliario. Los represores presos en domicilios son 549. La Procuraduría también informó que el 67 por ciento de las sentencias dictadas contra los represores fueron apeladas, por lo que se encuentran en alguna instancia de revisión, y que luego del fallo Muiña, donde la Corte Suprema aprobó el 2x1 para casos de lesa humanidad, hubo 118 condenados que pidieron acceder al beneficio.

    De acuerdo con los datos del diagnóstico elaborado por la propia Procuraduría, que coordinan el fiscal federal Jorge Auat y Carolina Varsky, el año que pasó fueron investigados 2.979 imputados, en un total de 593 causas que aún continúan en trámite, y se dictaron 200 nuevas sentencias en todo el país, aunque sólo 26 fueron definitivas. “A la fecha los Tribunales Orales han dictado 200 sentencias en todo el país. De ellas, 135 (67 por ciento) se encuentran aun transitando alguna instancia de revisión (…) y su resolución se encuentra pendiente”, confirmaron los fiscales.

    De las 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario -aunque en sólo seis causas ya está fijada la fecha de inicio del debate-, 98 causas están listas para comenzar el juicio y el resto, las 278 causas que faltan, continúan en etapa de instrucción.

    “Durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de los cuales 198 fueron condenados y 36, absueltos, según señalaron los fiscales en el informe, Entre quienes aún no fueron sentenciados, la situación procesal varía según la causa: hubo 701 procesados, a 164 imputados se les dictó falta de mérito y 62 fueron sobreseídos. “A diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, continuó el informe presentado por la Procuraduría.

    Además de los detenidos con prisión domiciliaria, 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

    El informe analizó también cuánto tiempo transcurre desde que se inicia la causa hasta que se obtiene la sentencia firme. En promedio, en las “causas firmes”, aquellas que ya no tienen pendiente instancias de revisión, transcurren 5 años y medios entre que se presenta el requerimiento de elevación a juicio y se obtiene la sentencia del último recurso tramitado ante la Corte Suprema de Justicia. En la causas “en trámite”, las que tienen sentencia pero esperan la elevación a juicio o pueden ser recurridas, la demora alcanza los 4 años y medio.

    “La instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF. Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses”, detallaron desde la procuraduría.

    En el informe, los fiscales hicieron hincapié en que “los responsables del trámite de las causas demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, lo que calificaron como un “cuellos de botella” que es necesario resolver.

    Categorías: Noticias regionales

    Conflicto por despidos en la planta de Envases Del Plata

    Jue, 04/01/2018 - 14:12

    Rubén Andrada, secretario General Adjunto de la UOM de Morón se refirió al despido de 20 operarios de Envases del Plata por participar de la marcha contra la #ReformaPrevisional.

    Veinte trabajadores fueron echados ayer en la fábrica de envases Del Plata de Palomar. Los trabajadores se enteraron de su situación al querer ingresar a la planta.

    El delegado de la UOM, Agustín Colovos, remarcó que se trata de una maniobra de “disciplinamiento”. La fábrica está tomada por tiempo indeterminado y la Policía Bonaerense rodeó la zona.

    El delegado Agustín Colovos cuenta la situación: “El 80 por ciento de lo que producimos acá son envases de aerosol, para los desodorantes. También hacemos el papel de alumnio del interior de los paquetes de cigarrillo, y el envoltorio de chiclets. Nosotros, que estamos adentro y vemos lo que se produce, sabemos que estos despidos no responden a la crisis. El año pasado la producción bajó y la empresa cerró una planta en San Luis y con eso se estabilizó. Lo que tenemos ahora es un intento de flexibilizar las condiciones de trabajo. Quieren imponer la multifunción en dos áreas, mantenimiento y compactado.”

    “En el área de compactado nos plantean que una persona haga el trabajo de dos. En mantenimiento también quieren hacer modificaciones, disponer de los trabajadores que se ocupan de un sector para que pasen a desempeñarse en todos de manera indistinta. Si lo aceptamos, esto termina en el achicamiento de la planta”, explicó el delegado de mantenimiento Jorge Villalba.

    Anoche, seguía el paro y en la puerta un grupo de operarios mantenía una guardia. En las esquinas, también se mantenían en espera los patrulleros y camionetas de la policía.

    Categorías: Noticias regionales

    Más de 700 despidos en los municipios de Cambiemos

    Jue, 04/01/2018 - 14:12

    En sintonía con las políticas del Gobierno Nacional, de achicar el Estado, el intendente Ramiro Tagliaferro envió cien telegramas de despidos a los trabajadores municipales. Los que llegarían a 500 en los próximos días.

    El recorte se hace efectivo en las áreas del Centro de Desarrollo Infantil, Niñez y Juventud, personal de la Casa de Abrigo para personas en situación de calle, y en las direcciones de Empleo, Políticas Ambientales, Higiene, Vialidad, Educación, Salud, entre otros sectores.

    Protesta contra despidos en el Municipio de Quilmes

    En el mismo tono el intendente de Quilmes Martiniano Molina cesantea a trabajadores municipales.

    La protesta de los empleados se centró en el reclamo de la reincorporación de los 450 compañeros cesanteadas en áreas sensibles como hospitales, guarderías públicas y en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia.

    Molina argumenta que se trata de 222 puestos de trabajo, el objetivo es el de "ahorrar" 100 millones de pesos anuales y "hacer un Estado más ágil y más eficiente".

    En algunos casos los trabajadores tienen hasta 12 años de antigüedad y cumplen funciones muy importantes para el municipio.

    También hubo despidos masivos en la Municipalidad de Tres de Febrero

    Valenzuela, de Tres de Febrero en consonancia presentó su plan de ajuste echando cerca de 400 empleados.

    Los trabajadores se enteraron en la puerta de la municipalidad que habían sido despedidos.

    "Contrataron a 30 personas para servicios urbanos, o sea que no es un tema de falta de presupuesto porque esta gente ingresará con un sueldo mayor al nuestro", contó una las trabajadoras cesanteadas.

    Categorías: Noticias regionales

    Solidaridad con los trabajadores de medios despedidos

    Mié, 03/01/2018 - 17:03

    La mesa nacional de la CTA se solidariza con los trabajadores de prensa despedidos en lo que va del año y durante el 2017 de Radio Nacional, Télam y Televisión Digital Abierta.

    Mientras desde el gobierno, los funcionarios proclaman inaugurar tiempos de libertad de expresión y pluralidad de voces, las políticas de precarización y despidos de los trabajadores de comunicación y achique del Estado cercenan los derechos a informar y estar informado.

    Expresamos toda nuestra solidaridad en esta lucha frente a la política de estigmatización, vaciamiento y ajuste de los medios públicos por parte del gobierno nacional, con una lógica de mercado y de restricción de la palabra en democracia.

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    Impunidad en Ascenso

    Mié, 03/01/2018 - 15:36

    www.santiagomaldonado.com

    Ascienden a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.

    En el Boletín Oficial del día de hoy se publica la Resolución 1473-E/2017 del Ministerio de Seguridad, por la cual se dispone el ascenso de varios gendarmes(entre otros) del gendarme Emmanuel Echazu.

    Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago.

    El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas.

    Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos.

    VERDAD y JUSTICIA x SANTIAGO.

    #JusticiaParaSantiago

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    El premio por la represión

    Mié, 03/01/2018 - 15:36

    Fuente: Página/12

    La ministra de Seguridad oficializó hoy la promoción del gendarme Emmanuel Echazú. Fue uno de los que persiguió a los integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen hasta la vera del Río Chubut, lugar donde más tarde fue encontrado el cuerpo del joven desaparecido durante la represión.

    El Ministerio de Seguridad ascendió al subalférez Emmanuel Echazú, el único efectivo de la Gendarmería imputado en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, causa que continúa caratulada como desaparición forzada de persona. El gendarme fue uno de los que en la represión de la Gendarmería contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen persiguió a los integrantes de la comunidad, con quienes estaba Santiago, hasta la vera del río Chubut, algo que en principio la propia fuerza se había encargado de negar.

    La promoción del gendarme fue firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y publicada esta mañana en el Boletín Oficial junto a los nombres de otros efectivos ascendidos. Según detalla la resolución, la promoción fue considerada “por el respectivo organismo de calificación, no existiendo impedimentos para su promoción al grado inmediato superior".

    Echazú, que integra el Escuadrón 36 de El Bolsón y es el único imputado en el caso por Santiago Maldonado, fue ascendido “al grado inmediatamente superior” al de subalférez que poseía hasta el 31 de diciembre de 2017. En la causa por la desaparición forzada de Maldonado, Echazú había declarado bajo juramento que recibió un piedrazo de los mapuches al borde de la ruta 40, en la entrada a la comunidad mapuche, lo que habría utilizado como argumento la fuerza federal para ingresar en la comunidad bajo la figura de "flagrancia" y así forzar la orden judicial que solo habilitaba despejar la ruta. Sin embargo, su declaración se contradice con las imágenes que lo muestran a la vera del río Chubut ensangrentado, por lo cual el juzgado de Esquel había pedido que se realizaran peritajes para definir el origen del sangrado.

    Echazú fue ascendido junto a otros integrantes de la Gendarmería. En los fundamentos de la resolución se aclara que la promoción de los gendarmes estaba "supeditada a causas o situaciones que al presente se encuentran superadas".

    Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1º de agosto pasado durante un operativo violento realizado por Gendarmería Nacional dentro de la comunidad mapuche de Cushamen, en el noroeste de la provincia de Chubut, luego de haber despejado un corte de ruta realizado por miembros de ese Pu Lof. El cuerpo del joven artesano fue encontrado 78 días después de la represión, el 17 de octubre pasado, en aguas del Río Chubut. Si bien las pericias concluyeron que Santiago Maldonado murió ahogado, la Justicia no pudo establecer aún las circunstancias en las que se produjo el deceso.

    La fiscal que interviene en el caso, Silvina Ávila, había solicitado el cambio de carátula de la causa de "desaparición forzada" a "muerte dudosa" pero el planteo fue rechazado en los últimos días de diciembre pasado por el juez federal Gustavo Lleral.

    Categorías: Noticias regionales

    La Ciudad llama a audiencia para subir el subte al menos a $ 9,50

    Mié, 03/01/2018 - 15:36

    Sincronizado con el anuncio del Ministerio de Transporte, el Gobierno porteño anunciará la convocatoria a la audiencia pública prevista por ley para aumentar el boleto del subte, sin cambios desde octubre de 2016.

    La empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) será la que convoque a las partes a discutir formalmente sobre la "tarifa técnica", es decir, sin la subvención que sale de las arcas porteñas, para luego proponer una tarifa final al usuario en torno a $ 9,50 o $ 10.

    Sin entrar en detalles, desde Parque Patricios reconocieron que el llamado será cuanto antes, de ser posible en enero, para acompañar la suba en colectivos y trenes, y evitar más un traslado del tráfico bajo tierra.

    Hace un año, Sbase hizo un fallido intento por avanzar con una tarifa a $ 10, tras advertir que el precio final del viaje oscilaba en los $ 15,80 (sin IVA). Sin embargo, la conducción de la compañía estatal, entonces en manos de Edgardo Campelo, se desdijo y frenó todo avance.

    La semana pasada, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, oficializó por decreto la renovación por un año de la concesión del subte para Metrovías. La empresa, perteneciente al grupo Roggio, también recibió una prórroga de 18 meses del Ministerio de Transporte para continuar explotando el ferrocarril Urquiza, que controla desde 1994.

    Categorías: Noticias regionales

    Casi mil puestos de trabajo en peligro

    Mié, 03/01/2018 - 15:36

    Desde el Ministerio de Educación confirmaron el cierre de al menos tres de los catorce postítulos. Los representantes de los trabajadores aseguran que también desalientan las inscripciones con el fin de desmantelar el programa.

    Los trabajadores del Programa Nuestra Escuela denunciaron que el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, busca poner fin al plan que permite que miles de docentes de todo el país accedan a un posgrado gratuito a través de cursadas de capacitación en línea. En el programa trabajan 900 tutores contratados, muchos con convenios que vencieron el 31 de diciembre. “Nos adelantaron que a partir de marzo sólo van a recontratar a un grupo pequeño. El ministerio confirmó el cierre de tres de los catorce postítulos, y su política es desalentar las inscripciones en el resto, para desmantelar el programa”, señaló Andrea Iotti, del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Virtuales Nuestra Escuela.

    Los tres postítulos cerrados son Derechos Humanos, Ciencias Sociales y TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación). En estos tres cursos –con una duración de dos años– ya no fue posible inscribirse en 2017, por lo que los alumnos que quedan para 2018 son un reducido número de los inscriptos en 2016, a los que todavía les restan algunas materias. “Se supone que deberían recontratar a una parte de los tutores para que esos docentes puedan terminar su formación, pero hasta ahora no llamaron a nadie. Los coordinadores nos anticiparon que para completar Derechos Humanos sólo habrá trabajo para cuatro o cinco de los cuarenta que nos desempeñamos en el área hasta diciembre”, señaló Gabriel Apella, integrante del cuerpo docente del postítulo en Derechos Humanos.

    Por la precaria modalidad de contratación, el número de personas que perderán su trabajo no es claro. Esta sola situación aumenta el miedo entre los afectados. En el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Virtuales Nuestra Escuela, Andrea Iotti contabilizó 110 despidos sólo con el cierre de los tres postítulos. La estimación en el Colectivo es que, a corto o mediano plazo, habrá 700 tutores que perderán sus horas. En la Junta Interna de ATE el número que manejaban anoche era mucho más bajo, de 50 contratos no renovados. Sin embargo, también allí aclaraban que el número podría ir en aumento.

    Esto es porque los tutores son contratados según la cantidad de alumnos que se inscriban. A más inscriptos se abren más aulas virtuales, y ante su reducción sobreviene su cierres.

    Aunque hay once postítulos que siguen abiertos, vienen en proceso de ser desarmados: a fines de 2016, en medio de los miles de despidos en Educación, el entonces titular de la cartera, Esteban Bullrich, firmó una resolución para restringir el régimen de las cursadas virtuales del Programa Nuestra Escuela. Las protestas de los tutores, que tomaron la sede del ministerio, y el apoyo de los docentes, que no quieren perder su principal instancia de capacitación gratuita, a cargo del Estado, obligó a Bullrich a dar marcha atrás con la medida.

    El ministerio, sin embargo, continuó con una política para desalentar el número de inscriptos, con lo que a lo largo de 2017 hubo sucesivas tandas despidos encubiertos: se perdieron así 900 puestos de trabajo.

    “Tuve bronca y dolor cuando (el presidente Mauricio) Macri, el 10 de diciembre, presentó el plan nacional de Derechos Humanos en el que asegura que abrieron un Postítulo de Derechos Humanos en 2017... una gran mentira, porque lo que hicieron fue lo contrario, cerrarlo”, agregó Apella. El tutor apuntó el anuncio del presidente incluyó la promesa de formar a tres mil docentes en derechos humanos, aludiendo en realidad a los 3000 egresados de este postítulo inscriptos durante la gestión anterior o en los meses previos a que el gobierno de Cambiemos cerrara este postítulo.

    Un recurso de amparo presentado durante el conflicto del verano pasado impidió la reforma que implicaba que un alumno que hubiera reprobado o abandonado una materia no pudiera recursarla.

    “Ahora se dispuso que solo puedan seguir cursando hasta agosto quienes se inscribieron en 2016. Los que hayan empezado en 2014 o 2015 ya no tendrían la chance de finalizar su posgrado. Para recibirte tenés que tener diez materias aprobadas. Hay gente que tiene nueve. Se pidió que se pueda abrir uno o dos cursos para que se puedan recibir y les dijeron que no”, añadió Apella.

    Diego Camares, trabajador del postítulo de Ciencias Sociales, dio un panorama idéntico: “hubo una primera reducción de contratos en febrero, y otra en julio. Ahora todo indica que vienen por un tercer recorte todavía mayor: lo único que pudo decirme la coordinadora de mi postítulo es que iba a haber una contratación muy mínima porque van a filtrar a quién le permiten completar los módulos para tener su título. Lo más grave de toda la situación es que están violando de una manera tremenda el contrato académico de los cursantes, que están haciendo una especialización aprobada por el Consejo de Educación, porque todas las provincias participaron en el diseño del Programa. Pero a los docentes que hacen la capacitación en ningún momento les dijeron que les iban a poner un lapso para terminar las materias. Contra el discurso permanente de que quieren mejores docentes, la realidad es que desmontan la instancia mas importante de capacitación de los maestros”.

    Imagen: Arnaldo Pampillon

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