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    LA EMIGRACIÓN VENEZOLANA

    Lun, 24/09/2018 - 10:51

    Por Pablo Siris Seade   ***

    Muchos han sido los medios del mundo que por estos días se han hecho eco de la supuesta crisis humanitaria, o crisis migratoria que se vive en Venezuela y muchas son también las voces, que a priori podemos suponer bienintencionadas que se han hecho eco de preocupaciones en torno a esto. Sin embargo, hay tela para cortar en torno a este tema. Veamos.

    Algunos datos previos

    Según la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por su sigla en inglés), el flujo internacional de migrantes se ha mantenido estable en los últimos años en términos porcentuales y sus fluctuaciones se deben fundamentalmente al incremento poblacional de la humanidad.

    La migración ha sido un fenómeno natural a lo largo de la historia y tiene múltiples explicaciones. Algunas zonas del planeta han sido alternativamente emisoras y receptoras de migrantes en función de su situación política, económica y social, así como de conflictos bélicos, religiosos, étnicos o de fenómenos naturales y climáticos.

    Esto ha sido así desde el principio de los tiempos y miles de millones de personas a lo largo de todo el planeta pueden dar fe de ello.

    Una de cada 30 personas en el mundo, según la IOM es migrante (244 millones de personas de los 7.300 millones de seres humanos que habitan el planeta), un poquito más de hombres que de mujeres (52%) y el 72% de ellos en edad de trabajar (20-64 años).

    El continente con mayor número de migrantes es Europa, seguido por Asia, América del Norte, África, América Latina y el Caribe y, finalmente, Oceanía.

    Los países con mayor número de personas que residen fuera de su país de origen -siempre de acuerdo a la IOM- son India, México, Rusia, China, Bangladés, Pakistán, Ucrania, Filipinas, Siria, Reino Unido, Afganistán, Polonia, Kazajstan, Alemania, Indonesia, Rumania, Egipto, Turquía, Estados Unidos e Italia.

    Aunque en algunos de estos casos la explicación pudieran ser diversas crisis, obviamente en otros casos no es así y la cifra se explica simplemente por las dimensiones poblacionales de esos países.

    Los países de los que han salido el mayor número de refugiados son Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Somalia, Sudán y la República Democrática del Congo.

    En cambio, los países que han recibido el mayor número de refugiados son Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Uganda y Etiopía.

    En América Latina los 20 países con mayor número de emigrantes son México, que suma más que todo el resto del continente, seguido por Colombia, Brasil, El Salvador, Ecuador, Cuba, Perú, Haití, República Dominicana, Guatemala, Jamaica, Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Chile, Guyana y Costa Rica.

    El caso de Guyana es particularmente significativo, porque casi el 60% de su población ha migrado de su país de origen, le sigue Jamaica (38%), El Salvador (24%), Paraguay (13%), República Dominicana (12%), le siguen todos los países antes mencionados y en el penúltimo lugar de este top 20 Venezuela con cerca del 3%.

    ¿Qué pasa con Venezuela?

    Como veíamos antes, de acuerdo a las cifras de la IOM, Venezuela no es el país con más migrantes ni en números absolutos ni en porcentaje de su población.

    No se pretende en esta nota, sin embargo, negar la realidad: el fenómeno migratorio venezolano es importante y novedoso. Tan importante es que el Gobierno de Nicolás Maduro lanzó un plan denominado “Vuelta a la Patria” para ayudar a los venezolanos y venezolanas que están fuera del país y desean retornar.

    El primer resultado de esto fue un vuelo con 98 personas que retornó desde Perú el pasado lunes y mientras se escriben estas líneas están retornando más de 200 personas desde Brasil.

    Quienes buscan retornar han sufrido mil y una penurias en sus países de “acogida”, donde se han encontrado en que una cosa es el discurso de sus gobernantes y otra cosa el trato que reciben quienes allí llegan.

    Desde trata de personas, superexplotación, prostitución forzada, estafas, falsas promesas, de todo han vivido los venezolanos y venezolanas que han salido de su país.

    Los heridos de la guerra económica, las “víctimas colaterales” del intento por destruir la Revolución Bolivariana son gente de carne y hueso, con aspiraciones, necesidades y sueños. A ellos, dentro o fuera del país, se dirige una nueva política de Estado destinada a brindarles respaldo y posibilidades ciertas de un retorno seguro y protegido por el Gobierno que los incorpora de inmediato al sistema de protección social.

    La misma protección social que el Estado venezolano le brinda a los 5:600.000 colombianos y colombianas que viven en el país, o a los 500.000 de origen peruano, o a los 400.000 que nacieron en Ecuador.

    Para muestra, algunos botones:

    • Una de cada cinco viviendas de las más de dos millones que ha construido la Gran Misión Vivienda Venezuela (438.110 para ser precisos) han sido entregadas a familias colombianas.
    • Siete de cada cien nacimientos en el país son de padres colombianos.
    • Un millón de cajas de los CLAP son entregadas cada mes a familias compuestas por originarios de Colombia.
    • El 17% de todas las consultas médicas realizadas en el sistema de salud pública son realizadas por ciudadanas y ciudadanos colombianos.

    Es fácil saberlo, porque Venezuela además ha cedulado a estos millones de personas, otorgando residencia indefinida y la nacionalidad por naturalización a quienes así lo han solicitado.

    Y, sin embargo, Venezuela no ha declarado emergencia humanitaria ni recibe un solo dólar por parte de Estados Unidos u organizaciones internacionales humanitarias.

    Todo lo contrario, desde hace ya cinco años Venezuela está sometida a un terrible bloqueo financiero internacional que no le permite obtener crédito ni comprar productos imprescindibles para la vida de sus habitantes (aun teniendo los recursos para poder hacerlo).

    Incluso se han congelado fondos públicos en diversos bancos de forma que el dinero de todo el pueblo venezolano ha sido secuestrado en distintas instituciones financieras de Europa y Estados Unidos.

    El papel de los medios de comunicación

    Mientras algunos gobiernos del continente plantean políticas discriminatorias de migración (expulsan -por ejemplo- a dominicanos y haitianos pobres, pero les dan residencia automática a venezolanos profesionales de capas medias), los medios de comunicación juegan el papel del coro en el antiguo teatro griego, que justificaba y ensalzaba las acciones de los agonistas, como se conocía a los actores.

    Silencian deliberadamente las crisis humanitarias en Siria, Yemen, Birmania, Iraq, o minimizan la inmensa migración desde Centro América (especialmente México) a Estados Unidos, o simplemente desprecian las migraciones ecuatoriana, peruana, paraguaya, mientras amplifican absurdamente y de forma sincronizada la migración venezolana.

    A conciencia esconden segmentos de la historia, como que por cada venezolano que hay en Colombia, más de nueve colombianos viven en Venezuela.

    Quizás el dato más revelador que entrega la propia IOM sea el trabajo que realizó en distintos pasos de la frontera colombo-venezolana con personal de la Cancillería del primero de los países.

    En este monitoreo, se revela que durante el mismo cruzaron la frontera con dirección a Colombia 224.804 personas, mientras que 252.565 lo hicieron con dirección a Venezuela. Fueron más quienes se dirigieron desde Colombia a Venezuela que viceversa.

    En el mismo estudio realizado por el gobierno colombiano y la Organización Internacional para las Migraciones se revela que el 69% de las personas que ingresaron a Colombia tenían por objeto retornar el mismo día a territorio venezolano, mientras que solamente el 5% preveía permanecer en el país y un 3% se dirigía a terceros países.

    El 52% de quienes cruzaron la frontera era para hacer compras en territorio colombiano (fundamentalmente alimentos y medicamentos), mientras que un 14% trabajaba en ese país (sobre todo en los sectores servicios y comercio).

    Pero el dato más revelador, que los medios ocultan concienzudamente es que dos de cada tres de quienes viajan a Colombia desde Venezuela son colombianos que deciden retornar a su país de origen o personas que tienen doble nacionalidad.

    Ocultar estos datos, que son de conocimiento público y han sido presentados en distintas instancias, equivale a mentir sin tapujos.

    El fenómeno venezolano es importante, sin duda, pero no es mayor (de hecho, como ya vimos es mucho menor) al del resto de las naciones de nuestro continente y es mínimo en relación a los 244 millones de migrantes que circulan a lo largo y ancho del planeta.

    Mire en su entorno cercano, seguramente en su propia historia, y verá por todos lados gente que ha llevado sus sueños a la espalda y ha atravesado el mundo, muriendo cada día por estar lejos de lo que más ama, pero construyendo con tesón y sacrificio el nuevo rostro del futuro de la humanidad.

    https://cajaderespuestas.blogspot.com/2018/08/la-emigracion-venezolana.html?spref=tw

    Categorías: Noticias regionales

    ALGUNAS FLECHAS PARA LA COMUNICACIÓN POPULAR

    Sáb, 22/09/2018 - 19:33

    Por Geraldina Colotti   ***

    De diferentes y competentes partes (por ejemplo Aram Aharonian “Enfrentar la guerra de quinta generación con arcos y flechas?”), uno se pregunta acerca de la asimetría de los medios disponibles en la comunicación popular para desenmascarar la guerra mediatica y su “cuento al revés”.

    Un tema discutido dentro del PSUV en su IV Congreso, que dedicó una de sus siete líneas a la organización de la solidaridad internacional. Proponemos entonces algunas “flechas” para el debate.

    La construcción de una opinión pública manipulada con fines belicos, conservadores y xenófobos es un elemento fundamental de las guerras de nuevo tipo. Guerras de cuarta o quinta generación, conflictos abiertos o latentes que producen un estado permanente de alerta: contra un “enemigo” interno o contra “demonios” que vienen del exterior, si es necesario activados por los mismos gendarmes globales para mantener a la sociedad bajo control.

    De norte a sur, la concentración de grandes corporaciones mediaticas permite la diseminación de contenidos devidamente domados por el mismo patrón, pero adaptados a cada contexto. Una gigantesca “guerra contra los pobres” está en marcha por parte de el gran capital internacional, que requiere instrumentos cada vez más sofisticados. Potentes y penetrantes, las agencias de inteligencia estudian los comportamientos colectivos, desencadenan ordas de ONG, financian periódicos, academias y sindicatos para construir un “cuento” hegemónico contra el cual es imposible oponerse sin sentirse un “paria”, inevitablemente excluido de los círculos que cuentan.

    Una situación aún más complicada por la proliferación de las redes sociales donde la difusión y multiplicación inmediata del mensaje facilita la imposición de la “postverdad”: la de un mundo sin enlaces en el que una miríada de “opiniones” fluctúa sin una perspectiva general e incluso sin lógica

    Y así, en los países europeos, gracias también al papel de los medios, donde la presencia de ciertos personajes ha sido constante, se ha construido el consenso a figuras xenófobas como Matteo Salvini, el actual ministro del Interior italiano. Dentro de las “sociedades democráticas” se está legalizando el fascismo, existe el retorno de “comunidades cerradas”, que basan su “cohesión interna” en la violencia y la exclusión de los diversos, en la lucha del penúltimo contra el último de la escala social.

    La construcción de la opinión pública con fines bélicos requiere identidades colectivas “autistas”, predispuestas a “consumir” el negocio del control, la solución policial de los conflictos y el uso de la justicia con fines políticos. Las guerras de cuarta y quinta generación implican la internalización del miedo, la lucha de todos contra todos, y sirven para enmascarar la crisis sistémica en la que se debate el modelo capitalista.

    La “estrategia de la confusión” impuesta por el capital a través de grandes conglomerados mediaticos tiene como objetivo desviar la ira de las masas empobrecidas de los objetivos reales, lo que les impide reconocer a los amigos de los enemigos.

    La lucha contra el latifundio mediático es, por lo tanto, un elemento esencial del cambio estructural de las relaciones de propiedad, tanto a nivel nacional como mundial. Una lucha que también puede parecer desesperada, dada la desproporción de los medios existentes entre los pueblos que quieren el cambio y las fuerzas que lo impiden.

    Un dato particularmente dramático en las llamadas “sociedades complejas”, especialmente en los países europeos, donde nació el movimiento obrero. Para una clase que prontamente había aprendido el orgullo de ser portadora de un mundo diferente, alternativo y mejor. Ese orgullo le fue robado, la dignidad le fue robada. Hoy parece estar animada solo por la compulsión al consumo, y enojada porque ya no puede hacerlo, dispuesta a creer en la fábula del inmigrante que “le roba el trabajo” y unirse detrás de los partidos xenófobos o los falsos soberanismos.

    Necesitamos reconstruir la conciencia de que el mundo es un producto de la lucha de clases, que la fuerza ideológica deriva de la fuerza material. Necesitamos reconstruir una conexión fructífera entre el etos colectivo y la racionalidad. Necesitamos una batalla de las ideas que multiplique los contenidos del conflicto sobre la base de principios firmes: los del anticapitalismo, el antiimperialismo, y de una revolución capaz de cruzar el pensamiento de género con la lucha de clases.

    Principios que guían el proceso bolivariano, enunciados en el Libro Rojo y en el libro Violeta del PSUV, reconfirmados por el IV Congreso. Un partido que dirige y orienta un bloque social anticapitalista capaz de tener juntos los sujetos históricos “tradicionales”, protagonistas de la lucha de clases en el siglo pasado, y también las masas “plebeyas” excluidas del poder de decisión en los países de la democracia burguesa.

    Una organización colectiva en la que los individuos cuentan como portadoras y portadores de un proyecto común y superior, el del socialismo. Un proyecto que existe y resiste y que ha durado casi veinte años.

    Y este es el primer punto, la primera apuesta, que debemos valorizar, explicar, problematizar: podemos asumir y mantener una dirección de marcha diferente a la capitalista incluso sin haber llevado a cabo una revolución armada.

    Se puede, si la palabra “revolución” se convierte en un motor permanente en la construcción del consenso hacia una sociedad diferente, una palanca para vaciar y destruir el viejo estado burgués desde adentro.

    Es posible, si la unidad se basa en los contenidos, si se buscan las alianzas para la construcción del bien común.

    Podemos, si la nueva “revolución” no olvida el motor que la puso en marcha, las mujeres y hombres que dieron sus vidas por esto: en los años 60 y 70 y antes.

    Tres ejemplos para dar confianza a todos las camaradas y los compañeros que, en otras partes del mundo, han intentado y tratan de poner en marcha procesos de cambio radical contra la penetración masiva del sistema capitalista.

    La arrogancia belicosa contra Venezuela bolivariana, la guerra económico-financiera, la guerra mediática, el intento de masacre con el que drones con explosivo piloteados por Colombia y Estados Unidos deberían haber matado al presidente Maduro y decapitado a la dirigencia chavista, indican el nivel al que se tiene que equipar cualquier fuerza verdaderamente alternativa que combate por un cambiamento estructural del sistema capitalista.

    El ataque a la integración latinoamericana indica que, en contra del imperialismo, la construcción de un bloque regional es necesaria para fortalecer a los estados. Un bloque no basado en la asimetría y en los intereses de los más fuertes, como la Unión Europea, sino dirigido a construir una nueva independencia, mirando a las relaciones Sur-Sur y no a las recetas de los estados capitalistas.

    Para accoralar a Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, el imperialismo esta erosionando las alianzas regionales (Unasur, Alba, Mercosur), construidas en los años del “renacimiento” latinoamericano por impulso de Cuba y Venezuela. Lo hace utilizando el gobierno ecuadoreño de Lenin Moreno como caballo de Troya, para reabrir las puertas del viejo patio trasero.

    E incluso en este punto, necesitamos informar y reflexionar: porque el imperialismo, sabemos, hace su trabajo, pero las fuerzas que se oponen a él deben saber cómo hacer bien el propio. ¿Por qué Venezuela bolivariana resiste y Ecuador no? Porque el proceso bolivariano se basa en al menos tres puntos fuertes principales: haber questionado a fondo las relaciones de propiedad; haber desarrollado en este sentido la conciencia de clase de los sectores populares, constantemente movilizados e involucrados en las decisiones del gobierno; haber construido y sedimentado el consenso, inicialmente contando con la relación de identificación directa entre el pueblo y el líder (“Todos somos Chávez”), y luego apostando en la organización del partido como motor y como “intelectual colectivo”.

    También es necesario informar y reflexionar sobre otro punto, el de la judicialización de la política. Desde Brasil hasta Argentina, desde Ecuador hasta Colombia y Venezuela, la burguesía intenta deshacerse de sus oponentes políticos utilizando el poder judicial: contra Lula, contra Cristina Kirchner y la diputada argentina Milagro Sala, contra Rafael Correa, contra el partido de las Farc. Y también contra Maduro a través del grotesco (y costoso) “TSJ en el exilio”, con el que un grupo de delincuentes intentan derivar al presidente legítimo de Venezuela a la Corte Penal Internacional.

    El uso del poder judicial con fines políticos es una tendencia global, cuyos orígenes conducen a los “maxi- juicios” contra los presos políticos de los años 70 en Italia, Alemania y Francia. Continúan con el “maxi-juicio” de “Mani pulite” en la década de los 90 con el que la burguesía italiana ha tratado de cambiar sus referentes políticos, frente a una izquierda incapaz de juzgar a sus enemigos en las calles y no en los tribunales. Y llegan a los años actuales, donde la tendencia a reducir las cuestiones sociales a una cuestión de orden público es una práctica común de los gobiernos capitalistas europeos. Como sabemos, “Mani pulite” inspiró el proceso Lava Jato en Brasil.

    Otra correlación importante es el uso de los organismos internacionales subordinados a los EE. UU. y de las multinacionales del humanitarismo contra los gobiernos que no se arrodillan a la voluntad de Washington y de sus lacayos. Lo vemos una vez más en el ataque de Almagro contra Venezuela, en el del “Grupo de Lima”, y en las sanciones económicas y financieras impuestas por Trump y Europa. La victoria de la derecha en América Latina y la traición de Lenin Moreno ha llevado a las instituciones internacionales a personajes como el ex fiscal colombiano Alejandro Ordoñez, llamado Torquemada, que fue la mano dura de Uribe en el poder judicial.

    Apoyar el proceso bolivariano en Venezuela implica una doble responsabilidad: la de saber cómo responder a las mentiras imperialistas, pero sobre todo la de actuar, de construir una fuerza que se oponga a la actividad criminal de los gobiernos capitalistas en cada país. El sueño de la Patria Grande que Bolívar quería no es solo de América Latina, sino de todas las revolucionarias y revolucionarios que oponen el proyecto socialista a las “pequeñas patrias” de la xenofobia. Un proyecto que no tiene fronteras.

    http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/27/algunas-flechas-para-la-comunicacion-popular/

     

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    LA INDUSTRIA DEL ARREPENTIDO, EL CORAZÓN DEL LAWFARE

    Sáb, 22/09/2018 - 19:27

     

    Por Claudio Fabian Guevara   ***

    Los cuadernos del chofer Centeno en Argentina son otro capítulo del show de “filtraciones” y “arrepentidos” que envilece la esencia del Estado de Derecho. Por qué la causa distrae a las audiencias con un falso combate a la corrupción, mientras ocurren acelerados procesos de recolonización.

    La administración colonial de Mauricio Macri en Argentina ha desatado una nueva oleada de detenciones en base a otra megacausa judicial especialmente diseñada para su impacto mediático: los cuadernos del chofer Centeno. El relato sostiene que el chofer de un funcionario kirchnerista de segunda línea anotó pacientemente durante una década en 10 cuadernos los recorridos que hacía su jefe recogiendo sobornos de grandes empresas y entregando lo recaudado en distintos circuitos del poder político.

    La causa es débil desde el principio: el chofer Centeno tiene antecedentes penales, fue denunciado por su propia esposa como extorsionador, y su credibilidad sería escasa para cualquier tribunal imparcial. Por otro lado -y esto es más grave- los cuadernos ya no existen: Centeno dijo haberlos quemado. De ellos solo quedan unas fotocopias no peritables, que llegaron a manos de dos periodistas del diario oficialista La Nación, que impulsaron la denuncia.

    El procedimiento judicial correspondiente sería secuestrar esa evidencia, tomarle la declaración al chofer Centeno e investigar si los datos recogidos en los cuadernos tienen validez, y luego en todo caso citar a declarar u ordenar detenciones.

    Es fácil conjeturar que se trata de cuadernos apócrifos. La calidad literaria de los escritos del chofer -repletos de detalles, comentarios y anécdotas que alimentan desde hace días la comidilla de la Santa Inquisición Mediática- no se corresponden con la escasa fluidez verbal de su presunto autor. Además, sólo un funcionario judicial despistado puede no considerar que en la sociedad actual abundan las conspiraciones y los armados de causas.

    Sin embargo, el procedimiento judicial es el inverso: se procede de inmediato a ordenar decenas de detenciones y comparecencias, tanto de funcionarios aludidos como de grandes empresarios, que inician otro capítulo indecente de la crónica cacería de brujas. Los altos empresarios detenidos son liberados en pocas horas, si “colaboran” y “confiesan”.

    Arrepentirse o marchar preso

    “Hasta ahora el criterio que manejan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en el expediente es que el que confiesa, se arrepiente y aporta algún dato que consideren relevante, sale en libertad. El que no habla, queda preso”, resumen Irina Hauser y Raúl Kollman en Página 12.

    Ante esta extorsión organizada, que es seguida por los flashes de los fotógrafos y las cámaras de TV, se produce una lluvia de “arrepentidos que confiesan”, aunque sin autoincriminarse.

    En una investigación judicial seria es clave que se determine la correspondencia de esas confesiones con datos probatorios. Por ejemplo, en la investigación de Lava Jato en Brasil, que algunos comparan con lo que sucede en Argentina, las coimas de Odebrecht tienen números de cuenta, en Hong Kong, Suiza y otros destinos, con montos detallados.

    Hasta ahora, nada de eso sucede en Argentina. La línea que va emergiendo de las “confesiones” alimenta un relato donde los empresarios pasan de la figura de cohecho que consiste en pagar sobornos (y que los incriminaría penalmente}, a la de víctimas que ceden ante la presión del gobierno de turno y aportan sumas millonarias para campañas.

    Todo es un show donde habrá muchos detenidos, algunos finalmente sobreseídos y otros condenados basados en presunciones, en vendettas políticas o “convicciones íntimas” del juez, y donde finalmente la matriz mafiosa del sector quedará intacta, porque las reglas de juego seguirán siendo las mismas. Muchos ciudadanos “bienpensantes” creen que al fin la corrupción se está combatiendo con mano firme.

    Pero un combate frontal contra la corrupción contiene una fórmula simple que no se plantea: la anulación del secreto bancario y de los paraísos fiscales, refugio y sostén estructural de los flujos de dinero sucio. Lo que tenemos hoy es simplemente circo para las masas.

    Industria del arrepentido: el corazón del lawfare

    Hace meses, ante acusaciones sobre el pago de sobreprecios en algunas adjudicaciones de obras públicas, Cristina Fernández presentó un proyecto para que el Parlamento haga una auditoría de toda la obra pública de su gobierno. El proyecto fue naturalmente desoído, porque las empresas de la familia presidencial son las principales contratistas del Estado en la Argentina. Una investigación global la pondría a la cabeza de los beneficiarios del sistema.

    Nada es más saludable para la economía de un país que un saneamiento de la forma en que el Estado adjudica la obra pública, un proceso plagado en todas partes de corrupción, retornos de favores, cartelización y maniobras oligopólicas. El tema es complejo, pero posible. Sin embargo, para hacerle justicia, hay que poner la lupa sobre toda la compleja trama de relaciones entre las empresas y áreas de gobierno, y reconocer que se trata de un fenómeno sistémico que no se puede investigar a partir de “filtraciones”, delaciones cruzadas y “arrepentidos”, ya que esto implica darle vía libre al juego sucio de los más inescrupulosos, creando una industria de arrepentidos y testigos falsos que nos aleja antes que acercarnos a la verdad.

    La figura del arrepentido “siempre premia al más perverso”, considera el penalista Eugenio Raúl Zaffaroni. “El arrepentido es una figura que proviene de la época inquisitorial, de la época pre moderna. No es un arrepentido, es un caradura, un delincuente que se encuentra involucrado en una causa y pelea para llevarla lo más livianamente posible”.

    La figura del arrepentido es el corazón del lawfare. Por caso, el ex presidente Lula, centro de la vida política de Brasil, está preso por las “confesiones” de un arrepentido, nunca comprobadas con otras evidencias.

    La mayoría de estos casos de “combate a la corrupción” -el encarcelamiento del ex vicepresidente argentino Amado Boudou, de la dirigente social Milagro Sala y otros muchos ejemplos- no resistirían la prueba de un tribunal imparcial que analizara las pruebas contemplando las garantías que siglos de evolución del Derecho han consagrado como regla.

    En el futuro se reconocerá que -con todas sus culpas y pecados personales- fueron víctimas de una coordinada operación política para incinerarlos en la hoguera de la Santa Inquisición Mediática, mientras ocurre un acelerado proceso de recolonización de nuestros países. Urge un despertar masivo para detener este retroceso hacia la prehistoria.


    FUENTES


    “Con los cuadernos se está tratando de tapar algo sumamente grave”.
    Página 12, 5 de agosto de 2018.

    “Lluvia de arrepentidos y detenidos en Tribunales”. Página 12, 11 de agosto de 2018. https://www.pagina12.com.ar/134509-lluvia-de-arrepentidos-y-detenidos-en-tribunales

    “Operativos de última hora”. Página 12, 11 de agosto de 2018.

    https://diariodevallarta.com/industria-del-arrepentido-lawfare/

     

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    LA MILITARIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA

    Sáb, 22/09/2018 - 19:17

    Por Miguela Varela   ***

    La defensa del modelo neoliberal, a medida que pierde arraigo en la sociedad civil, necesita de un nuevo sostén: el poder militar.

    En una etapa inicial, el discurso político y el soporte mediático son suficientes para justificar el ajuste económico, la estigmatización de la política y el debilitamiento de las instituciones. Aquí el neoliberalismo se disfraza de una “nueva derecha democrática” que “sólo pretende ordenar las cuentas públicas anarquizadas por los populismos de la década anterior”.

    Sin embargo, a medida que se acentúan las consecuencias económicas y la catástrofe social, otros instrumentos se hacen necesarios. Estos son más tangibles que el mero discurso y la información. Se trata de una segunda etapa de control del modelo neoliberal que consiste en la militarización. Es el momento donde las fuerzas represivas no sólo custodian a la sociedad civil, sino también a las Instituciones políticas y a los recursos estratégicos. Hoy, el objetivo no es sólo perpetuar en el poder a los gobiernos neoliberales, como en los casos de Argentina, Chile, Colombia o Brasil, sino además cercar a los gobiernos populares que no responden a los intereses de las corporaciones como Venezuela y Bolivia.

    El proceso cuenta con un actor ordenador que es quien ejecuta las tareas. Ese rol es, y ha sido históricamente, de Estados Unidos. El financiamiento de esquemas tales como “El Plan Colombia”, las ayudas humanitarias o el intercambio de experiencias militares fueron las bases de la militarización de América Latina. Sobre la base de viejas argumentaciones respecto al combate de los crímenes trasnacionales tales como el narcotráfico, la trata de personas y los ataques terroristas se ocultan los verdaderos objetivos políticos, económicos y estratégicos.

    América Latina hoy

    Fue Evo Morales quien denunció los ejercicios militares conjuntos denominados “Operación Estrella Austral” que desarrolla Chile con Estados Unidos en Antofagasta. Según el comunicado del Ejército chileno, la presencia del Comando Sur es parte de una iniciativa “basada en un entrenamiento de Fuerzas de Operaciones Especiales en el marco de una situación ficticia de imposición de la paz, la que permite que nuestras Fuerzas Armadas ejecuten operaciones que incrementen la interoperabilidad conjunta y combinada, tales como acción directa, operaciones de rescate, de información y asistencia militar, entre otros”. Esto se da en el marco del acuerdo bilateral entre ambas fuerzas armadas firmado en el año 2007. Ante esto, el Presidente boliviano expresó que se trata de una amenaza imperialista a la paz regional.

    Jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad.

    Un caso similar volvió a repetirse, pero esta vez con Argentina. El gobierno de Mauricio Macri realizó un despliegue militar en la frontera con Bolivia, conocido como “Plan de Fronteras Protegidas”, con más de 3000 militares que “darán apoyo logístico a Gendarmería y Prefectura para luchar contra el narcotráfico”. Además, se instaló un Centro de Respuesta a Crisis Humanitarias en la provincia de Misiones solicitado por el gobierno argentino. El caso argentino es paradigmático en este sentido ya que, desde la restauración democrática, había reservado a las fuerzas armadas un rol estrictamente de defensa exterior. Otras medidas que apuntan a que el Ministerio de Seguridad absorba funciones del Ministerio de Defensa, reafirman la necesidad de contar con la herramienta militar para disipar los conflictos dentro del país.

    Lo mismo ocurrió con Venezuela. Desde que Obama declaró que el país caribeño representa una “amenaza para la seguridad nacional”, las acciones militares no han cesado. Se trata de una política de estado que no distingue cambios de gobierno en la Casa Blanca. Hace apenas algunos meses, Donald Trump ha extendido por un año más el decreto de emergencia nacional. Según las propias palabras del Jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, de visita por Buenos Aires: “Venezuela es un desastre humanitario de proporciones tremendas. Está afectando a toda la región (…). Esto está teniendo un fuerte impacto en los países de la región, incluyendo Argentina, pero sobre todo en aquellos que rodean a Venezuela. Estamos interesados en ver cómo ayudar a nuestros amigos y vecinos mientras lidian con esta crisis humanitaria”. Estas declaraciones fueron coronadas con el atentado que sufrió Nicolás Maduro hace algunas semanas atrás.

    Tampoco fue casual la visita de Tidd a Colombia a principios de este año, donde se reunió con el mando del ejército colombiano “para contrarrestar las amenazas de seguridad”. En el mismo sentido, el uribista Iván Duque, tras los acuerdos de paz firmados por su antecesor Juan Manuel Santos, prometió retomar la senda de la militarización contra el Ejercito de Liberación Nacional y lo que queda de las FARC.

    De igual manera, Panamá también recibió la visita de las fuerzas norteamericanas bajo el argumento de “asistencia humanitaria”. Fue el mismo Tidd el que acusó al gobierno venezolano de ser un factor de “desestabilización regional”. Este comentario fue de la mano de las declaraciones del canciller estadounidense, Rex Tillerson, quien sugirió la intervención de militares venezolanos para resolver la crisis interna y lograr la salida de Nicolás Maduro. Según sus propias palabras: “En la Historia de Venezuela y de los países latinoamericanos, los militares han sido a veces un agente de cambio cuando las cosas estaban tan mal que los líderes ya no podían seguir sirviendo a su pueblo”.

    Jefe de Comando Sur de los EEUU, Kurt Tidd junto al VicePresidente de Colombia

    Venezuela también se encuentra cercada por su frontera con Brasil. Debido a la presencia de migrantes venezolanos en el estado fronterizo de Roraima, el gobierno de Michel Temer envió más de 3000 soldados luego de que un grupo de residentes atacaran un campamento de refugiados. Desde el golpe de estado que desplazó a Dilma Rousseff, Temer ha consolidado la militarización en Brasil, lo que se vio cristalizado con la muerte de la dirigente Marielle Franco. Este hecho demuestra la crisis que vive la militarización de las favelas, donde día a día mueren cientos de personas en redadas que no hacen más que atemorizar a la población, sin disminuir las cifras de la criminalidad narco.

    Consecuencias de la militarización

    Esta demostrado en la práctica que las experiencias de militarización en América Latina fracasaron en Colombia, México y Brasil donde la “guerra contra el narcotráfico” sólo ha desembocado en desapariciones y muertes civiles que infunden el caos y pervierten a las fuerzas de seguridad. El fracaso de México también es ejemplificador sobre las consecuencias devastadoras de la militarización en América Latina: más de 125 mil muertes, 30 mil desaparecidxs y unos 250 mil desplazadxs.

    Además, otra de las consecuencias de la militarización regional es el aumento del poder político de los militares que, como demuestra el caso brasilero, no sólo han consolidado sus bancadas legislativas, sino que además han propuesto un candidato a Presidente que se encuentra segundo en las encuestas, como es el caso de Jair Bolsonaro. Estos personajes son los que ponen en agenda la discusión punitivista reviviendo relatos propios de las dictaduras militares.

    Como segunda fase del proceso neoliberal, la militarización de América Latina pretende consolidar un modelo de exclusión y saqueo, que sólo es posible quitándole soberanía a los pueblos a través de fuerzas armadas extranjeras.

    https://revistappv.com.ar/2018/09/11/9649/

     

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    EDUCACIÓN Y DERECHOS

    Sáb, 22/09/2018 - 19:09

    Por Emiliano Samar y Roberto Samar ***

    Los autores sostienen que la educación sexual es un derecho que no se puede vulnerar. La ley, dicen, está pensada desde la transversalidad y por lo tanto compete a todas y todos los docentes de la escuela.

    En Neuquén un docente de escuela pública se opuso a enseñar educación sexual.

    Ahora bien: ¿puedo decidir prescindir de enseñar a multiplicar porque creo más conveniente la suma reiterada? ¿O acaso proponerme en Ciencias Naturales no hablar de las redondeadas líneas del esferoide oblato llamado planeta tierra porque no me constan o porque adhiero aún a otro tipo de teorías con respecto al universo? No, no puedo.

    Existe un marco formal y legal que garantiza a todas las niñas y los niños aquellos aprendizajes prioritarios y básicos, y esos marcos se encuentran en las documentaciones nacionales y jurisdiccionales que determinan y organizan aquello a enseñar.

    ¿Puedo elegir no enseñar Educación Sexual Integral? No, tampoco puedo. Porque también allí se ha legislado y lo que se busca es garantizar el derecho a la información y la formación al respecto.

    La ley 26150 que crea el programa nacional de educación sexual integral establece que las y los estudiantes “tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.

    Es decir, la educación sexual es un derecho que no podemos vulnerar.

    Esta ley está pensada desde la transversalidad, por ende, nos compete a todas y todos los docentes de la escuela.

    Es grave pensar que puede aducirse a la “objeción de conciencia” para vulnerar un derecho y desconocer una ley. Siendo un Estado laico que a su vez tiene entre sus facultades legislar y gestionar en materia educativa, no existen razones religiosas que debieran colarse en los quehaceres de docentes y estudiantes.

    La escuela es un territorio en disputa que pone en tensión transformaciones culturales y estereotipos sociales. Pero por delante de cualquier conversación, antecediéndola, está el derecho y los derechos. Podríamos decir, “primero lo que me corresponde, primero mi dignidad y mi identidad, después hablamos de todo lo demás”.

    La ley orgánica de educación de la provincia del Neuquén 2945 dispone que la educación para la observancia de los derechos humanos y la educación para la salud sexual integral y reproductiva son contenidos curriculares transversales y obligatorios. Asimismo, establece que un deber del docente es cumplir con los lineamientos de la política pública educativa.

    Cada docente puede tener una posición personal ante cualquier tema que la actualidad le plantea, pero en el aula, en el pasillo, en el patio, ese  agente es la voz del estado desplegando garantías para las y los sujetos de derecho, las niñas y los niños formándose no sólo en lecto escritura, sino también en las libertades de elegir con qué y a qué jugar, de  reflexionar sobre cómo formarse en la hilera, de poder asociarse a futuras profesiones superando los supuestos de género, de enamorarse de quienes quiera, de exigir que no presupongan  sobre sí decisiones que quizá aún no ha tomado (porque también tensiona y estigmatiza preguntarle a un niño si tiene novia).

    La educación sexual integral nos propone pensar sobre aspectos “psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Como sostenía el instituto nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo: “Somos iguales y diferentes”. Todas y todos somos diferentes: podemos ser judíos, católicos, umbandas, ateos o agnósticos. Hetenosexales, gays o trans. Morochos, rubios o pelirrojos. Pero todas y todos somos iguales en derechos.

    El deber del Estado es cuestionar los discursos discriminatorios que circulan en la sociedad que limitan las diversas formas de ser felices y garantizar la igualdad de derechos.

    (***) Emiliano Samar, referente en materia de Educación y Diversidad Sexual. Roberto Samar, docente de la UNRN.

    http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_7370/educacion-y-derechos-

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    EN RUTA HACIA LA IMPLOSIÓN ECONÓMICA Y LA EXPLOSIÓN SOCIAL

    Sáb, 22/09/2018 - 19:05

     

    Por Jorge Beinstein   ***

    “¿Hacia donde va Argentina?, su evolución está marcada por dos tendencias convergentes que han ido tomando velocidad durante 2018: por una parte la marcha hacia la implosión económica y por otra la ruta no menos veloz hacia la explosión social”.


    ¿Hacia donde va Argentina?,
    su evolución está marcada por dos tendencias convergentes que han ido tomando velocidad durante 2018: por una parte la marcha hacia la implosión económica y por otra la ruta no menos veloz hacia la explosión social. No es seguro que cada una de ellas o ambas de manera conjunta lleguen al punto de ruptura que cambie radicalmente el panorama nacional, sin embargo su desarrollo comienza a sobredeterminar el comportamiento de los círculos dirigentes.

    Por un lado la economía va entrando en recesión piloteada por el FMI sin ninguna posibilidad de recuperación por lo menos en el corto y mediano plazo. La sucesión de ajustes exigida por el Fondo achicará cada vez más el mercado interno (que ya venía declinando desde la llegada de Macri) destruyendo el tejido productivo y empobreciendo al grueso de la población. Esa dinámica conduce inevitablemente hacia la implosión económica, hacia un momento en el que se desmoronan el conjunto del aparato productivo (solo unas pocas islas podrían llegar a salvarse), extendidas redes comerciales y una multitud de servicios.
    Lo teóricamente esperable en esas situaciones es que el tejido social y su entramado cultural se vayan desintegrando al ritmo de la recesión para finalmente colapsar. Sin embargo en el caso argentino se está desarrollando un  fenómeno poco frecuente que no seguiría la ruta establecida por la teoría: mientras la economía declina rumbo a la implosión, desde la base de la sociedad se han ido generando formas de acción no solo de resistencia sino también ofensivas que van más allá de las reivindicaciones económicas. Se trata de una tendencia que se va amplificando apuntando hacia una gran explosión popular, un posible tsunami social que amenaza sumergir al entramado institucional y mediático que sostiene al sistema.

    De todos modos no es inevitable que se produzcan finalmente la implosión ni la explosión, diversos factores pueden retrasarlas de manera significativa o incluso diluirlas en procesos de degradación de gran amplitud. La recesión por ejemplo podría llegar a encontrar un horizonte de “equilibrio” bajo la forma de una “economía de baja intensidad” con un mercado interno comprimido, altos porcentajes de desocupación, subocupación, pobreza e indigencia y pequeños polos de altos ingresos, coincidente con ello las resistencias y rebeliones sociales ahora presentes podrían llegar a declinar golpeadas por la crisis económica, la manipulación mediática y la represión.

    Aunque ese escenario de “paz de cementerio”, ilusión siniestra de la élite dominante, se contrapone a la dinámica financiera, saqueadora, desestabilizante de dicha élite, componente periférica de un proceso parasitario global que la sobredetermina. Y también se contrapone al visible potencial creativo de las fuerzas populares avalado por toda su historia, sin ir más lejos recordemos la revuelta de 2001 precedida por una prolongada degradación neoliberal y las grandes masacres de la dictadura militar.

    El camino de la implosión

    En diciembre de 2015 el equipo gobernante consideraba que la situación económica le permitiría realizar gigantescas transferencias de ingresos sin que el barco se hunda. No reparó (o subestimó) que por debajo de esa realidad existían fragilidades que se habían agravado en los últimos años, los precios internacionales de las materias primas habían sufrido un shock depresivo en 2014 lo que ensombrecía el futuro del comercio exterior y la ampliación del mercado interno, impulsado por el gobierno anterior mediante suaves subas de los salarios reales acompañadas por reducciones sucesivas del desempleo, comenzaba a tocar techo. Para seguir por la vía mercadointernista habría sido necesario, más temprano que tarde, poner en marcha una drástica estrategia de desconcentración de ingresos acompañada por el control estatal de áreas claves como las del comercio exterior y del sistema financiero y así impulsar un proceso de rápido desarrollo productivo. Alternativa opuesta a la dinámica concreta y a las aspiraciones de la alta burguesía (parasitaria, transnacionalizada) que apuntaban hacia la realización de un gran saqueo de recursos estatales y privados. Así fue como con la victoria de Macri se produjeron mega transferencias hacia los grandes grupos económicos vía exenciones y reducciones tributarias que aumentaron el déficit fiscal lo cual sumado a la liberación de las importaciones generadora de un enorme déficit comercial y a las devaluaciones del peso, provocaron  concentración de ingresos, inflación y enfriamiento económico. La avalancha de déficits fue cubierta con deudas en dólares a lo que se agregó un insólito casino especulativo en pesos convertibles en dólares a altísimas tasa de interés (la orgía de las Lebacs). En el segundo año de su mandato el gobierno buscó amortiguar la recesión con obras públicas financiadas con mas deudas, dólares que además servían para tapar agujeros fiscales y comerciales y para aceitar las fugas de capitales producto de las diversas rapiñas y de la retracción de las inversiones productivas. La burbuja de deudas no podía seguir creciendo indefinidamente y la fiesta concluyó en 2018 cuando asomó el fantasma de la insolvencia y el gobierno desesperado pidió auxilio al FMI que, como no podía ser de otra manera, le impuso un plan de ajuste que va hundiendo a la economía en la depresión.

    El gobierno suele echarle la culpa del descalabro financiero a la suba “inesperada” de la tasas de interés en los Estados Unidos provocando una suerte de efecto aspiradora sobre los capitales periféricos. La crisis del endeudamiento acelerado argentino era inevitable, tal vez la suba de tasas norteamericanas la anticipó un poco pero no mucho. El globo de las Lebacs tenía un límite físico marcado por las reservas netas del Banco Central, claramente inferiores al monto dolarizado de esos papeles. A lo que hay que sumar los pagos exigidos por la deuda pública directa en dólares en una coyuntura caracterizada por un fuerte déficit del comercio exterior y una persistente fuga de capitales. Eso ya era visible en 2017 y la situación se fue agravando en los primeros meses de 2018. El poder de fuego debilitado del Banco Central ante posibles turbulencias quedó al desnudo y los acreedores empezaron a olfatear escenarios de insolvencia. La pregunta es que tenían dentro de sus cabezas Macri y los integrantes de su equipo económico entre fines de 2017 y comienzos de 2018 ante la inminencia del desenlace. Algunos analistas suponen que se trató de una evaluación errónea (o de mala información) del comportamiento de los grupos financieros embarcados en la rapiña especuladora, cosa difícil de aceptar ya que los que piloteaban el negocio desde el gobierno formaban parte de esos grupos. El misterio aumenta cuando constatamos que la suba de tasas de interés en Estados Unidos era completamente previsible ya que formaba parte de la estrategia monetaria anunciada mucho tiempo antes por las autoridades de ese país. La explicación mas razonable es que la mega operación financiera montada por el gobierno se convirtió una trampa de la que no pudo (y no puede) salir, la convergencia de intereses que la sobredetermina constituye un súper poder saqueador cuya dinámica desborda a los actores gubernamentales. De todos modos la psicología de Macri, nutrida por la brutalidad cortoplacista de los negocios mafiosos1, se adapta cómodamente a esa loca fuga hacia adelante.

    Los crápulas transparentes

    Mientras tanto la impopularidad del gobierno crece día a día y la protestas sociales se multiplican. Argentina se encamina a paso rápido hacia una crisis de gobernabilidad probablemente muy superior a la de 2001 alentada por el derrumbe económico en curso.

    La alternativa represiva no debe ser descartada, el carácter aventurero del macrismo, su raíz lumpenburguesa, el nucleo duro social neofascista que lo rodea, pueden dar pie a una tentativa desesperada de ese tipo impulsada por la declinante viabilidad de un Plan B bajo control oficialista en torno de la hipotética candidatura de Maria Eugenia Vidal que  va perdiendo cuerpo arrastrada por la impopularidad del Presidente a lo que se agregan no pocos méritos propios (como el reciente escándalo a partir del descubrimiento de la utilización de fondos negros en sus campañas electorales).

    Un pieza importante tanto en la instalación como en el funcionamiento posterior del gobierno ha sido y sigue siendo el opoficialismo, mezcla gelatinosa de dirigentes políticos y sindicales, donde predomina la derecha peronista pero también poblada por no pocos gorilas sueltos, que suelen combinar “criticas sensatas” al oficialismo, alguna que otra rebeldía de poca monta y obsecuencia practica. A medida que la crisis se agrava van surgiendo desde ese espacio toda clase de opciones, algunas fantasiosas y otras más realistas, destinadas a preservar los intereses dominantes, desde la ampliación del gabinete presidencial en una suerte de gobierno de “unidad nacional” hasta la conformación de una variante electoral gatopardista que remplazaría a Macri en 2019 (o antes).

    Como parte del show no podían faltar las declaraciones de Eduardo Duhalde que tras vaticinar que: “el próximo presidente… va a ser Roberto Lavagna”, y luego de elogiarlo, agregaba que “el acuerdo con el FMI ayuda a salir (de la crisis), a pesar de que la mayoría de los argentinos está en contra de esa medida”2. El rostro de empleado de pompas fúnebres de Lavagna encaja bastante bien con el destino fondomonetarista que Duhalde le asigna a la Argentina sin embargo no es para nada evidente que esa alternativa u otra parecida funcionen ante a la tormenta que se avecina.

    El camino de la explosión

    A diferencia de las danzas cupulares y desde el comienzo del gobierno macrista se ha venido desplegando una amplia variedad de protestas populares que con el correr de los meses fueron no solo ganando en masividad sino también en  autonomía, que no es total sino que aparece como una suerte de fenómeno complejo que incluye desde expresiones sociales independientes de las dirigencias políticas y sindicales, donde se hace visible la autoconvocatoria, hasta llegar a las encuadradas por dirigencias sobre todo sindicales, pasando por otras que acompañan a los dirigentes orgánicos desbordándolos en ciertos casos y en algunos colocándolos en situaciones incómodas.

    Se trata de una sucesión interminable de movilizaciones populares de todo tipo, muchas de ellas gigantescas, mayormente pacíficas pero con algunos brotes de radicalización (por ejemplo las protestas del 18 de Diciembre de 2017 frente al Congreso) preocupantes para oficialistas y opoficialistas, que les hacen temer puebladas de gran magnitud en un futuro no muy lejano  . A medida que la crisis se vaya profundizando ese escenario será cada vez más probable, la ola puede seguir creciendo hasta engendrar un estallido social de dimensión oceánica mucho más devastador que el huracán de 2001.

    La intoxicación mediática no la ha podido enfriar, peor aún su rendimiento manipulador es decreciente, las represiones puntuales han resultado ineficaces, no han generado temor sino indignación. De todos modos desde el primer día y de manera sistemática el gobierno ha ido conformando una suerte de policía militar integrando fuerzas convencionales (policías, gendarmería, etc.), entrenándolas con asesoramiento norteamericano-israelí, dotándolas de armamento idóneo, la última novedad ha sido la decisión de incorporar a las Fuerzas Armadas a tareas de represión interna. Pero nada le asegura al gobierno la utilización eficaz de ese engendro ante una revuelta popular a gran escala. El blindaje mediático se está oxidando y el blindaje militar-policial tiene un destino incierto, mientras tanto el gobierno sigue haciendo más (mucho más) de lo mismo: continúa con su estrategia de control mediático total atacando ahora los últimos (y ya marginales) reductos críticos y desarrollando el aparato represivo convencido de la inminencia de estallidos sociales. No sabe cuando se producirá una nueva corrida cambiaria, ni cual será el ritmo del hundimiento económico (los últimos datos comparativos mayo 2017-mayo 2018 muestran, según datos oficiales, una caída del Producto Bruto Interno del orden del 5,8 %), tampoco sabe cuando ni como se expresará la bronca popular en lo que resta del año, pero enfrenta a esos y otros peligros acentuando su dinámica dictatorial, Argentina ha ingresado en Terra Incognita.

    http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/en-ruta-hacia-la-implosion-economica-y-la-explosion-social

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    ¿ENFRENTAR LA GUERRA DE QUINTA GENERACIÓN CON ARCOS Y FLECHAS?

    Mié, 19/09/2018 - 21:11

    Por Aram Aharonian   ****

    Alrededor del mundo, una inmensa  gama de organismos gubernamentales y partidos políticos están explotando las plataformas y redes sociales para difundir desinformación y noticias basura, ejercer la censura y el control y socavar la confianza en la ciencia, los medios de comunicación y las instituciones públicas.

    El consumo de noticias es cada vez más digital, y la inteligencia artificial, el análisis de la Big Data (que permite a la información interpretarse a sí misma y adelantarse a nuestras intenciones) y  los algoritmos de la “caja negra” son utilizados para poner a prueba la verdad y la confianza, las piedras angulares de la llamada sociedad democrática occidental.

    Son muy pocos los dueños de la infraestructura que permite el uso de la Internet en todo el mundo, y también los servicios que sobre ella se brindan. La propiedad de los cables de fibra subacuáticos, las empresas que se alojan y controlan el NAP de las Américas, los grandes centros de datos como Google, Facebook, Amazon o los llamados “servicios en la nube” como Google Drive, Amazon, Apple Store, OneDrive, veremos que son corporaciones trasnacionales, en su mayoría con capitales estadounidenses.

    Hoy, de las seis principales firmas que cotizan en bolsa, cinco de ellas son del rubro de las TIC: Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook.

    Campo popular: aggiornar la lucha

    Es que el mundo cambia constantemente, muchas veces al ritmo de la tecnología y pareciera que a la izquierda, a los movimientos y medios populares de comunicación, nos empujan a pelear en campos de batalla equivocados o ya perimidos, enarbolando consignas que no tienen correlato con este mundo nuevo.

    Mientras, las corporaciones mediáticas hegemónicas desarrollan sus estrategias, tácticas y ofensivas en nuevos campos de batalla donde se pelea con nuevas armas, donde la realidad no importa, en lo que quizá ya ni se trata de la guerra de cuarta generación, la que ataca a la percepción y sentimientos y no al raciocinio, sino a una guerra de quinta generación, donde los ataques son masivos e inmediatos por parte de megaempresas trasnacionales, que venden sus “productos” (como el espionaje) a los Estados.

    Hoy debiéramos estar más atentos a la integración vertical de los proveedores de los servicios de comunicación con compañía que producen contenidos, la llegada de los contenidos directamente a los dispositivos móviles, a la trasnacionalización de la  comunicación, convirtiendo a la información en campañas de terrorismo mediático… mientras apenas denunciamos lo fácil que está siendo convertir a la democracia en una dictadura manejada por las grandes corporaciones

    Debiéramos estar atentos a los temas de vigilancia, manipulación, transparencia y gobernanza de Internet, al video como formato a reinar en los próximos años, estar atentos al hecho de que los mismos televisores se van convirtiendo en una pantalla más a donde llegan los contenidos manipulados por las grandes corporaciones.

    Pero desde el campo popular seguimos reclamando la democratización de la comunicación y la información, creyendo que una distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión entre los sectores público, comercial y popular puede significar el fin de la concentración mediática. Estamos peleando guerras que ya no existen, cuando el campo de batalla está en Internet, en el Big Data, en los algoritmos, en la inteligencia artificial.

    Cansa la insistencia discursiva anclada en el pasado y con una agenda diseñada en países centrales, que no incluyen nuestras realidades. Se insiste en una necesaria renovación de la izquierda, en la necesaria búsqueda de nuevos caminos -en las catarsis colectivas de seminarios, foros, reuniones, conciliábulos, escritos-, pero no se buscan soluciones específicas al aislamiento y endogamia de nuestros sitios populares, alternativos a los mensajes hegemónicos, comunitarios, populares.

    Estos temas no están en la agenda de los movimientos, de los partidos ni de los gobiernos (incluso los progresistas), más preocupados por seguir con la satanización de las nuevas tecnologías, por la denunciología, que en definir estrategias y líneas de acción. Hoy los gobiernos de la restauración conservadora disparan contra Unasur, que en su momento de auge no pudo concretar un canal propio de fibra óptica, que al menos le hiciera cosquillas al control de las megacorporaciones.

    Hoy, el escenario digital puede convertirse en una vía para la reconexión del progresismo con sus bases, y en particular con los jóvenes, que es como decir con el futuro. Pero, no se ha avanzado en una agenda comunicacional común, pero tampoco en temas estratégicos para el futuro de la soberanía tecnológica, como la gobernanza de Internet, el copyright, la innovación, el desarrollo de nuestras industrias culturales.

    Se habla de nuevos caminos, pero pocos parecen dispuestos a transitarlos, porque seguramente afectan su identidad, su memoria y su vida. Se insiste en denunciar la desinformación, la información basura, el terrorismo mediático (tenemos doctorados en denunciología y lloriqueo), pero no nos preparamos para aprender a usar las nuevas herramientas, las nuevas armas de una guerra cultural ciberespacial. Quizá el problema no sea formular, sino tener oídos dispuestos a intentar, dice el humanista Javier Tolcachier.

    Cada sitio de medios y/u organizaciones sociales dirige sus mensajes a una masa crítica acotada, a los que ya están convencidos de su mensaje, en una gimnasia endogámica, sin definir una agenda propia, latinoamericanista, en defensa de los derechos humanos y de los trabajadores, una línea editorial que los pueda unificar y entonces entrar con fuerza en la guerra cultural, en la batalla de las ideas.

    Sus lenguajes –y hablamos sobre la generalidad y por eso es de destacar los esfuerzos del mediactivismo de Fora de Eixo, Facción o Emergentes, por ejemplo- no se adecúan al momento histórico, cultural ni tecnológico. Están anclados en la denunciología, sin visibilizar las luchas, los anhelos, de los pueblos o sociedades que dicen representar.

    El informe de Oxford

    Un informe de Samantha Bradshaw y Philip Howard, investigadores de la Universidad de Oxford (Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation), confirma que la manipulación de la opinión pública sobre las plataformas de medios sociales se ha convertido en una amenaza a la vida pública.

    En 2017, el primer inventario de las tropas de ocupación cibernéticas globales realizado por estos investigadores arrojaron luz sobre la organización mundial de la manipulación de los medios de comunicación social por gobiernos y actores de  partidos políticos. Este año revela las nuevas tendencias de manipulación organizada de los medios, y sus cada vez más crecientes capacidades, estrategias y recursos en las que se apoya este fenómeno, con evidencias de campañas de la manipulación organizada de los medios en 48 países, 20 más que el año anterior.

    En cada país se constató que al menos un partido político o agencia gubernamental usaba los medios de comunicación social para manipular a la opinión pública nacional, en países donde los partidos políticos diseminan desinformación durante las elecciones, o donde la institucionalidad se siente amenazada por noticias basura e injerencia extranjera en los asuntos internos, y desarrollan sus propias campañas de propaganda cibernética.

    En una quinta parte de estos 48 países, sobre todo en los del sur global, se hallaron pruebas de campañas de desinformación operando sobre las aplicaciones de chat como WhatsApp, Telegram y WeChat. La manipulación de las redes es un gran negocio, donde gobiernos, fundaciones, ONGs y partidos políticos han gastado más de 500 millones de dólares en investigaciones, desarrollo e implementación de operaciones psicológicas y manipulación de la opinión pública a través de internet.

    En algunos países esto incluye “esfuerzos para contener al extremismo”, pero en la mayoría de los países esto implica la propagación de noticias basura y desinformación durante las elecciones, las crisis militares y complejos desastres humanitarios.

    La Guerra de Quinta Generación


    Si la guerra de primera generación se basa en movilizar la mano de obra, la segunda en el poder de fuego y la tercera en la libertad de maniobra, los paradigmas cambian sustancialmente en la de Cuarta Generación, donde tanto los recursos empleados como los objetivos e intereses a alcanzar engloban tanto al interés público como privado (intereses de corporaciones). La idea principal es que el Estado ha perdido su monopolio de la guerra, y a nivel táctico incluye desde el aspecto armamentista al psicológico,

    Dada la enorme superioridad tecnológica alcanzada durante la etapa anterior frente a esta asimetría de fuerzas entre contendientes, solo es concebible el uso de fuerzas irregulares ocultas que ataquen sorpresivamente al enemigo, tratando de provocar su derrota al desestabilizar a su rival, con el uso de tácticas no convencionales de combate.

    En la Guerra de Quinta Generación (también denominada guerra sin límites), introducida desde el 2009 como concepto estratégico operacional en las intervenciones EEUU-Otan, no interesa ganar o perder, sino demoler la fuerza intelectual del enemigo, obligándolo a buscar un compromiso, valiéndose de cualquier medio, incluso sin uso de las armas. Se trata de una manipulación directa del ser humano a través de su parte neurológica (ondas biaurales y componentes de cristales de magnetita del cerebro y los métodos sobre sus posibles manipulaciones).

    Y los medios masivos y las redes sociales son parte integral del esquema de esta guerra, para generar desestabilización en la población a través de operaciones de carácter psicológico prolongado; se busca afectar la psiquis colectiva, afectar la racionalidad y la emocionalidad, además de contribuir al desgaste político y a la capacidad de resistencia.

    Y se cuenta con mecanismos científicos de control total a través de no solo la manipulación de medio masivos de comunicación e información concentrados, sino también de sistemas financieros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, miles de fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

    Zbigniew Brzezinski, exsecretario de Estado estadounidense, afirmaba que la clave estaba en el ataque al recurso emocional de un país por medio de la revolución tecnológica, La táctica para mantener la desintegración política en la sociedad consiste en crear complejos de inferioridad y en convertirse en referencia externa en todos los ámbitos, evitando que los proyectos y modelos colectivos o alternativos se consoliden en su identidad, pues la referencia será algo distinto a sí mismos; el mundo desarrollado y su modelo prevaleciente.

    Los medios de difusión masiva se encargan de condicionar las mentes en las naciones subdesarrolladas, puesto que “el Tercer Mundo enfrenta, ahora, el espectro de las aspiraciones insaciables”, según escribía Brzezinski hace ya 44 años.


    Redes sociales, aislacionistas

    Las redes sociales son un conjunto de plataformas digitales de esparcimiento e interacción social entre sus diversos usuarios, ya sean personas, grupos sociales o empresas, que  permiten el envío de mensajes, la comunicación en tiempo real y la difusión de contenido de distintos modos, entre los usuarios que se encuentren conectados entre sí, es decir, que sean “amigos” o “seguidores” .

    La aparición masiva de las redes sociales, dice la experta británico-ecuatoriana Sally Burch,  han revolucionado nuestras sociedades, pero también han causado preocupación porque al no estar reguladas son aprovechadas para la desinformación, la imposición de imaginarios colectivos con la difusión de información falsa, creando realidades virtuales lejanas a las realidades reales, la apropiación de datos personales para fines comerciales y/o de manipulación política e, incluso, para conculcar la intimidad de los ciudadanos, invadiendo sus espacios de trabajo, educación, ocio e incluso de socialización.

    Las redes sociales tienen acceso y manipulan los datos de sus usuarios (direcciones de correos, números telefónicos, aficiones, gustos, amigos), gentilmente proporcionados por ellos mismos a través de la construcción de sus propios perfiles. Su atractivo principal es la masividad: el mismo mensaje, información –o la misma publicidad tácita o encubierta- puede ser enviado a millones de personas a la vez, a través de las distintas plataformas (computadoras, tablets, celulares).

    Operan en base a algoritmos que organizan la información para mostrarnos más de aquello que nos guste y menos de lo que no. Cuando validamos un comentario, una publicidad o una noticia, retroalimentamos el sistema para que se adapte aún más a nuestros gustos puntuales. Ya que  los algoritmos privilegian el contenido semejante al que hemos elegido (con un “me gusta”), restringiendo las oportunidades de recibir información real, no filtrada, donde el usuario solo accede a opiniones semejantes a las suyas (un efecto antidemocrático, sin duda), agrega Burch.

    Por ejemplo, un algoritmo usado por Facebook se basa en la afinidad (cantidad de veces que unos e conecta con otro, publicando en sus muros, validando –me gusta- sus contenidos. Su peso es la cantidad de interacciones que tiene una publicación y el tiempo hace que la información decaiga en interés y baje en la cola de la información.

    Las desventajas de las redes sociales apuntan a la ruptura con la presencia de los otros, instándonos a dejar de socializar en persona, en la construcción de sociedades ciberdependientes, nichos donde no tiene cabida el pensamiento contrario, la otredad.

    ¿El fin de la transparencia?

    La consultora británica Cambridge Analytica (CA), la que protagonizó el escándalo por el uso de 87 millones de datos de usuarios de Facebook, si bien anunció el cese de todas sus operaciones, simplemente cambió de piel y seguirá sus manipulaciones, amenazando la transparencia de las elecciones en varios países, entre ellos Argentina, Colombia y México.

    La compañía británica culpó de su quiebra a las denuncias de manipulación política que inundaron los medios internacionales en los últimos, pero lo cierto (y que no dice) es que sus principales activos ya trabajan en una empresa con fines similares llamada Emerdata Limited, en cuyo consejo de administración aparecen una serie de nombres directamente vinculados con CA, según destapó en marzo Business Insider.

    Alexander Taylor fue nombrado director de Emerdata el 28 de marzo en sustitución del dimitido Alexander Nix, quien reconoció que trabajó en elecciones en países de todos los continentes, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Nigeria, Kenia y República Checa,  y debió alejarse a raíz de un vídeo grabado por la televisión británica con cámara oculta donde hizo toda clase de comentarios inapropiados como ofrecer grandes cantidades de dinero a un candidato y amenazarle con publicarlo, para intentar extorsionarlo.

    Según Business Insider, entre los responsables de Emerdata  aparece Johnson Chun Shun Ko, un ejecutivo chino de Frontier Services Group, la firma militar presidida por el prominente partidario de Trump Erik Prince, fundador de la contratista militar estadounidense Blackwater y “casualmente” hermano de la secretaria de educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, pilar de la internacional capitalista Red Atlas.

    El Observatorio en Comunicación y Democracia señala que recién cuando el escándalo tomó dimensión global,  Facebook -.el principal agente empresarial involucrado en los cambios de tendencia en las urnas británicas (referendo por el Brexit) y estadounidenses (elección de Donald Trump) en 2016- reconoció que la consultora británica había accedido (¿o comprado?) a la información personal de al menos 87 millones de usuarios y la había utilizado para crear perfiles de votantes.

    Facebook gestiona más de 300 millones de gigabytes en información personal de sus usuarios, un arsenal de perfiles que le permite disponer de una de las plataformas on line más importante del mundo, indispensable para beneficiarse de modelos de negocio que amplían consumidores y diversifican mercados al calor del incremento productivo de los robots y la automatización industrial.

    Colofón

    Todo esto acontece apenas dos decenios después de que Sergey Brin y Larry Page registraran el dominio google.com y once de que Steve Jobs presentara en sociedad, en San Francisco, el primer iPhone. Mientras, Facebook sigue creando perfiles de usuarios y los algoritmos que usara Cambridge Analytica siguen a disposición de quien los quiera (o pueda) pagar.

    Difícil que un país sólo tenga capacidad de desarrollar los niveles necesarios de respuesta para mantener y/o recuperar la soberanía en algunas áreas, y por eso es imprescindible la suma de voluntades –gobiernos, academia, movimientos sociales- para sumar fuerza de negociación en temas básicos como inteligencia artificial y el big data. No hay otra salida: debemos apropiarnos del big data para poder pensar en herramientas liberadoras.

    La única forma de luchar en esta guerra de Quinta generación es poniéndose al día en lo que respecta a la inteligencia artificial, es en la posibilidad de montar nuevas plataformas que evadan los filtros de las grandes corporaciones, es en la necesidad de adueñarse de las armas, las herramientas para poder pelear en esta guerra cultural, de generar agendas propias de acuerdo a los intereses de nuestros pueblos, de acuerdo a los intereses de nuestros pueblos.

    La carrera por una presión fiscal cada vez menor gana velocidad en los últimos años, de la mano de los gobiernos neoliberales y de los paraísos fiscales, que permiten la evasión y elusión fiscal, que a su vez priva a los gobiernos de obtener recursos para llevar a cabo políticas distributivas, agravando aún más la desigualdad

    Si bien la desigualdad se redujo de manera considerable durante la última década en América Latina, de la mano de la actual ofensiva neoliberal –que tiene a los impuestos como uno de sus blancos a combatir–, el riesgo es su nivel vuelva a incrementarse.

    El problema de la evasión fiscal ha ganado protagonismo entre la opinión pública en los últimos años gracias a la publicación masiva de los nombres de personas y entidades que utilizaban empresas y cuentas offshore en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos.

    Los Panamá Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017 pusieron al descubierto el modus operandi de la evasión fiscal y a aquellos que hacían uso de ella, sindicando entre los evasores a presidentes latinoamericanos como el argentino Mauricio Macri, el colombiano Juan Manuel Santos y el chileno Sebastián Piñera, y excandidatos presidenciales como Doria Medina en Bolivia o Guillermo Lasso en Ecuador.

    Pero según investigadores latinoamericanos, la publicación de los Papeles de Panamá obedecería a una gran estrategia de Washington para consolidar su posición en el mundo como un gran paraíso fiscal, en momentos en que tiene una grave crisis de liquidez. Con la publicación de esta investigación el dinero ya está buscando un refugio para ya no ser investigado y exhibido.

    El investigador de la Universidad Autónoma Nacional de México, Ariel Noyola, afirma que este dinero vaya a parar a cualquiera de los cuatro paraísos fiscales que tiene EEUU: Delaware, Wyoming, Dakota del Sur o Nevada. Los principales bancos y fondos de cobertura de EEUU son los que colocan su dinero sin regular en los más de 30 paraísos fiscales que existen en el mundo, desde hace ya casi medio siglo.

    El mensaje que dan los Papeles de Panamá es claro: señores empresarios y ciudadanos, su dinero no está seguro en Panamá como paraíso fiscal, deposítelo en EEUU, cuyos paraísos fiscales sí son seguros. A Noyola le llama la atención que en la investigación de los Panamá Papers no salieron a la luz nombres de empresas ni de ciudadanos estadounidenses.

    Así, se podría interpretar que los fondos y la información que mantiene el territorio estadounidense en sus paraísos fiscales son impenetrables a estas estrategias de investigación y contrainformación. Y para demostrar su fiabilidad, los paraísos fiscales de EEUU tienen a su servicio al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (con sede en Washington, a 170 kilómetros de Delaware), y a un ejército de ‘periodistas de investigación’ de todo el mundo que le hacen el juego.

    Delaware, con una población de 920 mil habitantes, tiene 945 mil empresas registradas, Wyoming cuenta con 128 mil ‘entidades de negocios activas’, lo que equivale a una por cada 4.5 ciudadanos, pese a ser el segundo estado menos poblado del país. Pero los paraísos fiscales de EEUU no son del interés, ni de los medios de comunicación, ni del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, filtradores de los Papeles.

    Dos datos interesantes: el periódico alemán Süddeutsche Zeitung forma parte de un grupo mediático que pertenece, entre otros, a la corporación financiera estadounidense Goldman Sachs, y la investigación fue financiada, entre otros, por el Departamento de Estado de EEUU, según reconoció su portavoz Mark Toner.

    Pero más allá de las actitudes poco leales de aquellos que mantienen cuentas o negocios en paraísos fiscales y a la vez dirigen los presupuestos públicos de sus países, es necesario algunos datos económicos sobre los perjuicios que ocasiona la existencia de los mismos dan escalofríos

    Los países en desarrollo pierden alrededor de 100.000 millones de dólares anuales por la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales.
    La pérdida estimada de estos países por el uso de incentivos fiscales a las grandes empresas es de otros 138.000 millones de dólares anuales.

    Los paraísos fiscales tienen un filón con las grandes fortunas latinoamericanas. El 27% de la riqueza privada total de América Latina está depositada en países que ofrecen un tratamiento impositivo favorable para los más acaudalados, lo que le convierte en la región del mundo con mayor proporción de capitales privados en estas naciones, por delante de Oriente Medio y África (23%) y de Europa del este (20%). Y a años luz de Europa Occidental (7%), Asia-Pacífico (6%) y Estados Unidos y Canadá (1%), según el Boston Comsulting Group, una de las mayores consultoras estratégicas del mundo.

    Susana Ruiz, responsable de justicia en la organización no gubernamental Oxfam. La apunta que “Holanda, Panamá, Suiza y Luxemburgo” son los países más utilizados por los latinoamericanos para evitar impuestos a través de cuentas bancarias. Saber cuánto dinero está oculto “es difícil, precisamente por la naturaleza misma de estos flujos”, pero hay investigadores que calculan que suma en “aproximadamente entre 20 y 32 billones de dólares, volumen equivalente al PIB de las dos potencias mundiales, Estados Unidos y China, juntas.

    Mientras, la inversión mundial hacia paraísos fiscales ha aumentado un 45 por ciento entre 2008 y 2016, drenando recursos nacionales y eludiendo masivamente el pago de impuestos. Según el Fondo Monetario Internacional, los países en desarrollo son hasta tres veces más vulnerables que los países desarrollados a los efectos negativos que la legislación fiscal de un país tiene sobre otro.

    A pesar de que en los últimos años los beneficios de las grandes transnacionales se han triplicado, su contribución tributaria ha caído, pasando del 3,6 por ciento del PIB en 2007 al 2,8 por ciento en 2014, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que motivó que durante 2017 algunos países comenzaran a tomar medidas contra la evasión fiscal e igualmente cortar la carrera bajista de la presión tributaria.

    Es necesario comprender que los impuestos proporcionan al Estado el financiamiento para desarrollar sus políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad a través de su inversión en educación, sanidad o políticas sociales.

    Los especialistas señalan que poner limitaciones legales claras a la evasión fiscal, aumentar la transparencia de los movimientos y el origen de los grandes capitales y apartar del servicio público aquellos que atentan de manera irresponsable contra el sector público, son algunas medidas necesarias para que la ofensiva en contra del Estado de la derecha regional no siga generando nuevas víctimas, en forma de desigualdad, en el camino.

    *** Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

    http://estrategia.la/2018/08/24/enfrentar-la-guerra-de-quinta-generacion-con-arcos-y-flechas/

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    BRASIL: LA CUCHILLADA QUE HIRIÓ AL FASCISMO

    Mié, 19/09/2018 - 20:58

    Por Joaquim Ernesto Palhares   ***

    La investigación de Vox Populi le echó un balde agua fría a las pretensiones fascistas de las organizaciones del oligopolio Globo. De nada sirvió el helicóptero (en el que fue evacuado Jair Bolsonaro) y más de 24 horas de propaganda al candidato ultraderechista, líder fascista del Partido Social Liberal (PSL), acuchillado por otro lunático en Juiz de Fora.

    La encuesta Datafolha del lunes 10 ya apuntaba un crecimiento ínfimo de sus intenciones de voto tras el carnaval que hicieron, como revela el aumento del candidato fascista. Bolsonaro pasó de 22 al 24% en las intenciones de voto, apenas dos puntos; y su rechazo aumentó de 39% al 43%.

    El viernes 14, tras el sondeo de Vox Populi que confiere a Fernando Haddad (el candidato del expresidente Luiz Inacio Lula da Dilva) el 22% de la intención de votos, ahora líder en la disputa presidencial, seguido por Jair Bolsonaro con 18%, Ciro Gomes con 10%, Marina Silva con 5% y Geraldo Alkmin con 4%, respectivamente. Los votos en blanco y nulos suman 21%.

    Y de nada sirvió esta vez el intento de las Organizaciones Globo. Una interferencia descarada, como siempre lo hicieron. Basta comparar el tono y el tiempo de la cobertura del ataque a Bolsonaro con los tiros dados contra la caravana de Lula. A los 8 segundos destinados al candidato fascista en la propagando electoral, se sumaron horas de cobertura de la Rede Globo.

    Además, hasta ahora João Roberto Marinho, vicepresidente del Grupo Globo, no se manifestó sobre la notícia del encuentro con Bolsonaro, el único que lo negó fue Merval Pereira. Y ni mencionar los centenares de repeticiones que hace la red –tratando de imponer imaginarios colectivos-de la situación de Lula: “preso, condenado a 12 años y nueve meses”, en la apertura de cualquier programa de radio y televisión del grupo Globo.

    El tiempo de la disputa y de la exposición de los candidatos disminuyó, a causa de la reforma electoral: en compensación, la presencia de los candidatos en los vehículos privados de comunicación aumentó, sobre todo en los informativos de la emisora, y posiblemente de otros medios también.

    El hecho es que con menor tiempo de propaganda electoral, la discusión programática es cada vez menor.

    Las entrevistas de la Rede Globo parecen verdaderos tiroteos. Sus periodistas visten el papel de inquisidores. No hay espacio para el debate, apenas para las acusaciones. Prueba de ellos es la cantidad de preguntas idiotas y el tiempo que nuestros candidatos progresistas y de izquierda, necesitan perder para justificar porqué son de izquierda. Y después dicen que somos nosotros los ideológicos.

    La cobertura de la Rede Globo de la salvajada cometida contra el candidato Bolsonaro y a forma como vienen conduciendo las elecciones corrobora lo que repetimos desde hace mucho tiempo: la buena hija, en casa vuelve y abraza sus raíces.

    Es cuestión de ADN, autoritaria y fascista: Globo siempre siempre hizo mucho más política y control social que comunicación. Acusa al Partido de los Trabajadores de pretender controlar los medios, pero es ella que promueve el control de la comunicación brasileña, de la mano de su monopolio.

    Sus armas siempre fueron la política rastrera de la difamación pública, de la demonización, de la negación de los derechos constitucionales como la presunción de inocencia. Es un aparato eficiente en la creación y diseminación del odio al PT y a la izquierda en general y por eso no sorprende en nada ver a las Organizaciones Globo apoyar a alguien capaz de poner armas en las manos de un niño.

    De decir que “el gran error de la dictadura fue no matar vagabundos y canallas como Fernando Henrique” (Cardoso, el expresidente), de gritarle “no te estupro porque no lo mereces” a la diputada federal Maria do Rosário; de considerar que “la Policía Militar debía haber matado mil y no 111 presos” en la masacre de Carandiru; que “mujer debe ganar salario menor porque se embaraza”, completó luego señalando que cuando vuelve de la licencia maternal, la mujer “va a tener un mes de vacaciones, o sea, trabajó cinco meses en un año”.

    No se puede perder de vista que el gran objetivo de las Organizaciones Globo fue alcanzado: la destrucción de la credibilidad de la política ante la opinión pública. Eso, sumado a la deshidratación de los “tucanos” (del PMDB) que siempre abrigó la derecha, permitió que Bolsonaro abriera las puertas del infierno. Un infierno, digamos de paso, que parece haberse vocado contra él.

    Su estado de salud, hoy, es muy grave. Bolsonaro fue sometido a una nueva intervención quirúrgica, con potencial para retirarlo de la disputa. Su campaña viene siendo alimentada por los boletines desde el Hospital Albert Einstein. Sobre el autor del atentado, confinado en los confines de Judas, no hubo una sola palabra más.

    En cuanto a eso, el asesinato de Celso Daniel, ocurrido hace más de 16 años, rinde hasta ahora la producción de incontables reportajes, entrevistas, tentativas de reapertura de las investigaciones….

    El fuertísimo editorial de Le Monde francés del fin de semana (“Brasil, el naufragio de una nación” habla por sí sólo: “la campaña presidencial corre el riesgo de radicalizarse en un país que parece haber perdido el control de su destino”; “algunos hablan de suicidio de una nación. Parece que sí”; “la campaña presidencial ya era violenta. Se teme una radicalización aún mayor”, lamenta uno de los principales diarios del mundo.

    El catedrático portugués Boaventura de Souza Santos, en entrevista a la Deustsche Welle Brasil, fue categórico: “los demonios del populismo, de la acción antidemocrática – sea por el fascismo o por la repuesta al mismo- está por tener un lugar que ya no pensábamos que era posible en Brasil”. No hay otra salida, las fuerzas de la izquierda necesitan unirse para impedir la victoria de Bolsonaro. De preferencia, para derrotarlo en la primera vuelta.

    Además, es espantoso el comportamiento del Tribunal Superior Electoral (TSE) que permite tamaña frivolidad. Están mucho más preocupados en impedir el retorno de Lula. No sólo impidieron la candidatura del expresidente, desoyendo la decisión de las Naciones Unidas, así como prohibieron la utilización del slogan “Eu sou Lula”, exigiendo la definición del PT sobre la candidatura Haddad.

    No olvidamos que Dilma fue sacada del gobierno, según Globo y los golpistas, porque a “población” así lo quería; diputados y senadores llenaban sus bocas para decir que el impeachment (juicio político) era una exigencia de los brasileños. Ministros del Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes e Fux corroboraron la idea de que cuando un presidente pierde el apoyo del Congreso y de la población es mejor quitarlo.

    Pues bien… En el caso de Temer, olvidaron aquello que afirmaban. En el caso de Lula, mucho más que olvidaron, hicieron que la opinión publicada prevaleciera sobre la pública. Es en este contexto que se dan las elecciones en este 2018. Felizmente, la cuchillada a Bolsonaro no hirió a la democracia, ella salió revigorizada. Fueron contrariados los intereses de Globo, de los militares, de la elite nacional que corre serio riesgo de perder su quinta elección.

    Quedó probado que la cuchillada a Bolsonaro hirió mucho más al fascismo que a la democracia. Una de las estrategias fascistas es crear adversarios. El nazismo eligió a judíos y comunistas, en 1964 los militares brasileños crearon la amenaza comunista. Ahora el “peligro” es la izquierda.

    Es el fascismo que está en unidad de terapia intensiva ahora, como demuestra el liderazgo de Haddad en el muestreo de Vox Populi del último jueves, dos días después de ser oficializada su candidatura en Curitiba. En su carta, Lula pidió “de corazón” a los que votarían por él que “voten al compañero Fernando Haddad”.

    Recordó, también, que al prohibir su candidatura, los tribunales “prohibieron al pueblo brasileño votar libremente para cambiar la triste realidad de Brasil!”. Ante ello, afirmó que “estoy notificando al PT y a la coalición la sustitución de mi candidatura por la del Fernando Haddad, que desempeñó con extrema lealtad la posición de vice”.

    Haddad, en su primer discurso como candidato oficial, recordó las conquistas de los gobiernos petistas y dio línea a la militancia de izquierda y progresista; ahora es hora de “salir a las calles con la cabeza erguida y de ganar esta elección. No vamos a desistir de este país, sobre todo después de conocer el Brasil que funcionó bien”, señaló.

    ***
    Abogado, editor, director de Carta Maior

    https://www.nodal.am/2018/09/brasil-la-cuchillada-que-hirio-al-fascismo-por-joaquim-ernesto-palhares/

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    PAÍS NÁUFRAGO

    Mié, 19/09/2018 - 20:52



    Por Raúl Lemos   ***

    En la Argentina se vive sin el calor y la mancomunidad de un presente previsible y un futuro esperanzado, sostiene Raúl Lemos, y agrega que en nuestra sociedad la precariedad del náufrago es la regla que subyace condicionando cualquier otra.

    “Los tiempos cambiaron” fue la explicación de tribunales.

    El derecho y la justicia, la verdadera, están en cuestión. Un torturador, violador y desaparecedor de personas puede esperar en su casa el estado firme de la sentencia que lo condena y luego muy probablemente continuarla allí por tener más de 70 años.

    O un ex presidente con condena firme por la venta ilegal de armas que incluyó la voladura de una ciudad con muertos, decenas de heridos y de casa destruidas, ser condenado a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación, volver a presentarse a elecciones y parapetarse detrás de sus fueros. Pero un ex vicepresidente, no. En un juicio muy cuestionado y dudoso, en que lo relevante fueron los testigos y los arrepentidos y no se pudieron probar relaciones claves que se le adjudicaban para poder cometer el delito, le dan 5 años y 10 meses, casi la máxima pena, e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Y por si la saña no se advirtiera, y aún no firme su condena, la detención inmediata. Estas crueldades, y otras que se apilan como la de Milagro Sala, son huellas muy profundas de un rastro que nos conduce a una realidad paralela que siempre estuvo ahí y ahora reaparece e irrumpe feroz, esta vez con la excusa del “cambio de los tiempos” ya bautizado con la sigla en inglés “lawfare”.

    Pero esto viene de lejos. La primera violación de la legalidad institucional de la Argentina fue en 1930 cuando la presidía Hipólito Yrigoyen y validada ipso facto por la Corte Suprema de Justicia para seguir sentada en su lugar, cuando lo debido, honroso y digno hubiera sido el desconocimiento de la interrupción y la renuncia eventual de sus miembros. El mojón siguiente en esa escalada gradualmente inédita de la historia, fue el bombardeo contra civiles en Plaza de Mayo por la Armada en 1955 y un año más tarde los fusilamientos de José León Suárez. Veinte años después, con el golpe del 76 se abrieron las puertas al horror y la barbarie de torturar y matar en masa desde el Estado.

    En el 30, en los 50 y en los 70 el Estado éramos todos. Y ya en este presente exacerbado por enésima, abierto nuevamente al odio y la irracionalidad revanchista, instrumentados con uno de los tres poderes, el Judicial, el Estado  seguimos siendo nosotros. Un Estado es una unidad con una población, un territorio y un gobierno.

    La Argentina no va a tener paz ni estabilidad consistente así como no la consiguen las vidas atribuladas por pasados traumáticos que se arrastran por no poder procesar los sucesos más con racionalidad que emotividad. No es un problema de la política y ni siquiera exclusivo de las familias que detentan el poder real en la Argentina, cuya responsabilidad es primaria y mayúscula. Sus antecesores comenzaron a darle forma más acabada allá lejos con la Conquista al Desierto en 1876, y son parte decisiva de la cuestión pero no suficientes para perpetuarla. Tampoco es una maldición ni un imponderable de la historia. Es perfectamente explicable si queremos ver lo que miramos y escuchar lo que oímos. Tampoco lo traduce la grieta con la misma transparencia que lo grafica. Es un nudo, una posición cerrada, irreductible, infantil, que se disfraza con mil trajes para resistir. El principal, con carácter estructural, viene con una batería de gestos y ademanes: la apariencia de seriedad junto con la creencia de que esa emulación es serlo en serio.

    Y en honor a la seriedad, lo que acaba de suceder con el ex Vicepresidente de la República no lo es en lo más mínimo e indispensable. Y sí atroz y espantoso para la libertad.

    En la Argentina, se vive sin el calor y la mancomunidad de un presente previsible y un futuro esperanzado. Se sobrevive con la carencia en el alma y el corazón en la boca; se sobrevive. La idiosincrasia es la del náufrago, presto para conseguir lo que sea del modo que sea, porque lo que cuenta es la necesidad, casi terminal, de cubrir una falta de algo, aunque más no sea simbólica. No importa si es ropa para reemplazar arapos o la “colección” de invierno del año pasado. O comida para nutrir un cuerpo famélico o una reserva en un comedero de categoría. Todo está hecho con la avidez y la latencia, se confirme o no, que conseguirlo es un triunfo porque sacamos una ventaja. Y el objeto que la entraña representa un dios y debe ser adorado. Estamos dispuestos a tomar atajos y sortear obstáculos e impedimentos, a veces a cualquier precio y si alguna vez nos toca estar del lado del aventajado en lugar del ventajero no pataleamos, porque sabemos que mañana nos va a tocar a nosotros estar en esa ventanilla para reclamar nuestra parte del botín. Pues en una sociedad así estructurada, bajo las formas patrimoniales brillan ocultas las del botín como arcones de piratas en cuevas; los más suculentos y repletos en el exterior… Hasta un viaje es un botín que exige ser selfiado para el disfrute pueril.

    Si no, no luce.

    Hasta los hijos revistan en el inventario de las cosas apropiadas y quizá por eso estén disponibles para ser devorados con fruición cuando la “patria” lo requiera. Más que el futuro parecen un medio para el presente. Cuando en nombre de su porvenir se emprende la búsqueda del tesoro y se daña uno de los más preciados que es el afecto. También para facilitarle la tarea a sus padres de no animarse a vivir sus vidas y colgarse de las de sus vástagos proyectándoles frustraciones por mandatos invisibles pero eficientes en idiotizar y proliferar la chatura: esta es la “seguridad” resultante de la psique de la avidez.

    En este lodazal suborganizado que es la sociedad argentina, la provisoriedad y la precariedad del náufrago es la regla que subyace condicionando cualquier otra. En él ninguna hecatombe puede ser superior al drama particular, no colectivo, de sentirse condenado a ser un menesteroso de todas las cosas. Recién cuando explotan los bolsones de carencias y las aspas tensas cortan urgidas los aires de los cielos se toma consciencia abrupta de quienes somos, del lugar que tenemos y de lo que nos ha estado sucediendo.

    Es como si los conquistadores nunca hubieran terminado de llegar, porque nunca vinieron para quedarse. Solo para llevarse algo o trajinar en sucesión transitoria e interminable. Y así transcurren las vidas. En un deambular simbólico perenne que no arraiga en nada. Como si este lugar, el territorio de nuestro Estado, no fuera uno definitivo y definitorio de nuestro destino y por ello no merezca el esfuerzo o la pena de ser cuidado. Un nomadismo del alma que no puede asentarse y mirar la vida desde ese afuera y reconocerse dentro de este adentro. Irse a Europa o EEUU parece más una fantasía de pertenencia a esos lugares que una pausa, pero sin poder imaginar las vidas organizadas y laboriosas de los proyectos comunes acabados y hechos nación que envidian, como factibles en su propio suelo. Se ahorra en verdes y el hall de Ezeiza presenta escenas nerviosas de changarines de mudanza excitados y extenuados con sus módicos botines traídos del exterior.

    Es que, eso otro, la admirada perfección de aquellas comunidades, requiere de una decisión trascendente, no gratuita ni exenta de sacrificios, de acometerlo como conjunto, y no como colonos.

    La discusión por el aborto, y en el lugar en donde se expresa el pueblo por excelencia, coloca blanco sobre negro como ninguna otra cuestión la contradicción dentro de la sociedad que esquematiza la vapuleada grieta. No es casual que sean las mujeres quienes estén en una posición expectante para catalizar esa energía y reciclarla en algo útil para todos. En ese desafío se juega la vida un nuevo modelo de sociedad, sin el que la muerte del patriarcado sería solo una ilusión. Y porque traen la impronta y la frescura de los proyectos colectivos, y la agitada experiencia de una lucha hasta ahora no visibilizada con esta intensidad, a un suelo en el que siempre está todo por hacerse.

    *** Miembro fundador e integrante de la Mesa Provincial del Partido Solidaridad e Igualdad

    https://lateclaenerevista.com/2018/08/14/pais-naufrago-por-raul-lemos/

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    MENORES PALESTINOS, VERDADERAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

    Mié, 19/09/2018 - 20:46

    Por Carmen Arroyo    ***

    Más de 700 adolescentes fueron detenidos en Cisjordania por fuerzas militares israelíes entre 2012 y 2017, 72 por ciento de los cuales sufrieron violencia física durante su arresto, denunció la organización Defense for Children International Palestine (DCIP)

    Más de 700 menores palestinos de Cisjordania fueron detenidos por fuerzas israelíes entre 2012 y 2017, 72 por ciento de los cuales soportaron violencia física, según la organización Defense for Children International Palestine. Crédito: UNICEF/El Baba.

     

    Con la liberación de la joven Ahed Tamimi a fines de julio, saltó a la primera planta de los medios internacionales las constantes detenciones que sufren niñas y niños palestinos; 727 menores de edad fueron detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes, indicó DCIP. “Los malos tratos a menores palestinos es una práctica generalizada, sistemática e institucionalizada en todo el sistema de detención militar israelí”, precisó Brad Parker, abogado de DCIP.

    Julio fue un mes accidentado para Palestina.
    Por un lado, el Estado observador de la Organización de las Naciones Unidas, fue elegido para encabezar al Grupo de los 77 (G-77) países en desarrollo, lo que significó un respaldo a Palestina y llevó al aumento de las tensiones con Israel.

    El G77 es el mayor grupo de países dentro de la ONU, con 135 países; y Palestina, en tanto que líder del mismo, se dirigió a la Asamblea General, aunque asumirá formalmente en enero de 2019, sustituyendo a Egipto.

    Por otro lado, a los pocos días, la activista de 17 años Tamimi fue liberada tras ocho meses en una cárcel de Israel. Fue detenida tras golpear a un soldado israelí a la entrada de su pueblo, Nabi Saleh, en Cisjordania. El hecho quedó registrado en vídeo y dio la vuelta al mundo.

    “La detención, la persecución, el acuerdo de culpabilidad y la condena de Ahed en el sistema judicial militar de Israel no es excepcional, sino que ilustra los malos tratos generalizados, sistemáticos e institucionalizados que sufren menores palestinos a manos de fuerzas israelíes y la negación de un juicio justo son inherentes al sistema de detención militar de Israel”, explicó Parker, refiriéndose al caso de Tamimi. “Ahora que la liberaron, la atención probablemente decaiga, pero ya puso de relieve, y lo seguirá haciendo, la difícil situación de los cientos de menores palestinos detenidos que permanecen en prisión y procesados por el sistema de justicia militar de Israel”, añadió.

    La detención de menores palestinos se volvió común y la legitimidad de los métodos para procesarlos es bastante cuestionable.

    Según DCIP, de los 727 niñas y niños palestinos procesados, 700 no tienen a ninguno de sus padres ni representante legal durante los interrogatorios.

    Además, 117 menores pasaron más de 10 días en régimen de aislamiento. Parker considera que “los malos tratos contra menores palestinos detenidos por las fuerzas israelíes es uno de los mayores problemas en materia de derechos humanos planteados por la comunidad internacional”.

    Con el nuevo lugar destacado de Palestina en la ONU, el Estado observador puede llegar a concentrar la atención internacional hacia ese asunto, aunque algunos especialistas son escépticos y no creen que vaya a ocurrir. “El G77 está frenado pues los países que otrora fueron incondicionales en la lucha contra el colonialismo, como India, ahora están dubitativos. Tienen que hacerse cargo”, opinó Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental para la Investigación Social

    Al ser consultado sobre el papel de las instituciones y el sistema internacional, como la ONU para frenar el abuso de menores palestinos en Cisjordania, Prashad fue categórico respecto de que deben tomarse más medidas.

    “La ONU debe ser más enérgica. Una cosa es declarar los asentamientos ilegales y otra, no hacer nada al respecto”, subrayó. “Es necesario que los países que aborrecen esa política de colonización tomen más medidas; hagan una denuncia más contundente y (promuevan) más políticas severas contra el gobierno israelí”, reclamó

    Parker también instó a las autoridades israelíes a que se hagan responsables. “A pesar de la participación sostenida de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y de los reiterados llamados para terminar con las detenciones nocturnas y los malos tratos y torturas de menores palestinos detenidos, las autoridades israelíes no han logrado implementar cambios prácticos para frenar la violencia ni garantizar el derecho al debido proceso y a un juicio justo”, explicó Parker “Las reformas implementadas por las autoridades castrenses tienden a ser cosméticas en naturaleza, más que sustantivas, apuntando a la violencia física y la tortura por las fuerzas policiales y militares de Israel”, respondió Parker.

    La comunidad internacional ha asumido una posición como, por ejemplo, declaraciones e informes de diferentes agencias de la ONU y el actual proyecto de Estados Unidos sobre los derechos de menores palestinos detenidos, “Ley para Promover los Derechos Humanos y terminar con la Detención Militar de Niños Palestinos”

    Pero para Parker, no es suficiente porque Israel rompe los acuerdos legales internacionales. “Independiente de la culpabilidad o inocencia o de la gravedad del presunto delito, los estándares internacionales en materia de justicia de menores, que Israel está obligado a implementar al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1991, demandan que a los niños solo hay que privarlos de libertad como último recurso, no deben ser detenidos de forma arbitraria ni ilegal y no deben ser sometidos a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ni a castigos”, precisó Parker.

    “La política israelí ha estado plagada de ilegalidad mucho antes de que (Donald) Trump fuera presidente (de Estados Unidos.)”, comentó, refiriéndose a la reubicación de la embajada de ese país de Tel Aviv a Jerusalén. “Se intensificó, por cierto, pero es la misma política estadounidense de apaciguamiento de las ambiciones de Israel”, apuntó.

    En cambio, Parker sí notó cambios. “Las masivas manifestaciones, marchas y enfrentamientos en toda Cisjordania tras la decisión de Trump de reconocer públicamente a Jerusalén como capital de Israel, en diciembre, coincide con un aumento en el número de menores palestinos detenidos”, observó Parker. “La impunidad sistemática es la norma en lo que a la ocupación militar de más de 50 años de Palestina respecta; por lo que reclamar justicia y responsabilidad, y por último, lo que se necesita es terminar con la ocupación para frenar las violaciones de derechos humanos de los niños”, añadió.


    Traducción:
    Verónica Firme

    http://www.ipsnoticias.net/2018/08/menores-palestinos-verdaderas-victimas-del-conflicto/

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    URUGUAY: COALICIÓN POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA Y ASOPROD RECLAMAN AL PODER EJECUTIVO Y AL PARLAMENTO NOMBRAR A INTEGRANTES DEL CONSEJO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

    Mié, 19/09/2018 - 10:59




    La Coalición por una Comunicación Democrática y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod), expresan su preocupación debido a que la Asamblea General del Poder Legislativo aún no designó a los cuatro integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA).

    El CCA es el organismo encargado de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), ley aprobada hace casi cuatro años y casi sin aplicación hasta el momento. El organismo está integrado por cinco personas, cuatro de ellas deben ser nombradas por el Poder Legislativo y la quinta, que preside el organismo, por la Presidencia de la República.

    Según la LSCA, los cuatro integrantes electos por el Parlamento deben ser designados por una mayoría especial de dos tercios de la Asamblea General.

    En la sesión de la Asamblea General del 6 de junio de este año, no hubo acuerdo y la reunión se debió levantar por falta de quórum.

    Ante esta falta de entendimiento, la Asamblea General no puede volver a reunirse por este tema hasta que los partidos políticos lleguen a un acuerdo que permita, al menos, habilitar la sesión para luego discutir la votación de los nombres.

    Las organizaciones firmantes, que hemos impulsado esta ley, reclamamos al Poder Legislativo que cumpla con lo establecido en la norma, vuelva a sesionar y discuta sobre la integración del CCA. Asimismo, reclamamos que el Poder Ejecutivo designe, sin más dilación, al Presidente del organismo.

    ————–
    Coalición por una Comunicación Democrática

    http://www.infoycom.org.uy/

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    EL MENSAJE

    Lun, 17/09/2018 - 21:19

    Por Red de Comunicadores del MERCOSUR  ***

    La lucha de los docentes de la localidad bonaerense de Moreno, enfrenta el aparato mediático que ampara al gobierno de María Eugenia Vidal y sus compinches radicales. Nada es lo que parece en el secuestro y tortura de una docente. Las claves.  
    1-    El Gobierno Nacional y María Eugenia Vidal vienen desarrollando desde el principio de sus gestiones una estrategia para desacreditar a los gremios docentes con un sinnúmero de acusaciones, ninguneos, y tergiversaciones y a sus principales dirigentes, en particular la figura de Roberto Baradel.

    2-    Esta campaña tuvo, entre otros objetivos, generar un escenario hostil en la población hacia los referentes sindicales al momento de tratar las paritarias, el Fondo de Incentivo, reclamos sobre infraestructura, supresión de áreas y programas, etc.

    3-    Es un dato comprobable que hay numerosas escuelas cerradas en por lo menos tres distritos en el conurbano por problemas de logística y que las raciones alimentarias son cada vez más paupérrimas. Es decir, no se invierte y se recorta aún en lo más esencial como la comida en la Provincia de Buenos Aires.

    4-    Otros componentes informativos duros: la inflación, los aumentos tarifarios, las exigencias del FMI generan un contexto de enorme conflictividad. En ese marco Mauricio Macri declaró: “…porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a todos ustedes”. Sin  especificar destinatarios, temas o situaciones, dejó una frase donde el Poder te aclara lo que puede llegar a hacer con cada uno de nosotros.

    5-    Secuestran una maestra con la metodología de los grupos de tareas de la última Dictadura Militar. Y le dicen “…la próxima va en serio” y le escriben en el vientre: “Ollas No”. El mensaje es claro, pero la direccionalidad es lo más perverso. La olla no es solamente un recipiente de preparar la comida en este caso, implica un determinado nivel de organización, bien de base, allí donde murieron dos docentes, allí donde los chicos no tiene que comer, y en un territorio que expresa cabalmente lo que es el Conurbano profundo. Le están diciendo a los trabajadores y a los pobres: “si se organizan, mueren”.

    6-    ¿Podemos encontrar algún hilo conductor entre los puntos 4 y 5? ¿Qué implica eso?

    7-    Es necesario valorar el rol de los medios comunitarios, de muchos periodistas y del trabajo en las redes (tan criticado y con razón a veces) que permitió que la noticia no quedara encapsulada en el barrio donde sucedieron los hechos.

    RED DE COMUNICADORES DEL MERCOSUR

     

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    SOCIALIZANDO SABERES Y EXPERIENCIAS

    Lun, 17/09/2018 - 21:18

    por Red de Comunicadores del MERCOSUR   ***

    Desde el martes 11 al sábado 15 de septiembre, el compañero Julio Moyano de Radio El Libertador de Posadas (Misiones), estuvo en la ciudad de Santa Fe, compartiendo saberes, contenidos y prácticas con numerosas radios y experiencias comunitarias de la propia capital de la Provincia y del Departamento La Capital.

    Junto a los compañeros/as de la Red alli y el colectivo Grita Solidaria se visitaron emisoras, organizaciones comunitarias y educativas de Barrancas, Desvío Arijón y Rincón, como así también de los barrios Santa Rosa de Lima, Villa del Parque, Alto Verde y El Pozo.

    El intercambio de contenidos, temas técnicos, producción de programas, el rol de la comunicación popular fueron elementos abordados de una u otra manera en todos los lugares.

    El fortalecimiento de las redes y la formación de comunicadores es una prioridad que hemos mantenido desde 2011 en que nacimos como colectivo en Argentina y en países de la región y seguimos transitando ese camino.

    RED DE COMUNICADORES DEL MERCOSUR

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    5 GRUPOS CONCENTRAN RADIO Y TV EN GUATEMALA BENEFICIADOS POR CONTRATOS DE PUBLICIDAD ESTATAL

    Lun, 17/09/2018 - 20:53

    por OBSERVACOM   ***

    Cinco grupos familiares concentran las frecuencias de radio y TV en Guatemala de acuerdo con la investigación de “Laberintos de Poder”, difundida por Plaza Pública.

    Estos grupos son Albavisión, del mexicano Ángel González; Emisoras Unidas, de la familia Archila; Alius, de la familia Liu; Nuevo Mundo, del empresario Miguel Alfredo González Gamarra; y Radio Corporación Nacional (RCN), de la familia Alcázar Solís.

    De todos ellos, Albavisión concentra el 46,6% de las frecuencias de televisión (213 de 457) y acapara el 33% del mercado. También domina el mercado radial en FM con el 15.9% de las frecuencias, seguido por Grupo Emisoras Unidas (10,6%), Grupo Nuevo Mundo (5,4%), Grupo Alius (3,8%) y Grupo RCN (3,2%).

    De acuerdo con la investigación, los distintos grupos han obtenido y acumulado sus frecuencias de radio y TV en  base a las relaciones con la clase política, por cobertura informativa favorable a cambio de contratos de publicidad oficial.

    Como publicamos previamente en OBSERVACOM, el “Fantasma” Ángel González está involucrado en un escándalo de corrupción por cooptación del Estado al financiar ilícitamente la campaña presidencial de Otto Pérez Molina en 2011 y recibir US$ 27 millones de publicidad oficial. La investigación fue llevada adelante por el Ministerio Público junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y se dio a conocer en 2016.

    Además, el empresario está acusado de obtener frecuencias televisivas de modo irregular. Según una investigación realizada por la Contraloría General de Cuentas hubo irregularidades en la adjudicación de frecuencias porque para varios expedientes se utilizó la misma documentación y su adjudicación se hizo sin concurso público. Adicionalmente, mientras que la tarifa para la prórroga posterior de esas mismas concesiones había sido fijada en US$ 42 mil, el empresario pagó US$ 11 mil.

    Luego de Albavisión, el segundo grupo más importante del país es Emisoras Unidas, que cuenta con dos diarios gratuitos, 46 radios, empresas publicitarias y un canal de TV. Pero en el caso de la TV, son los grupos religiosos los que secundan el dominio de “El Fantasma”. La Iglesia Ministerio de Motivación Cristina (pastor Luis Fernando Solares) el grupo del pastor Job Eliú Castillo Zan, con las entidades Fundación Enlace y Audio Video de Guatemala S.A. acumulan en conjunto el 18,38% de las frecuencias televisivas.


    https://mailchi.mp/observacom/5-grupos-concentran-radio-y-tv-en-guatemala-beneficiados-por-contratos-de-publicidad-estatal?e=8b47f2a3b5

    Categorías: Noticias regionales

    EXCLUSIÓN DE LULA CONDENA A BRASIL A OTRO GOBIERNO DÉBIL

    Lun, 17/09/2018 - 20:48


    Por  Mario Osava   ***

    Brasil está condenado a tener otro gobierno de baja legitimidad y una justicia cuestionada, ante la exclusión del candidato favorito a la presidencia, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de octubre.

    Fernando Haddad, el previsible candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), saluda a militantes a su llegada a Fortaleza, capital del estado de Ceará, en la región del Nordeste de Brasil, que aseguraría su triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. Crédito: Ricardo Stuckert/Fotos Públicas


    “Sin Lula no vale. Me gustaría votar por él, quien mejoró nuestra vida, pero la Justicia impide lo que el pueblo quiere”
    , lamentó Maria do Socorro Goveia, por teléfono desde el Asentamiento Acauã, en Aparecida, municipio del nororiental estado de Paraíba.

    La campesina de 56 años que preside la Asociación de los Agricultores local rechaza la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), que vetó la candidatura de Lula en la madrugada del 1 de septiembre, al final de una sesión de 11 horas.

    De los siete jueces, solo uno, Edson Fachin, admitió a Lula “el derecho de ser candidato, aun estando preso”, en acatamiento de un fallo preventivo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, anunciado el 17 de agosto.

    El expresidente (2003-2011) debe tener sus derechos políticos preservados hasta que se agoten todos los recursos en el proceso judicial que lo llevó a la cárcel, según el Comité, un órgano de 18 peritos independientes que monitorean el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Brasil en 1992.

    Pero se trata de una medida de un órgano “administrativo”, no una sentencia judicial, por lo tanto no tiene efecto vinculante, arguyeron los seis jueces de la corte electoral. Además es provisional, adoptada por solo dos peritos y sin oír el gobierno brasileño, señaló Luis Roberto Barroso, relator del caso en el TSE.

    Lula, a los 72 años, resulta inelegible según la Ley de la “Ficha Limpia”, que él mismo sancionó en 2010 y que prohíbe la candidatura de condenados en segunda instancia, en procesos penales.

    El expresidente y líder máximo del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) está preso desde abril en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, tras una condena por corrupción y lavado de dinero confirmada por un tribunal de apelación.

    Pero para el PT y sus seguidores la condena y todo el proceso contra Lula son consecuencia de una “persecución política”, incluso por parte de sectores judiciales.


    La imagen de Jair Bolsonaro, el excapitan de extrema derecha, domina la convención del Partido Social Liberal, en que se oficializó su candidatura a la presidencia de Brasil. Crédito: EBC


    “Lula es un preso político, por detrás de la Justicia están empresas y el agronegocio”
    que presionaron por su condena judicial para evitar su vuelta a la presidencia del país, sostuvo Goveia, reflejando una opinión generalizada en la región del Nordeste brasileño, donde el expresidente cuenta con apoyo masivo.

    “Ya no se siente más hambre y miseria por acá después de su gobierno”,
    justificó la activista de la reforma agraria para explicar la fidelidad de la población local a Lula, pese a su condena por corrupción.

    Cinco meses de detención ampliaron, en lugar de reducir, la popularidad de líder del PT.

    Según encuestas de agosto, Lula alcanzó entre 37 y 39 por ciento de las intenciones de voto a nivel nacional, el doble de quien aparece en segundo lugar, Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército, de 63 años, candidato de extrema derecha que defiende la dictadura militar (1964-1985) e incluso a sus torturadores.

    Esa preferencia refleja una división territorial. Más de mitad de los entrevistados manifestaron su apoyo mayoritario a Lula en los nueve estados del Nordeste, pero el respaldo cae a cerca de 25 por ciento en el Sur, región de mayoría conservadora.

    En cualquier caso, esos votos del Nordeste probablemente asegurarán al previsible sustituto de Lula en los comicios, Fernando Haddad, hasta ahora oficialmente candidato a la vicepresidencia, pasar a la segunda vuelta.

    El desafío del PT será transferirle el apoyo lulista, antes de los comicios del 7 de octubre.

    Haddad, abogado de 55 años, fue ministro de Educación (2005-2012) y alcalde de São Paulo (2013-2016), pero no logró su reelección en los comicios municipales de 2016 en que el PT sufrió duras pérdidas, tras los escándalos de corrupción que involucraron a Lula y otros dirigentes del partido.

    “Lula seguramente ganaría las elecciones, sin él todo es incógnita”
    , evaluó Soraya Félix da Silva, 32 años, bióloga y profesora de escuelas públicas en Manaos, capital del estado de Amazonas.

    “No votaría por él, debido a la corrupción y por ser contra las reelecciones, que impiden la renovación política”
    , anticipó, pero reconociendo que su ausencia podrá “restar legitimidad al nuevo presidente que tendrá muchas dificultades para gobernar, al no tener fuerzas para recuperar la economía en crisis”, comentó a IPS desde su ciudad.


    Participantes en la Marcha Nacional Lula Libre se manifiestan en Brasilia, delante del Tribunal Superior Electoral para defender la candidatura a la presidencia del encarcelado Luiz Inácio Lula da Silva. La madrugada del 1 de septiembre ese tribunal prohibió esa posibilidad para el favorito de los comicios, según las encuestas. Crédito: Alessandro Dantas/Fotos Públicas


    “No tenemos informaciones suficientes. Lula tiene su culpa, pero queda la impresión de que maniobraron para impedir la candidatura de Lula, acelerando su condena y encarcelamiento, mientras otros acusados de corrupción están libres
    ”, acotó.

    Francy Adames, secretaria empresarial de 26 años, tiene una opinión distinta. “No creo que deslegitima las elecciones” la impugnación de la candidatura de Lula por el TSE, afirmó a IPS desde Realeza, una pequeña ciudad del sureño estado de Paraná.

    “Ya es una vergüenza que tengamos un ex presidente preso, más vergonzoso seria tenerlo como candidato y peor aún su triunfo en las elecciones”,
    opinó Adames, una electora de Bolsonaro, al considerar que “solo él tiene capacidad para restablecer el orden en Brasil”.

    “El país llegó a una situación que necesita una autoridad más rígida”,
    dijo, refiriéndose principalmente a la seguridad pública. “Fui asaltada varias veces en Río de Janeiro, donde viví cinco años, dos veces a punta de pistola, incluso por un niño de ocho años”, ejemplificó.

    Contra esa violencia criminal, Adames defiende, tal como hace Bolsonaro, el derecho de todos a poseer armas.

    “Dicen que los pobres no podrán comprarlas, pero no queremos que todos tengan armas, sí que más gente las tenga para inhibir el bandido, por una mayor posibilidad de que la víctima esté armada”,
    arguyó.

    Adames no cree en cambio que las urnas electrónicas, usadas en Brasil desde 1996, favorezcan el fraude, tal como propalan los llamados “bolsonaristas”, aupando el rumor de que el voto con máquinas no es seguro y pueden facilitar el fraude en contra de su candidato en las próximas elecciones.

    Esa creencia también contribuye a debilitar a los ganadores y alimentar conflictos impulsados por los perdedores.

    El 7 de octubre se elegirán presidente y vicepresidente, gobernadores de los 27 estados y parlamentares a nivel nacional y estadal. Tres semanas después habrá segunda vuelta para los jefes del Poder Ejecutivo donde ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos.

    La tendencia es que el candidato del PT, previsiblemente Haddad, y Bolsonaro pasen a la segunda vuelta presidencial, con probable triunfo del primero, ante el mayor rechazo al excapitán, por temor a sus manifestaciones a favor de la dictadura y el poder militar.

    El candidato a vicepresidente en su fórmula es Hamilton Mourão, un general de Ejército retirado.

    Ambos militares son postulados por partidos minúsculos, respectivamente el Partido Social Liberal (PSL) y el Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), el primero con apenas ocho diputados en un total de 513 y el segundo sin representación alguna.

    En cualquier caso, el nuevo presidente tomará posesión debilitado por un alto índice de rechazo.

    En el caso de Haddad, será un “nuevo poste (marioneta) de Lula”, según la expresión popular que también identificó a la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), destituida por el Congreso legislativo en agosto de 2016.

    Un gobierno con baja legitimidad, en medio de una divisora polarización política y una persistente crisis económica, iniciada en 2014, que obligará al próximo gobernante a medidas impopulares para contener el déficit fiscal, parece la receta para un nuevo desastre.

    Edición:
    Estrella Gutiérrez

    http://www.ipsnoticias.net/2018/09/exclusion-lula-condena-brasil-gobierno-debil/

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    BRASIL: LAS IZQUIERDAS Y LAS ELECCIONES DE LO DESCONOCIDO

    Lun, 17/09/2018 - 20:41


    Por Boaventura de Sousa Santos   ***

    Se están acelerando las urgencias típicas del inicio de un ciclo electoral que se prolongará entre finales de agosto y finales de octubre. Estas urgencias son particularmente desafiantes para las izquierdas brasileñas porque su principal candidato, de todos el mejor posicionado en las encuestas, está preso y puede llegar a ser considerado inelegible.

    Las irregularidades obvias del proceso Lula da Silva han tenido algunos efectos sorprendentes. La obsesión punitiva fue en este caso tan excesiva que el sistema judicial degradó su imagen y su legitimidad, tanto nacional como internacionalmente, a un nivel y con consecuencias que, por ahora, son difíciles de evaluar.

    A su vez, la imagen política y humana de Lula salió de esta hybris político-judicial fuertemente fortalecida y mejorada. Víctima de una flagrante injusticia y, para muchos, un preso político, Lula da Silva (tal vez el preso político más famoso del mundo) vio aumentar exponencialmente su crédito político y su popularidad entre las clases populares. Paulatinamente, los errores o desaciertos de los gobiernos del PT por él hegemonizados en el periodo 2003-2016 fueron siendo minimizados u olvidados (a lo que también contribuyó el agravamiento de la crisis y económica y la política de austeridad que entretanto recayó sobre las clases populares) y Lula da Silva se fue consolidando como el precandidato con diferencia mejor posicionado para ganar las próximas elecciones presidenciales. Ello a pesar de estar preso, no poder conceder entrevistas ni grabar videos y ser muy probablemente inelegible en los términos de la llamada ley Ficha Limpia.

    Si el objetivo político-judicial era destruir la imagen del expresidente, todo lleva a creer que la estrategia seguida por la élite conservadora falló y que incluso fue contraproducente. Sin embargo, ha alcanzado con éxito su objetivo principal: retirar a Lula da Silva de la próxima contienda electoral y hacerlo sin una alteración cualitativa del régimen político y sin niveles incontrolables de perturbación social. Aunque este objetivo podría haberse alcanzado tan solo parcialmente. En efecto, queda la duda sobre la influencia que el expresidente puede tener en la elección del próximo presidente de la República y en la gobernación del país en el próximo ciclo político.

    Más allá de este factor de imprevisibilidad, deben considerarse otros dos: el endurecimiento general del régimen político y las dificultades de construcción de hegemonía tanto a la derecha como a la izquierda.

    El endurecimiento general del régimen político
    En los últimos meses el régimen político se ha endurecido considerablemente. Ha aumentado la violencia política, de la que la manifestación más visible fue el asesinato de la diputada municipal Marielle Franco el 14 de marzo de este año. Además, han ocurrido otras ejecuciones de líderes políticos locales, ha aumentado la violencia contra líderes sociales, sobre todo en el medio rural, se ha acentuado el verdadero genocidio de jóvenes negros y pobres de las periferias urbanas, se ha decretado la intervención militar en el Estado de Río de Janeiro con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, se han perseguido judicialmente a profesores e investigadores con acusaciones sorprendentes contra los resultados de su investigación científica (por ejemplo, en el ámbito de los efectos dañinos para la salud pública derivados del uso irregular de agrotóxicos en la agricultura industrial).

    El golpe institucional que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, a la prisión a Lula da Silva y a la gestión global de la operación Lava Jato ha consolidado un régimen de excepción que, de forma similar a lo sucedido en otros países, parece ocurrir en una supuesta normalidad democrática. Sin cambiar cualitativamente, el régimen político ha acentuado sus rasgos reaccionarios y autoritarios, hasta el punto de que es plausible considerar a Lula da Silva un preso político a pesar de que esto ocurra en un régimen formalmente democrático. He defendido que la democracia brasileña, ya de por sí una democracia de baja intensidad, se ha transformado en una democracia de bajísima intensidad. Esto significa que el carácter socialmente excluyente y políticamente restrictivo de las libertades democráticas se ha acentuado en los últimos tiempos. Sin convertirse en un régimen dictatorial de tipo fascista, ha abierto espacio a fuerzas políticas neofascistas, fuerzas de extrema derecha que usan los instrumentos políticos que restan de la democracia para hacer apología de prácticas típicas de la dictadura (apología de la tortura, justificación de la violencia extrajudicial contra poblaciones pobres racializadas, retórica de violenta intolerancia contra líderes políticos de izquierda, etc.). La cara más visible de esta pulsión neofascista es Jair Bolsonaro, militar en la reserva, diputado federal. Después de Lula da Silva es el precandidato a presidente de la República mejor posicionado en las encuestas. Se trata de un populista de extrema derecha tan mal preparado para dirigir el país y tan improbable vencedor de las elecciones como lo era Donald Trump pocos meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2016.

    Otros rasgos del endurecimiento del régimen político se refieren al modo en que se ha acentuado el protagonismo del sistema judicial en detrimento del Legislativo y del Ejecutivo y a la consiguiente judicialización de la política. El Poder Judicial es hoy en Brasil el principal factor de la inseguridad jurídica que afecta a todos y sobre todo a las grandes mayorías que más necesitan un sistema judicial accesible y comprometido con los objetivos constitucionales de defensa de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Este endurecimiento no se puede explicar sin considerar el papel de la crisis económica, una crisis de rentabilidad del capital que impuso el fin de la política de conciliación de clases que los gobiernos del PT, y muy particularmente Lula da Silva, habían defendido y practicado (el llamado lulismo o «lulapetismo»).

    Las élites dominantes, con el apoyo activo del imperialismo estadounidense y del capital financiero global, estimularon (cuando no provocaron) la crisis financiera y política del Estado para imponer una versión más agresiva del capitalismo, socialmente más excluyente y más dependiente de la creación de poblaciones desechables, en la práctica, subhumanas, a través del recrudecimiento de la dominación colonialista (racismo, exterminio de jóvenes negros, colonialismo interno, violencia contra quienes luchan por la tierra y por el territorio, ya sean campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, poblaciones ribereñas y piscatorias) y de la dominación patriarcal (aumento de la violencia contra las mujeres, liquidación de las conquistas de los años más recientes por la igualdad y por el reconocimiento de la diferencia).

    Esta fue la condición impuesta por las élites nacional e internacionalmente dominantes para no recurrir a un régimen explícitamente dictatorial. Cabe señalar que el contexto en el que se produjeron los fascismos en Europa era muy distinto. En ese momento se trataba de contener un movimiento obrero muy militante y muy organizado o de neutralizar el «peligro» comunista. Las amenazas a la dominación capitalista se percibían entonces como portadoras de una dimensión existencial que hoy no tienen. Por el contrario, la dominación capitalista, colonial y patriarcal parece hoy temer menos que nunca posibles enemigos. Consiguió, al menos aparentemente, una hegemonía por vía de la cual el lema de las izquierdas de los años 1920 —«socialismo o barbarie»— se sustituyó por el lema «capitalismo o barbarie», al mismo tiempo que las barbaridades cometidas por el capitalismo se vuelven cada vez más evidentes y peligrosas, atentatorias del más elemental derecho humano, el derecho a la vida, por no hablar siquiera del derecho a una vida digna.

    Dificultades de construcción de hegemonía tanto a la derecha como a la izquierda
    Históricamente, las fuerzas políticas de derecha siempre mostraron más unidad en los momentos decisivos que las de izquierda. A menudo, ni siquiera tuvieron que preocuparse de detallar las condiciones de su unidad porque siempre contaron con un apoyo sorprendente para la conquista o el mantenimiento del poder político: la división entre las fuerzas de izquierda. Esta asimetría no deriva de una deformación intrínseca que impida a las izquierdas realizar diagnósticos correctos en los «momentos decisivos» y tener en cuenta las perspectivas a medio plazo en las urgencias de  autopreservación a corto plazo. Deriva más bien de otra asimetría  constitutiva de las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales en las que vivimos puesto que la opción (consensual) por el régimen político democrático dejó de poder contemplar la opción por un régimen económico alternativo al capitalismo, el socialismo. A partir de entonces, la derecha, cuando gobierna, detenta el poder político, económico y social, mientras que la izquierda, cuando gobierna, detenta el poder político, pero no el poder económico ni el poder social. Esta asimetría permite a la derecha tener, en general, más certezas en los «momentos decisivos», por ejemplo, la de mantener intacto el poder económico y social incluso cuando se ve obligada a perder el poder político. Por el contrario, las fuerzas de izquierda tienden a sobrestimar su poder cuando están en el gobierno (como si el poder político, por sí mismo, conllevase el poder económico y social) y a subestimarlo cuando están en la oposición (la pérdida del poder político se ve como una pérdida total e invita a refugiarse en estrategias aislacionistas de supervivencia partidaria). Este desequilibrio es factor de confusión y miopía oportunista en los momentos en los que la clarividencia de objetivos estratégicos jerarquizados sería más importante.

    En Brasil, esta asimetría es hoy más visible que nunca, aunque se deben tener presentes los antecedentes que llevaron al suicidio de Getúlio Vargas en 1954 y al golpe militar diez años después. En la crisis que se instauró tras las elecciones de 2014, la derecha estuvo siempre más unida que la izquierda. En el momento en el que, debido a la crisis internacional, tuvo claro que su poder económico estaba en peligro decidió que, para salvaguardarlo, era preciso reconquistar en pleno el poder político, es decir, poner fin a la política de alianzas con los gobiernos del Partido de los Trabajadores que había mantenido desde 2003.

    De ahí el golpe institucional que llevó al impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, a la prisión injusta de Lula da Silva y al desmantelamiento rápido y agresivo de las políticas más emblemáticas del periodo anterior. La facilidad con la que la derecha quitó de en medio al petismo muestra que el periodo anterior se asentó en un equívoco.

    Lo que para el PT era una política de conciliación de clases más o menos duradera, para la derecha era una mera política coyuntural de alianzas. El odio clasista y racista que se propagó de inmediato como gasolina ardiendo es prueba de ello.

    Pero también se hizo evidente que la unidad de las fuerzas de derecha era sobre todo una unidad negativa, es decir, una unidad para eliminar la presencia del petismo de la escena política. La unidad para construir una alternativa positiva (la configuración específica de las relaciones entre el poder político, el poder económico y el poder social) tendría que tener otro ritmo, el ritmo del ciclo electoral de 2018.

    Tomadas por sorpresa (lo que, en sí, ya es significativo), las fuerzas de izquierda tardaron cierto tiempo en reaccionar, sobre todo porque ya venían divididas en lo que respecta a la evaluación de las políticas y las prácticas de gobierno de los gobiernos petistas. Sin embargo, los «excesos» de la contrarreforma facilitaron la emergencia de una unidad entre las fuerzas de izquierda, de igual forma una unidad negativa: el consenso de repudio al ritual sacrificial del que fue víctima Lula da Silva y, en consecuencia, el consenso en la campaña «Lula Libre» y en la reivindicación de su derecho a ser candidato en el ciclo electoral de 2018.

    El ciclo electoral está entrando en su fase decisiva y las asimetrías anteriormente anotadas están, de nuevo, bien presentes. En lo que se refiere a la derecha, muchos analistas subrayan la falta de una unidad positiva patente en la ausencia de un candidato obvio para el liderazgo político del próximo periodo político. En mi opinión este análisis está equivocado.

    La aparente falta de unidad es una trampa bien urdida para garantizar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se juegue entre dos candidatos de derecha. En el momento en que esto ocurra, la derecha dejará bien claras sus opciones. A menos que las condiciones económicas internacionales se deterioren acentuadamente, optará por una política conservadora sistémica en detrimento de una política de ultraderecha con una pulsión antisistémica.

    Obviamente, no está garantizado que esta estrategia resulte plenamente. Las dinámicas de la política del resentimiento actualmente en vigor pueden liberar los demonios del populismo de extrema derecha. En cualquier caso, esta solución garantizará lo principal, la congruencia mínima entre el poder político democrático de bajísima intensidad y el poder económico y social de carácter particularmente excluyente y represivo.

    En lo que se refiere a las fuerzas de izquierda, a medida que se intensifica la lógica electoral, la falta de unidad positiva (para garantizar una alternativa política mínimamente de izquierda) se vuelve cada vez más patente. La lógica tacticista de supervivencia partidaria a corto plazo parece dominar y la paradoja más chocante para cualquier observador atento parece escapar a los líderes de los partidos:

    la paradoja de pregonar la unidad de las izquierdas en la segunda vuelta y, al mismo tiempo, hacer cualquier cosa para que no haya candidatos de izquierda en la segunda vuelta. En este ámbito, la responsabilidad del PT es particularmente fuerte por ser el principal partido de izquierda y tener como precandidato al político más aventajado en las encuestas, aunque esta precandidatura no pueda convertirse en candidatura. Las asimetrías entre izquierda y derecha que he señalado arriba son ahora particularmente dramáticas.

    Si es cierto lo que afirmé arriba —que lo que el PT vio como conciliación de clases era, para, la derecha, una mera alianza política coyuntural—, resulta particularmente incomprensible que se insista en políticas de alianza con las fuerzas de derecha que apoyaron el golpe institucional, cuando es evidente que ahora no hay ninguna condición para la conciliación de clases, ni siquiera como ilusión creíble. Es decir, las condiciones que permitieron al PT ser la izquierda hegemónica en el periodo anterior dejaron de existir. Por tanto, tendría sentido que la hegemonía se reconstruyese sin alianzas con la derecha y, por el contrario, con alianzas construidas horizontalmente con otras fuerzas de izquierda y centroizquierda. En cambio, impera el tacticismo de la supervivencia partidaria en el próximo ciclo político, aunque ello implique desperdiciar la oportunidad de elegir un presidente de la República que detenga el vértigo de la exclusión y la represión que se abate sobre las mayorías empobrecidas y racializadas. Sin embargo, esta posición es más compleja que el puro tacticismo. Constituye el núcleo de la identidad política que Lula da Silva forjó para el PT en las últimas décadas. El hecho de estar actualmente preso hace que Lula da Silva sea ahora más que nunca el garante de esa identidad. El poslulismo y el lulismo no pueden coexistir.

    De algún modo, el PT es rehén de Lula y Lula es rehén… de Lula.

    No obstante, cabe señalar que Lula da Silva es un líder con genio político.

    A partir de una celda está influenciando de manera decisiva la conducción de la política brasileña. No es fácil encontrar en la historia contemporánea otro líder carismático que logre ampliar su aceptación popular (subir de manera tan espectacular en las encuestas) a pesar de estar preso desde hace varios meses y tras sufrir una campaña de demonización mediática y judicial sin precedentes. Ciertamente dice mucho sobre Lula de Silva, pero también revela algunas complejidades insondables de la estructura social brasileña y del modo en el que el público recibe los mensajes mediáticos que se difunden.

    La apuesta de Lula da Silva es la más arriesgada de todas las que ha hecho hasta ahora.

    Consiste en permanecer en la disputa electoral el mayor tiempo posible y confiar en que, en caso de ser declarado inelegible, habrá una transferencia masiva de votos al candidato que él indique, ciertamente el candidato a vicepresidente en su chapa electoral, Fernando Haddad. Probablemente solo así se garantizará la presencia de un candidato de izquierda en la segunda vuelta. La hipótesis más segura para esto ocurriera habría sido un entendimiento entre Lula da Silva y Ciro Gomes (PDT),

    una hipótesis que se descartó (¿definitivamente?). Si la apuesta de Lula tiene éxito, la derecha tendrá que reevaluar la eficacia y los costes políticos del golpe institucional, ya que sin él tal vez asumiera el poder en estas elecciones de manera más segura y limpia. En caso de decidir no adulterar aún más el juego democrático, seguramente deberá invertir todo en agravar los costes políticos de la reversión de las leyes (la contrarreforma) que logró aprobar durante el interregno del golpe institucional. Si la apuesta de Lula falla y un candidato de derecha resulta elegido, las clases populares van a ver aún más agravadas sus condiciones de vida y con ello el genio político de Lula no podrá dejar de cuestionarse. Se seguirán intensas disputas en el seno del PT y probablemente algunas escisiones. Se abrirá entonces el periodo pos-Lula.

    A la luz de los acontecimientos, todo indica que, sobre la base del PT, no será posible, por ahora, pensar en una renovación de las fuerzas de izquierda a partir de una nueva política de construcción de hegemonía. Fuera de la izquierda hegemonizada por el PT, el PSOL está construyendo una alternativa junto com el movimiento Vamos, procedente del Frente Pueblo Sin Miedo, el MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), la APIB (Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil) y el Partido (PCB) Brasileño. Los candidatos a la presidencia de la República son Guilherme Boulos (presidente) y Sonia Guajajara (vicepresidenta). Esta candidatura apuesta por la renovación de las izquierdas con base en nuevas lógicas de alianza y articulación programática, con la excepción de alianzas con las fuerzas de derecha. Parece, pues, estar sacando las conclusiones correctas de todo lo sucedido en los últimos años. Sin embargo, debe ser cada vez más consciente de que tal renovación solo es pensable tras las elecciones de 2018 y su construcción es totalmente contingente, en la medida en que dependerá de los resultados electorales, por ahora imprevisibles, y de las consecuencias sociales que de ellos se deriven. En el plano de la contingencia, ciertamente debe estar incluida la posibilidad de la creación de un nuevo partido, un partido que sea también un partido de nuevo tipo, un partido-movimiento, construido internamente por mecanismos de democracia participativa para ser verdaderamente nuevo e innovador en el ámbito de la democracia representativa. En la base de ese partido estarán eventualmente movimientos y organizaciones sociales, así como los sectores más movimentistas del PSOL y los sectores de izquierda del PT y de otros partidos. Para que esta apuesta tenga sentido es necesario que el trabajo político de base de las fuerzas sociales y políticas de izquierda siga siendo posible en el próximo ciclo político. La ausencia de las amenazas al capitalismo que existían hace cien años parece indicar que se mantendrá el régimen democrático de bajísima intensidad. Sin embargo, debe considerarse una incógnita perturbadora.

    Al fin y al cabo, el fascismo y el neofascismo tienen razones que la razón desconoce.

    Boaventura de Sousa Santos es sociólogo. Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra. Sus últimos libros en español: Si Dios fuese un activista de los derechos humanos (Madrid, Trotta 2014) y, de próxima aparición, con Maria Paula Meneses, Epistemologías del Sur (Madrid, Akal).

    https://blogs.publico.es/espejos-extranos/2018/08/23/brasil-las-izquierdas-y-las-elecciones-de-lo-desconocido/

     

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    MIREMOS AL NORTE

    Sáb, 08/09/2018 - 18:59

     

    Por Nicolás Canosa   ***

    En el contexto de una ardua disputa geopolítica mundial, la coyuntura regional muestra un protagonismo de la persecución judicial a los principales liderazgos populares (Lula, Cristina, Correa, Mujica y militantes de espacios cercanos a cada uno de ellos), acompañada por el rol fundamental de los medios masivos de comunicación. En este artículo, observaremos que, en rigor, esta situación responde a un diseño estratégico norteamericano, evidenciado en los principales documentos de esta potencia, así como en las declaraciones de funcionarios de alto rango.

    (Nicolás Stulberg)


    I La disputa geopolítica mundial en la planificación norteamericana

    El documento “Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América” expresa los fundamentos políticos de la acción de esta potencia hacia cada región del mundo. En cada una de ellas, aparece un diagnóstico y las acciones prioritarias (políticas, económicas, militares y seguridad) que el país del Norte planifica desarrollar hacia cada espacio. [1]

    Haciendo una revisión integral del documento, lo que se destaca es la preocupación de Estados Unidos respecto al avance de China y Rusia como actores de peso que “modifican la balanza de poder”, lo cual implica “consecuencias globales y amenazas a los intereses de Estados Unidos”. No es excepción de ello el apartado dedicado al hemisferio occidental, el cual refiere a Nuestra América, en el que se evidencia la preocupación por la influencia de China “que busca poner a la región en su órbita a través de inversiones y préstamos” y Rusia, que continua con “sus fallidas políticas de la Guerra Fría” apoyando a Cuba. Ambos países, expresa el documento de la Administración Trump, sostienen al “dictador de Venezuela, buscando expandir sus vínculos militares y venta de armas alrededor de la región”.

    En las acciones prioritarias del ámbito de seguridad y militar referido a nuestro continente planifican:

    “Construiremos sobre esfuerzos locales y fomentaremos: a) las culturas de legalidad para reducir el crimen y la corrupción; b) Apoyar esfuerzos locales para profesionalizar la policía y otras fuerzas de seguridad; c) reforzar la autoridad de la ley y emprender reformas judiciales; d) mejorar la información compartida para apuntar a líderes corruptos y desbaratar el tráfico ilícito”.

    II El rol de Edward Prado, el nuevo embajador norteamericano en Argentina

    Orgánico al documento emitido en diciembre de 2017 que acabamos de revisar, el actual embajador de EEUU en Argentina, defendió su candidatura ante el Senado de su país afirmando que “Tuve la oportunidad de viajar a la Argentina en numerosas ocasiones. Di conferencias y participé de talleres en todo el país, e hice amigos dentro de la comunidad jurídica de Argentina (…) Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial”. [2] Asimismo, planteó que trataría de contribuir en la investigación de la muerte de Nisman.

    En el plano militar/seguridad el ex Juez Edward Prado sostuvo: “Estoy comprometido a ayudar a generar capacidad dentro de la policía de la Argentina para promover la seguridad en un aliado regional vital. Como hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial y personalmente, reservista retirado del Ejército, aprecio la importancia de una fuerza militar fuerte y nuestro compromiso con un mundo democrático libre de la amenaza del terrorismo. Nuestro apoyo a las fuerzas militares de Argentina debe continuar”.

    Respecto a la economía, manifestó: “También espero trabajar de cerca en cuestiones comerciales y económicas para aumentar las oportunidades para las empresas estadounidenses en Argentina”. Desde estas afirmaciones del embajador y las líneas de acción del documento mencionado cabe señalar la interrelación existente entre:

    a) La política de Defensa y Seguridad dirigida por Aguad y Bullrich respectivamente, de pleno alineamiento con el Comando Sur, la DEA y el Pentágono, mediante capacitaciones de las fuerzas, ejercicios conjuntos, compra de armamento y la posible instalación de bases militares en distintas partes de nuestro territorio. (Recomiendo el seguimiento de Martín Calero sobre esta cuestión en los informes del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior) [3].

    b)
    El rol y protagonismo del poder judicial, en concordancia con el poder mediático, como parte de un juego de dominación planificado por Estados Unidos, denominado como guerra jurídica o lawfare, mediante el cual se persigue y deslegitima a los liderazgos y militantes populares en la región y en particular en la Argentina.

    c) En relación a esto último, por otro andarivel, el avance de empresas norteamericanas sobre las empresas locales desprestigiadas por casos de corrupción investigados por el poder judicial, en función de la extranjerización de las mismas y/o el desplazamiento en obras asignadas a ellas, por ejemplo mediante el sistema de Participación Pública Privada (caso Odebrecht y actualmente a partir de la investigación en manos de Bonadío/Stornelli, desarrollada a partir de las fotocopias de unos supuestos cuadernos).

    No es casual que el conductor estratégico del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, dirigentes de Cambiemos, miembros de la Corte Suprema de Justicia y los jueces Bonadío y Stornelli hayan celebrado y brindado el 4 de julio junto a Prado en la Embajada. [4] Más aún, que desde el 2002 el embajador tiene vínculos fluidos con miembro del poder judicial en Argentina. En una nota publicada por Clarín se relata que “Prado ha cultivado una relación con jueces y fiscales de este país, junto a los cuales incluso compartió distintas disertaciones. Varias de ellas con el hoy ministro de Justicia Germán Garavano, y con reconocidos jueces federales como Julián Ercolini, o la propia jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco”. [5]

    III Volver a Monroe: la doctrina imperial permanente

    Simón Bolívar advirtió en 1829 en carta al Coronel Campbell que “los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”. En 1823, en el país del norte, se establecía la Doctrina Monroe, en la cual se afirmaba que “América debía ser de los americanos”. Bajo la presidencia de Monroe se construyó esta doctrina que respondía a la geopolítica del poder de comienzos de siglo XIX, donde se observaba un claro conflicto que perdurará por décadas entre los intereses de los Estados Unidos y los de las potencias europeas. La Doctrina Monroe establecía que en caso de que países europeos buscasen colonizar algún país de América, los Estados Unidos podrían tomarlo como una agresión e intervenir en consecuencia.

    No obstante, el sentido real que adquirió carácter permanente en relación a los países latinoamericanos, fue la búsqueda de someter e intervenir en función de los intereses económicos del capital norteamericano y en instalar gobiernos afines a los intereses geopolíticos imperiales. Rex Tillerson, ex Secretario de Estado de la presidencia de Donald Trump, visitó México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica en los primeros días de febrero de 2018. Antes de emprender el viaje, dio un discurso en la Universidad de Texas sobre la situación en América Latina. Allí afirmó que “en ocasiones nos hemos olvidado de la Doctrina Monroe y lo que significó para el hemisferio. Es tan relevante hoy como lo fue entonces”. [6]

    Las aseveraciones de Tillerson acerca de revitalizar la Doctrina Monroe están cargadas de historia, con claras muestras de las intenciones de reasegurarse el dominio de una región riquísima en recursos naturales claves como petróleo, litio, agua, entre tantas materias primas y alimentos que abundan en nuestra región. Desde nuestra óptica, los EEUU nunca se han olvidado de la Doctrina Monroe. El accionar de Obama-Clinton hacia la región es evidencia de ello (Golpe de Estado en Honduras, Paraguay, acecho integral a Venezuela, expansión de bases militares). De todos modos, no es casual que se la mencione con semejante énfasis en un momento de redivisión imperial, como describe Luis Vignolo a la coyuntura que estamos viviendo. [7] A nuestro criterio, esto obedece a que, en el inevitable replanteo de su papel en la política y economía mundial, la mantención del dominio de lo que ellos consideran su “patio trasero” adquiere un valor estratégico para afrontar el avance chino y ruso y el cada vez mayor peso geopolítico de la región euroasiática en general, que contempla a los dos gigantes mencionados, como a India, Pakistán y Corea del Norte, que cuentan con armamento nuclear.

    IV “Si me pasa algo, miren hacia el norte”


    En septiembre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner, desnudando las “novelas” mediáticas que el Grupo Clarín realiza hace más de 20 años en relación a la presencia de grupos terroristas islámicos en la Triple Frontera, dijo: “si me pasa algo, y lo digo muy en serio, que nadie mire hacia el oriente, miren al Norte”. [8]

    A partir de los puntos de acción prioritaria de EEUU hacia América Latina y el Caribe, se comprende con mayor claridad la elaboración del plan regional de persecución judicial y la consecuente ausencia de Estado de Derecho.

    El discurso mencionado en el que afirmó que había que mirar al norte, se enmarcó en el avance de los Fondos Buitres y el Juez Griessa. También afirmó allí una cuestión que cobra relevancia para comprender la ofensiva mediática-judicial y del gobierno a la principal opositora que tiene el actual gobierno conducido por el Fondo Monetario Internacional. “Saben que soy la última barrera infranqueable para que vuelvan a endeudar al país o para que se caiga la reestructuración de la deuda o para que se haga cualquier cosa con los trabajadores”.

    Para ir cerrando. Quienes nos sentimos herederos, pertenecientes y portadores del pensamiento nacional y latinoamericano no podemos dejar de recordar las palabras de Perón en La hora de los pueblos, libro publicado desde el exilio, donde sostenía que: “La integración continental de la América Latina es indispensable: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, pero esa integración ha de ser obra de nuestros países, sin intervenciones extrañas de ninguna clase (…) es indudable que el imperialismo yanqui se opone solapadamente a la integración latinoamericana, porque su política ha sido siempre la de separar para reinar”.

    Asimismo, Perón sostenía que el núcleo básico de aglutinación para la integración latinoamericana consiste en la alianza entre Argentina y Brasil. Estos dos países se desprendieron del Fondo Monetario Internacional de manera conjunta y coordinada a finales de 2005. Mediante el “consenso de Buenos Aires”, Lula y Kirchner, redimensionaron el rol del Mercosur. En 2005, con la presencia de Hugo Chávez, este organismo regional rechazó al Área de Libre Comercio de las Américas propuesta por Estados Unidos. “Brasil y Argentina unidos han de ser el jalón de una nueva marcha, de paz y de concordia constructora del trabajo y de la dignidad de esta América, que es de todos”, afirmaba Perón en un discurso de 1948.

    En este sentido, será crucial lo que ocurra en las elecciones de octubre en Brasil, así como en Argentina en 2019. Desde este marco, tampoco es casual que Lula Da Silva esté preso y el Tribunal Electoral proscriba la candidatura de quien cuenta con un 40% de intención de voto, según sondeos de diversas procedencias, afines y contrarias. Tampoco lo es que Cristina Fernández de Kirchner sea objeto de la ignominia oligárquica, con allanamientos fuera de toda legalidad y con la gravedad del envenenamiento en su vivienda, que tienen por fin desplazar de la escena política y proscribir a la principal referente de la oposición del gobierno neocolonial de Mauricio Macri.

    Fuentes:


    [1] Recuperado de: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf.

    [2] Recuperado de: https://ar.usembassy.gov/es/declaracion-del-juez-edward-c-prado-ante-el-comite-de-relaciones-exteriores-del-senado/

    [3] Ver: https://ocipex.wordpress.com/2018/07/02/reconfiguracion-del-rol-de-las-fuerzas-armadas-y-ayuda-humanitaria-norteamericana/

    [4] Recuperado de: https://www.clarin.com/politica/22-fotos-fiesta-julio-embajada-unidos_0_rkvTJjKzm.html

    [5] Recuperado de: https://www.clarin.com/politica/ministro-jueces-fiscales-nacionales-amigos-embajador-donald-trump-nombro-argentina_0_B1PEjwCEz.html

    [6] Recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/mundo/al-iniciar-gira-por-latinoamerica-tillerson-reivindica-la-doctrina-monroe

    [7] Recuperado de: http://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/cat-internacional/108-redivision-imperial-balanza-de-poder-y-no-aliniemiento

    [8] Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-256539-2014-10-01.html

    *** Lic. en Sociología (UBA). Director de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Nuestroamericano Chávez Kirchner (CENACK-Peronismo Militante). Integrante de la comisión de integración regional y asuntos internacionales del Instituto Patria.

    ·http://motoreconomico.com.ar/opinion/miremos-al-norte

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    LA MAYORÍA DE LOS ARGENTINOS OPINA A CONTRAMANO DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO

    Sáb, 08/09/2018 - 17:16

    Por ämbito Financiero   ***

    El 51% cree que hay que anular el acuerdo con el FMI para volver a crecer. Más del 60% está de acuerdo en aplicar retenciones al campo, un impuesto que Macri se resistió a subir. Además, votan a favor de limitar importaciones, fijar más controles de precios y retrotraer tarifas.

    Una reciente encuesta de Analogías reveló que la mayoría de los argentinos cree más conveniente cancelar el acuerdo con el FMI, imponer retenciones al campo, limitar la entrada de productos extranjeros, fijar controles de precios a los alimentos y retrotraer las tarifas de energía y servicios públicos a valores de 2016.

    El decálogo de políticas “populistas” resultó de un estudio realizado con entrevistas telefónicas a 2.766 personas de todo el país, diferenciadas por sexo, edad, nivel educativo y lugar de residencia. En situación de “emergencia”, parece que el Gobierno tomó nota de los veredictos y las necesidades y adoptó como propias algunas medidas a las que antes se oponía.

    “La política económica aparece como el talón de Aquiles de la gestión del Gobierno nacional, con respuestas mayoritarias que se ubican en contra de los lineamientos establecidos por la gestión macrista, especialmente en lo que refiere a ajuste fiscal, y más proclives a aplicar políticas expansivas en materia fiscal y de salarios y de mayores controles sobre los precios”, destacó el informe al que accedió ámbito.com.

    El análisis determinó que más de la mitad de los argentinos considera que el Gobierno debería “romper” con el FMI para que la economía vuelva a crecer. El rechazo aumenta del 51,9% al 60,9% entre los más jóvenes. Un 27% confía en la prosperidad que pueda arrojar el acuerdo con el organismo y un 20% no sabe qué es mejor, si mantenerlo o darlo de baja.

    Un dato esclarecedor del masivo repudio al Fondo surge de las opiniones que dieron los seguidores de Mauricio Macri. “La respuesta en contra del acuerdo no sólo es mayoritaria entre los opositores, sino que también recoge grados de adhesión considerables en adherentes a Cambiemos”, sostuvo el trabajo de la consultora. En números, los macristas que no quieren aceptar los condicionamientos del FMI superan el 43%.

    Otra de las medidas puestas en consideración fueron las retenciones al campo. “Pese a que el Gobierno ha exhibido una fuerte reticencia a frenar el cronograma de su reducción, las retenciones a las exportaciones agrícolas resultan una política que genera adhesión entre los argentinos: más del 60% se mostró de acuerdo con su implementación“, aseguró Analogías.

    En el marco del lanzamiento de un plan de ajuste, la semana pasada el jefe de Estado lamentó el aumento de las retenciones y pidió un “esfuerzo mayor” a los que exportan. “Sabemos que es un impuesto malísimo, que va en contra de lo que queremos, pero es una emergencia y necesitamos de su aporte”, les dijo.

    Al desmenuzar las opiniones sobre la decisión de incrementar los derechos de exportación, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano muestran mayores niveles de adhesión (70%), mientras que los habitantes del Interior lo retacean: solo respaldan la medida entre 40% y 55%, según la región.

    Si se analizan las respuesta según las preferencias políticas, trasciende que la retención a los granos es una medida “especialmente” apoyada entre quienes afirman haber votado a Unidad Ciudadana y a la izquierda en los últimos comicios legislativos, aunque también recoge la adhesión mayoritaria de los que eligieron a Cambiemos.

    La apertura a las importaciones también fue un tema abordado en la encuesta. ¿Qué opina usted sobre cerrar el ingreso de importaciones de productos que se fabrican en la Argentina?, preguntaron. El 50,8% respondió que está de acuerdo, el 28,2% en desacuerdo y el 21% no sabe.

    “La voluntad del Gobierno de mostrar una mayor apertura hacia el comercio exterior también choca contra las preferencias de los argentinos en materia de política económica, más volcadas a la protección de los productores nacionales”, remarcó el estudio privado.

    Al momento de interrogar sobre los controles de precios para contener la inflación, el grueso de los consultados se mostró a favor. “Un 80,5% se muestra de acuerdo con establecer controles a los precios de los alimentos”, reveló Analogías. “En particular, la percepción es compartida tanto por quienes poseen imagen positiva como negativa de Mauricio Macri, de modo tal que incluso el propio electorado oficialista resulta proclive a políticas de intervención más directa en el control de la inflación”, agregó.

    Desde en diciembre de 2015 la gestión de Cambiemos se mostró en contra de la “intervención” estatal en el mercado y siempre optó por desregular la economía, aunque ahora se incline por lo contrario, con el relanzamiento de Precios Cuidados, por ejemplo. “El ideario del Gobierno en materia de política económica vuelve a encontrar otro punto de choque con las preferencias mayoritarias de la ciudadanía en lo que refiere a las estrategias de control de precios y políticas contra la inflación”, concluyó.

    En un altísimo porcentaje además los argentinos se manifestaron a favor de retrotraer las tarifas de energía y servicios públicos al 2016. Casi 70% respondió que está de acuerdo con esta medida.

    http://www.ambito.com/933067-la-mayoria-de-los-argentinos-opina-a-contramano-de-las-políticas-economicas-del-gobierno

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    SE APROBÓ PROYECTO PARA PRIMER DEBATE DE LA REFORMA DE LEY DE COMUNICACIONES EN ECUADOR: MAYOR RECONOCIMIENTO A MEDIOS COMUNITARIOS Y NO INCLUYE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA PEDIDA POR EMPRESARIOS

    Sáb, 08/09/2018 - 17:08



    Por OBSERVACOM   ****

    Con 7 votos a favor y 3 abstenciones, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Comunicaciones (LOC).
     
    Con propuestas de reforma a 66 artículos y 21 nuevas disposiciones, el proyecto final mantiene o incorpora varios artículos importantes para el sector comunitario. Entre ellos, mantiene la reserva de espectro ya reconocida en la LOC. De este modo, los legisladores se hicieron eco de las recomendaciones del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, quien había sugerido mantener la reserva del 34% del espectro para este sector.

    El documento establece que los concursos entre medios comunitarios y comerciales deben ser diferenciados y  que no pueden competir por la misma frecuencia “a efectos de que se genere una justa competencia”, “excepto en los sitios que existan saturación del espectro radioeléctrico” (artículo 110). En este caso, se explicitan las  acciones afirmativas para el sector comunitario ya incluidas en la ley: “Para promover la equidad en los participantes en los concursos de frecuencias, a los medios de comunicación comunitarios se les reconocerá un puntaje equivalente al 25% de la puntuación total establecida en el correspondiente concurso”.

    Además, como parte de las políticas públicas que el Estado deberá implementar y que sean “necesarias para la creación y el fortalecimiento del ecosistema de medios comunitarios” se crearía un “fondo permanente de fomento a proyectos de medios comunitarios” así como serían acciones afirmativas la aprobación de, “créditos preferentes para la conformación de medios comunitarios y la compra de equipos”; “exenciones de impuestos para la importación de equipos” para medios impresos, así como de estaciones de radio y televisión comunitarias; “acceso a capacitación para la gestión comunicativa, administrativa y técnica para la investigación y producción de contenidos con enfoque intercultural y de género”,  según el artículo 86 del proyecto.

    El artículo 95 del proyecto de ley prevé que los medios comunitarios reciban al menos el 20% de i la publicidad y propaganda oficial de cada institución pública, mientras que se definen como “medios de comunicación sin fines de lucro de propiedad o administración de los movimientos y organizaciones sociales, colectivos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, mediante los cuales ejercen el derecho a la comunicación democrática”.

    La iniciativa aprobada en la Comisión de Derechos Colectivos no incluyó la propuesta de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), que había solicitado que se estableciera la renovación automática de las concesiones que ya habían caducado. Por el contrario, en el proyecto que pasará a primer debate, se mantiene la previsión que determina que cuando caducan las concesiones,  deberán realizarse concursos abiertos y públicos (art. 107).

    En el plano institucional, la novedad que trae el proyecto es que modifica la integración del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (CORDICOM) El proyecto aumenta la cantidad de integrantes de 5 a 7, e incluye ahora a representantes de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los pueblos afroecuatorianos y de las organizaciones de pueblos montubios. A su vez participarán con voz pero sin voto un delegado de los gremios de trabajadores de la comunicación; un delegado por los medios de comunicación públicos; un delegado por los medios de comunicación comunitarios; un delegado por los medios de comunicación privados; un delegado de las organizaciones sociales reconocidas por CORDICOM; y un representante de organizaciones ciudadanas relacionadas a la promoción de la cultura.

    Siguiendo amplios acuerdos evidenciados durante el debate, la iniciativa elimina la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERCOM), así como las figuras de linchamiento mediático, de la comunicación como servicio público -en cambio se plantea reconocer la comunicación como derecho humano-, entre otros.


    https://mailchi.mp/observacom/se-aprob-proyecto-para-primer-debate-de-la-reforma-de-ley-de-comunicaciones-en-ecuador-mayor-reconocimiento-a-medios-comunitarios?e=8b47f2a3b5

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    EL DISCURSO

    Sáb, 08/09/2018 - 17:01


    Por Horacio González   ***

    Con un discurso, solo un discurso, mostró la superioridad política y moral que el momento le reclamaba. El país se encamina al cegamiento de sus fuentes de justicia, se deterioran las nociones básicas del derecho, se impone el “Bonadio-prinzip”.


    Imagen: Noticias Argentinas

    Decisiones arbitrarias emanadas del propio Poder Judicial, en complicidad con sus dobles fantasmáticas –los grandes medios de comunicación–, están desfachatadamente entregadas a la irresponsable tarea de demoler los cimientos de la República por la que tantas veces dijeron que se empeñaban. ¡Al punto de que la habían convertido en una tierna muñequita! Lo que menos puede decirse ahora es que están teniendo muñeca para demoler el andamiaje restante de un país democrático y autosustentado. Están en peligro las fuentes primordiales del soporte convivencial de la Argentina. Este mismo nombre está en riesgo, porque ya no es pleno, es apenas lo que queda, un resto de dignidad de la que aun podemos agarrarnos. Cuando los cuerpos son golpeados, todavía subsiste la palabra, que suele entonces adquirir los matices de un llamado, tanto más efectivo porque agónico.

    Un discurso, el de Cristina, puso de relieve ese abismo ante el que estamos. Ante un Senado cabizbajo, en muchos casos, y en otros, jactancioso de sus culpas y cobardías. Como en los grandes momentos de peligro (de las libertades, de los correctos procedimientos de la Justicia, de las medidas económicas que no sean el compendio del favoritismo hacia los poderosos de siempre) hubo entonces un discurso. Una recusación al presente, un develamiento de las fuerzas oprobiosas que gobiernan, un examen irónico y efectivo del modo en que se componen imágenes, o se dejan aflorar chorreras de fraseologías de calculada violencia. Era necesario, porque en una situación de cierre de la racionalidad democrática, sustituida por el denuesto y la promoción de personajes que condensan con sus flanes caseros el odio prefabricado en los suburbios más oscuros de la conciencia, alguien tenía que hablar.

    En otros momentos de la historia de este desdichado país, lo hicieron un Lisandro de la Torre, un Moisés Lebensohn, un Leandro Alem, un Palacios, un del Valle Ibarlucea o, permítanme recordarlo, un Cooke. No importan las diferencias de tiempo, estilo o ideología.

    Importa que aun contamos con voces que heredan otras voces, que en una situación de adversidad, no se han dejado humillar. La humillación está basada en un ataque enfundado en el celofán de las pseudonormas, pero preparadas para la ocasión, donde el blanco es una vida, el propósito es desmontar con vituperios sistemáticos una biografía y agitar las supuestas bagatelas de una militancia que todavía resiste. Y más allá de eso, descascarar con el oxímoron de una venganza judicial, el despliegue complejo de una historia, y desviarla como las grandes tecnologías tuercen el curso de los grandes ríos.

    El discurso puede ser visto, a veces, como un efluvio de palabras que no tienen la fuerza de un procedimiento sobre la maciza y dura piedra de lo real. Pero no es así. Un discurso sostenido en el espeso enrejado de la historia, un discurso ante el mismo abismo, un discurso con un hilo interno de tragedia, un discurso que aún así no pierde la áspera dignidad del sarcasmo, un discurso dicho ante varias caricaturas sombrías que se mueven nerviosas en sus sillones, ante los perros olfateadores, ante las comisiones policiales de criminalística –son los nuevos filósofos del Régimen, como decía Yrigoyen–, un discurso como el que escuchamos de la ex presidenta –y lo digo aun para los que en el pasado o en este arduo presente puedan no estar de acuerdo con ella– es la piedra de toque de una indispensable recomposición política in extremis. Lo que nos permita salir del turbio compromiso con las caligrafías surgidas de dudosos submundos, encuadernados de rabias de clase. Los planificadores de la infamia abandonaron la macroeconomía. Total, ya entregaron diques, satélites y territorios.

    Hurgan ahora dormitorios y living-comedores. Piensan desde actos de judicialización a hierro y fuego. Pero leen revistas de decoración del hogar. A ver, debajo de la cama, a ver, estos cajoncitos del baño. La imagen de un shampoo en todos los televisores a las 7 de la tarde puede servir.

    ¿No ven que chorrea corrupción?

    https://www.pagina12.com.ar/137378-el-discurso

     

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    Periodista, analista geopolítico
    Director Contenidos de ASIATV

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